¿Desde cuando el patrimonio Cultural ha sido materia de un interés tan persistente como para desplazar temas candentes como el Código Da Vinci e incluso competir en interés con un Mundial de Fútbol?

Para entender la curiosa irrupción de este fenómeno mediático hay que remontarse necesariamente a la historia: Durante la segunda década del siglo XX el ilustre educador Agustín Nieto Caballero, fundador del Gimnasio Moderno, encargó al joven arquitecto colombiano Pablo de la Cruz, recién egresado de la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile, el diseño de su casa en un predio ubicado para entonces a las afueras de la ciudad de Bogotá. La edificación se inspiraba en las villas diseñadas por Andrea Palladio durante el siglo XVI en las campiñas del Véneto y cuyo modelo se había retomado y diseminado en el siglo XIX por Europa como expresión de la burguesía liberal.

Esta edificación denominada Villa Adelaida en honor a la esposa de Don Agustín, inscrita en el paisaje sabanero, emulaba las características urbanísticas y arquitectónicas de su modelo europeo: su geometría se ciñó a los preceptos característicos del academicismo francés, en cuyas proporciones- requisitos indispensables para diseñar una edificación de la época- algunos analistas amantes de lo antiguo han sugerido un origen esotérico de la edad media. Su prolija ornamentación fue elaborada por el artista suizo - italiano Luigi Ramelli, el mismo ornamentador que se ocupó de otras obras notables como el Teatro Colón de Bogotá. Sus motivos románicos y góticos presentes en el inmueble han sugerido la existencia de una relación simbólica con la francmasonería y por extensión con los templarios de la edad media.

En esta época la unidad de estilo no era un propósito ni el ornamento era un delito, sino que por el contrario era un rasgo de erudición en el cual la coincidencia estilística de diferentes periodos históricos, tanto en las edificaciones como en el mobiliario y la ornamentación, constituían un sello de distinción que enaltecía a los propietarios de una residencia burguesa. La casa, además de contar con un amplio repertorio formal que se mezclaba sin prejuicio alguno, tenía, entre otros espacios representativos, una estupenda biblioteca adornada con medallones en altorrelieve de pensadores de la antigüedad grecolatina y renacentista.

La familia Nieto Cano ocupó Villa Adelaida hasta la década de los treinta (ver imágen 3), cuando circunstancias de índole económica obligaron a venderla a la familia Camacho, quienes cambiaron su nombre a Villa Viola y la ocuparon hasta la década de los setenta en que se hizo célebre por ser el epicentro de fiestas imbuidas por el espíritu frenético de la sicodelia de la época.

En el año 1972, después de una peculiar remodelación, se estableció el Barón Club, lugar que era una mezcla de restaurante, casino y discoteca. Posteriormente el restaurante El Gran Vatel trasladó su sede del centro a la Villa; tras cuya desaparición, la casa experimentó un proceso de declinación al no contar con un uso que garantizara su mantenimiento.

Desde hace más de quince años la casa, puesta en la custodia de una fiduciaria, fue objeto de interés por parte de inversionistas quienes iniciaron por lo menos tres intentos frustrados de intervención y alrededor de cuatro exploraciones adicionales orientadas al desarrollo del predio. En todos los casos se contempló la conservación de la casona, que ya contaba con una declaratoria como Patrimonio Cultural Distrital desde el año 2001 y a partir de 2004, con la declaratoria como Monumento Nacional (o Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional).

Dichas declaratorias, otorgadas en virtud a sus valores estéticos, además de la importancia de los autores asociados al proyecto y de la existencia de valores históricos representativos de una época (por haber sido residencia de un insigne educador precursor de la pedagogía moderna), fueron motivadas por entidades de la Administración Distrital. Tras la evaluación de los comités técnicos, tanto del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, como de la Dirección de Patrimonio Nacional, las declaratorias pasaron posteriormente el examen de cuerpos colegiados asesores, integrados por instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, de quienes recibieron el aval unánime para finalmente ser refrendadas por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá.

