De ahí que resulte necesario volcar la mirada hacia lo que viene sucediendo principalmente en el Chocó, departamento que hoy se debate entre la pobreza y la riqueza. Paradójico es el panorama, si tenemos en cuenta que para los nativos de esta parte del país la primera pareciera y debiera ser una constante en su forma de vida; mientras que para los inversionistas y dueños del gran capital, es la oportunidad para hacerse a grandes territorios y las mejores oportunidades que ofrecen zonas estratégicas como el bajo y medio atrato chocoano -área fundamental del denominado Chocó Biogeográfico-.

Lo anterior está necesariamente ligado a otros dos factores que de una u otra manera tienen que ver con el desarrollo de estas comunidades: Por un lado, la fuerte influencia de la guerrilla y el paramilitarismo, actores en permanente disputa por los territorios de los grupos étnicos, especialmente en aquellas zonas donde existe un alto interés para el desarrollo de macroproyectos económicos como la construcción del canal Atrato-Truándo y los grandes cultivos de palma de aceite. El segundo aspecto es la poca presencia del Estado, que pese a las constantes denuncias que vienen haciendo las organizaciones afrocolombianas y organismos como la Procuraduría General y la Defensoría, no tiene la capacidad de proteger y garantizar la vida e integridad de las personas que históricamente han habitado estos territorios. Se desconocen así los planes de acción suscritos entre el Gobierno y estas comunidades para atender sus demandas y problemáticas.

Es en razón de este panorama sombrío que merece una especial atención lo que viene sucediendo en Curbaradó y Jiguamiandó. Ahí ha surgido un conflicto entre colonos, grupos alzados en armas y nuevos habitantes del repoblamiento: los primeros porque se respete su derecho ancestral y colectivo como comunidades propietarias de títulos otorgados por la nueva por la Constitución de 1991 – particularmente en la Ley 70-, los segundos por el predominio y hegemonía del territorio y los últimos por la conquista de grandes extensiones de tierra que vienen siendo explotadas en monocultivos de carácter ilícito, producción aceitera y de combustibles.

Ante este panorama es pertinente reevaluar el verdadero alcance del marco normativo que sustenta los derechos de los afrocolombiananos con relación a la verdadera tenencia de la tierra. Estas poblaciones viven hoy debatiéndose entre muerte y desplazamiento; evidenciando así que a pesar de existir una legislación especial para la protección de la identidad cultural y garantizar el territorio de los afrodescendientes del bajo Atrato, la realidad es que están siendo constantemente asediadas y sometidas a la voluntad caprichosa de agentes externos; sea por medio de la presión de las armas o por la “colonización del capital agroindustrial”. Ambos, a toda costa buscan apropiarse de los territorios, desconociendo los procesos de concertación que se deben dar con estos pobladores y con un agravante que tiene que ver con la permisividad de algunas entidades responsables de ayudar a solucionar los problemas.

Con todo esto, toma aún más importancia lo que vienen denunciado las organizaciones afro, organismos de control y ONGs de Derechos Humanos sobre la necesidad de que exista una mayor presencia del Estado en estas poblaciones. Y no sólo eso, también que se les garantice la supervivencia como pueblo, y se hagn respetar los derechos de la población con acciones decididas del gobierno para la sostenibilidad y el desarrollo integral. Estas exigencias ya se han venido reclamando y aún se encuentran en mora, al igual que el derecho a una justa y real reivindicación étnica de las comunidades afrochocanas

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