La sentencia no se limitó a rechazar el amparo por haberse cumplido todas las exigencias legales en materia de instrucción de un proceso criminal. Fue más allá. Sostiene que la encargatoria de reo está plenamente justificada, ya que los hechos “importan las figuras punibles de secuestros calificados y homicidio calificado y que, además, de esos mismos antecedentes aparecen presunciones fundadas que incriminan provisionalmente para los fines del sumario criminal al imputado Augusto Pinochet Ugarte”. Por lo mismo, el fallo de la Corte Suprema -aprobado con los votos de los ministros Alberto Chaigneau, Milton Juica y Jaime Rodríguez Espoz y la votación en contra de Enrique Cury y Nibaldo Segura- tiene una significación especial. Despeja el camino para los numerosos procesos abiertos que lo implican. Incluyendo la eventual declaración de Pinochet ante la jueza argentina María Servini de Cubría en torno al asesinato del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército, y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en Buenos Aires en 1974.

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Y también Pinochet debería declarar en el proceso por las cuentas en el Banco Riggs. El ministro Sergio Muñoz, según se sabe, ha detectado diversos delitos, algunos de tipo tributario por no declaración de bienes y evasión de impuestos y otros que pueden llegar hasta la falsificación de instrumento público que, a la vez, pudiera configurar un delito federal ante tribunales de Estados Unidos. Este fallo se produce casi cinco años después del procesamiento del ex dictador por su responsabilidad criminal en la Caravana de la Muerte, del cual fue sobreseído por una supuesta demencia subcortical leve que le impedía actuar en juicio. En este período, Pinochet ha demostrado que ese diagnóstico fue erróneo o simplemente constituyó un ardid para librarlo de la justicia. Concedió una entrevista (pagada) a la televisión de Miami en la que hizo extensas declaraciones sobre su gobierno, su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y asuntos políticos. En el mismo período, realizó complejas operaciones bancarias y se dio maña para manejar cuantiosos fondos en el Banco Riggs, que hasta este momento ascienden a más de 16 millones de dólares. Participó también en actividades públicas, en conversaciones y reuniones sociales y hace pocos días realizó una visita de dos horas a su oficina particular, para estudiar papeles y llevarse documentación a su casa de campo de Los Boldos.

Con todo, la lucha judicial no ha terminado. Los reductos pinochetistas en la Corte Suprema y otros tribunales se jugarán por salvar al ex dictador. Lo propio harán los llamados “poderes fácticos”, entre ellos el ejército, como han evidenciado recientes actuaciones del general Juan Emilio Cheyre. Sin embargo, lo logrado hasta ahora es muy importante y constituye objetivamente un gran triunfo de la justicia.

El fallo contra Pinochet tiene importante significado ético, político e histórico. Se produce solamente algunas semanas después de conocido el informe Valech que reveló la aplicación sistemática de la tortura -con características brutales y aberrantes- a miles de ciudadanos. Pinochet es el máximo responsable y ahora, aunque no se le juzgue por eso, también debe ser responsabilizado política y moralmente por esos crímenes. Políticamente ha concluido el derrumbe de su figura pública, que hoy se reduce a sus verdaderas proporciones. La traición, el crimen, el disimulo constante, la crueldad y la codicia aparecen como rasgos distintivos de un individuo mediocre que no tuvo escrúpulos para acrecentar su poder, con apoyo incondicional de la derecha, las FF.AA. y los grandes empresarios para imponer un modelo socioeconómico de explotación y lucro basado en la represión.

La derecha abandona aceleradamente a Pinochet, porque visualiza que sus posibilidades de supervivencia política están en función directa de la distancia que ponga entre sus partidos y el ex dictador. Se plantea también una renovación de los elementos que históricamente la han dirigido, pringados por los crímenes y robos de la dictadura. Jovino Novoa, Sergio Diez, Sergio Fernández, Sergio Romero, Alberto Cardemil y su padrino Sergio Onofre Jarpa son indigeribles para la opinión pública. En el ejército, las veleidades de Pinochet le restan apoyo. Especialmente, por su cobardía al abandonar a sus subalternos y no asumir las responsabilidades del mando. Pero tal vez, más que eso, lo que pesa entre los militares son las realidades indesmentibles del enriquecimiento ilícito, la corrupción y el robo de Pinochet. Nada queda del Pinochet soberbio que empezó a deshacerse en Londres en medio de su inocultable cobardía y chatura moral. El golpe de la Corte Suprema se convertirá en el epitafio vergonzante que merece el ex dictador