En este contexto, una propiedad privada ubicada en uno de los sectores financieros y comerciales de mayor auge inmobiliario de la ciudad, pasaba de ser un lote susceptible de ser desarrollado, a constituirse en un Bien de Interés Cultural, no sólo para el Distrito Capital sino también para toda la Nación. Circunstancia que planteaba una distinción especial y suponía además una serie de cargas, obligaciones y restricciones particulares para su conservación y desarrollo, a diferencia de las casas y villas contiguas que también habrían recibido similar denominación de no haber sido vendidos o demolidos por sus propietarios y vecinos. Ellos optaron por construir edificaciones en altura, con una mayor densidad de ocupación, al tenor de lo que la norma permitía en cada caso. De esta manera, Villa Adelaida llegó al siglo XXI rodeada de edificios característicos del nuevo paisaje urbano del sector.

A finales del año 2004 la fiduciaria custodia del bien convocó a varios inversionistas para el desarrollo de un proyecto para elegir una opción que hiciera posible la inserción en la dinámica urbana del inmueble, sin uso y en progresivo deterioro, asumiendo la restauración de la casa como una obligación intrínseca a cualquier posibilidad de desarrollo del predio. La compañía constructora elegida acudió a una firma de arquitectos que a su vez realizó una consulta de rigor ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital sobre las normas y procedimientos aplicables para el caso. Esta entidad los remitió oficialmente a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas y procedimentales vigentes, ya que si la casa y predio eran Monumento Nacional, se estimaba que existía una competencia nacional además de la Distrital, en virtud de una serie de disposiciones establecidas en la Ley de Ordenamiento Territorial (388 de 1997), en la Ley General de Cultura (397 de 1997) y en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Así mismo, las disposiciones legales señaladas obligaban a la actuación armónica entre las dos instancias.

En concordancia con el espíritu de las dos leyes mencionadas, se procedió a la elaboración del Plan Especial de Protección -P.E.P- (Art. 11, ley 397 de 1997), instrumento normativo de superior jerarquía que constituye en sí mismo una norma específica aplicable a los Bienes de Interés Cultural de carácter nacional, por parte de la firma de arquitectos responsable del proyecto de intervención. Ésta se dedicó durante un año a dar cumplimiento a los requerimientos de la metodología que exigía la Dirección de Patrimonio. Para este propósito fue indispensable conformar y asumir los costos de un equipo interdisciplinario de historiadores, arquitectos restauradores, diseñadores y urbanistas, ingenieros viales, estructurales, eléctricos e hidráulicos, abogados, administradores, sociólogos, entre otros especialistas.

Al concluir los estudios y la formulación de la propuesta del Plan Especial de Protección, resultado de un dispendioso proceso de evaluación y seguimiento por parte de la Dirección de Patrimonio, fue presentada en primera instancia al Consejo Asesor de Patrimonio Distrital y pocos días después al Consejo de Monumentos Nacionales (entes asesores del Distrito y del Ministerio de Cultura respectivamente). De esta manera, la evaluación y aprobación de estos planes, son el producto del consenso de instancias técnicas y organismos consultivos antes de ser formalizadas y refrendadas por la Dirección de Planeación del Distrito y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

En uno y otro consejo asesor, la propuesta del Plan Especial de Villa Adelaida recibió un concepto favorable; en el primero por mayoría y en el segundo por unanimidad. Sin embargo, en la instancia distrital, un representante de una de las instituciones no gubernamentales de este cuerpo colegiado manifestó su absoluta oposición al proyecto.

A partir de ese momento se inició una campaña en los medios de comunicación que transitó de los artículos de interés local a las páginas editoriales y de éstas a los titulares de prensa, revistas semanales, noticieros radiales y televisivos de escala nacional. El debate, que más que una polémica enriquecedora con una presentación equilibrada de los conceptos técnicos que asistían a las partes, se convirtió en una cacería de brujas en la que la argumentación -limitada y precaria en asuntos culturales- entró a ocupar un lugar en las secciones de política y economía nacional, para luego dar un salto dialéctico, impulsado por motivaciones pre y postelectorales, hasta el punto de convertirse en un indicador que le restaba favorabilidad y gobernabilidad al Alcalde Garzón y al Presidente Uribe, a través de la recién nombrada Ministra de Cultura.

De la avalancha de afirmaciones contradictorias e imprecisas, la opinión pública, que difícilmente recordaba la existencia de Villa Adelaida por la referencia al restaurante El Gran Vatel, observaba la irrupción del inmueble en el panorama nacional, cuando pasó de ser uno entre los mas de mil Bienes de Interés Cultural de la Nación, para ser convertido en uno de los principales símbolos de la discordia entre el gobierno nacional y distrital.

Después de varios meses de evaluación y análisis técnico, cuando finalmente se logró un acuerdo conciliatorio entre las instancias competentes, al tenor de un mandato de ley que obliga a armonizar decisiones en las que concurren competencias nacionales y distritales, se precisaron: niveles de edificabilidad; intensidad del uso comercial; funcionamiento de un estacionamiento público que absorbiera el déficit en la zona; mecanismos que mitigaran la incidencia sobre la movilidad en el sector; la obligación de ceder a la carrera séptima un segmento del predio para el tránsito peatonal; la conservación de los antejardines y aislamientos sin construcciones, y en especial, los requisitos para la restauración, conservación y sostenibilidad del inmueble en el futuro.

Cuando se pensaba que ya se había logrado una solución a las diferencias interinstitucionales, el convenio llegó a calificarse de ‘pacto satánico’ porque en un país en donde el conflicto es la noticia sustanciosa, un acuerdo suele ser materia de sospecha. Entonces apareció un nuevo recurso que se planteaba como impedimento para la ejecución del proyecto: la existencia del vínculo, en calidad de accionista, de un personaje que en la década de los setentas había adquirido la casa y que hacía veinte años había cumplido una condena de ocho años por delitos relacionados con el narcotráfico. De manera que ahora el tema ya no era un asunto de competencias, ni jurídico, ni de cumplimiento de las normas, ni político o preelectoral, ni de exceso en las compensaciones en uso por reducción de los índices de edificabilidad permitidos, ni técnicos en relación a la movilidad y accesibilidad del sector, sino penal, sin aclarar cual era la pertinencia de traer a cuento un episodio de esa naturaleza.

Tanto a la Ministra de Cultura como a la Directora de Planeación Distrital, ambas recién nombradas, se les hizo un debate político sobre un proceso que bien podía ser uno de muchos otros que heredaban y de los cuales apenas empezaban a enterarse a profundidad, pretendiendo hacerlas responsables de asuntos tales como investigar el origen y la composición accionaria de todos los bienes y múltiples proyectos que se presentaban en las diferentes dependencias de sus despachos tanto distritales como nacionales, labor que suele ser competencia de la Fiscalía.

Ante esta circunstancia Alcalde y Ministra, puestos en entredicho político y moral por algunos comunicadores, y a pesar de reconocer las bondades técnicas del Plan Especial de Protección, decidieron de común acuerdo declarar en suspenso la fórmula conciliatoria que brindaba una solución concertada para la recuperación del inmueble que permitía un desarrollo condicionado del predio.

Esta salida, mas política que técnica, dejaba como alternativa la aplicación de la normativa genérica vigente para el sector, denominada Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ), que permite un desarrollo de vivienda u oficina con una mayor edificabilidad y con un estacionamiento exclusivo para los habitantes del conjunto residencial o los usuarios de las oficinas autorizadas para el predio. Esta situación genera nuevas cargas de tráfico, sin solucionar la carencia de estacionamientos del sector; así mismo, limita el uso comercial a quinientos metros cuadrados (500 m2), situación que no permite asignarlos a la casa ya que ésta superaría los mil metros cuadrados (1000 m2), una vez fuesen restituidos segmentos faltantes de su construcción inicial.

Entonces apareció en la palestra la solución de los contradictores del proyecto: que la Nación o el Distrito compraran el predio, restauraran la casa, edificaran un estacionamiento subterráneo e hicieran un parque en superficie para los vecinos, lo cual implica el desembolso de una suma que para el Ministerio supera con creces el presupuesto asignado para la recuperación de alrededor de mil cien Bienes de Interés Cultural y aún para todos los sectores y manifestaciones culturales de la Nación. Además, según el Distrito, esta alternativa no constituye una prioridad dentro de un programa político y social orientado a los sectores más vulnerables de la Capital.

En conclusión, los vecinos, después de catorce años de ver como se desmorona la casa y ahora después de año y medio de estudios y trámites, quieren una casa-museo restaurada, un parqueadero y un parque de escala de barrio. Este propósito, de ser viable no requería una campaña salpicada de imprecisiones, injurias y calumnias en la que se enlodó la reputación de gobernantes, funcionarios, inversionistas, constructores, especialistas, técnicos y profesionales y en donde ha resultado inusitadamente fácil encontrar quién pretenda desprestigiar de manera fulminante una vida dedicada al trabajo por la comunidad, como la del Alcalde Garzón y una entregada con abnegación y empeño al servicio de la cultura, como la de la Ministra Elvira Cuervo, quien curiosamente recibe los más agudos ataques desde una entidad que lideró durante casi diez años hasta ser nombrada Ministra de la Cultura.

En un semanario nacional de amplia difusión se planteaba que en Villa Adelaida habían perdido todos. Probablemente, y como de costumbre, perdieron los que menos debían perder, especialmente cuando al tratarse de una guerra sucia.

En primer lugar, perdieron los vecinos, a quienes les vendieron la idea de que era posible un museo y un parque para uno de los sectores más costosos de la ciudad.

Perdieron además instituciones como los comités técnicos de especialistas y los consejos asesores del Ministerio de Cultura y del Distrito, cuya idoneidad y credibilidad profesional y moral fueron puestas en tela de juicio.

Parecieron perder la Ministra y el Alcalde, quienes paradójicamente de una u otra manera perdían, aunque hubiesen orientado sus presupuestos de cultura y de labor social para hacer el museo y el parque, ya que se les habría acusado de despilfarro al satisfacer las exigencias del estrato más alto de la ciudad. Parecieron perder porque cualquier opción que hubieran elegido, bien fuera la de aprobar el P.E.P o la de acogerse a la normativa vigente, les hubiera colocado en una sin salida inconveniente. Al fin y al cabo esa era la idea.

Perdió la institucionalidad y la legitimidad del orden jurídico y procedimental vigente, ya que parece que de ahora en adelante las instancias de evaluación y aprobación las constituyen quienes tienen el poder y el capital relacional, es decir los contactos para desinstitucionalizar cualquier emprendimiento a través de una campaña de desinformación.

Perdieron quienes vienen trabajando desde hace cincuenta años en consolidar una política cultural para el patrimonio inmueble en la que los incentivos y las medidas de fomento no son un privilegio ni una irregularidad, sino una fórmula saludable que se aplica con éxito no sólo en Europa sino en Latinoamérica.

Perdieron muchos, pero no perdieron todos. Los que ganaron en el proceso ya recibieron lo suyo. El ganador del premio mayor, a lo que se le podría llamar “la competencia comercial”, tras seis meses de intensa campaña por aceitar la máquina de impedir, espera su turno paciente, para entonces sí, desarrollar su propio proyecto inmobiliario alternativo.

Finalmente se espera que no se pierda Villa Adelaida, Bien Inmueble de Interés Cultural -¡sí, de interés cultural!- de Carácter Distrital y Nacional, en riesgo inminente de colapso, que representa uno de los emblemas más significativos del legado de Don Agustín Nieto Caballero, especialmente en vísperas de cumplir, el año entrante, los noventa años de su construcción.