Los pueblos indígenas hacia la conquista de sus derechos

Una cierta euforia reinó el mes de febrero en Puerto Ayacucho, la capital del estado sudoccidental de Amazonas en Venezuela. En pequeños grupos, hombres y mujeres en ropas tradicionales han convergieron desde todo lo largo del Orinoco para representar a sus comunidades en la primera asamblea del «pueblo de los ríos», los Ye’Kuana, uno de los 35 pueblos originarios existentes en Venezuela. Un evento que justifica ampliamente un viaje de muchos días, para llegar hasta la capital del estado.

«Estamos viviendo un momento histórico», dice con entusiasmo Mercedes Maldonado. En primer término, vamos a discutir todo aquello que queremos para nuestro pueblo, para nuestra tierra y para nuestros ríos. Mercedes, a quien sus amigos Ye’Kuana llaman en realidad Dinamayu. Es miembros desde hace largo tiempo del omite de dirección de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA). Es una organización encargada de la promoción de los derechos de 19 etnias existentes en la región, dónde la mayor parte de la población es de origen indígena.
«No podremos tratar todos nuestros problemas de una sol avez» admite Mercedes. «Es por eso que vamos a comenzar por encargarnos de la demarcación de nuestras tierras. Es lo más urgente, porque un Ye’Kuana sin tierra, no es un Ye’Kuana. Para nosotros la tierra es sagrada y debemos protegerla.»

Mapas a la mano, los chamanes y caciques [1] de las diferentes comunidades Ye’Kuana del Amazonas se reunieron durante tres días a trazar los límites topográficos de sus espacios. Una gran ayuda fue proporcionada por el gobierno de Venezuela a través de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas, aprobada un mes antes [2]

«Hemos decidido nuestro espacio. Con la nueva Constitución, nosotros, los pueblos originarios podemos ahora decidir nuestro destino. Y hacer reconocer nuestros derechos sobre estas tierras que han intentado expoliarnos durante varios siglos.»

Más de 500 años después de la conquista del país por los europeos, los pueblos originarios de Venezuela pueden efectivamente por primera vez, hacer valer sus derechos.

Retorno a una historia de expoliación

Los fundadores de la primera república venezolana se preocuparon por la población indígena del país : la Constitución de 1811 los reconoció como ciudadanos en igualdad de condiciones, y el derecho sobre sus tierras tuvo un reconocimiento legal. Pero esos ideales fueron violados progresivamente durante el curso del siglo XIX por una sociedad criolla triunfante y en pleno ascenso.

Haciendo valer la gloria de haber liberado a Venezuela del dominio español, y aprovechando el desconocimiento de los indígenas de la lengua y las leyes de la sociedad criolla, los descendientes de europeos se irán haciendo poco a poco dueños de sus tierras. Efectuada por la fuerza y la violencia, estas expoliaciones se fueron apoyando en las leyes. Las tierras reconocidas como propiedad indígena se convierten en «reservas» (leyes de 1844,1895 y 1904), mientras que sólo los pueblos que vivían en la Guajira, al noroeste del país y en el Amazonas, son reconocidos como indígenas. Entonces esas tierras son calificadas como «frías» y expropiadas. Así se asentaron las bases de los latifundios que existen aún hoy día en el país. Expoliadas sus tierras, numerosas etnias se vieron obligadas a emigrar a los suburbios de las ciudades, mientras que otras se refugiaron en las zonas geográficas de más difícil acceso.

Asimilados a la categoría de ciudadanos comunes (artículo 77 de la Constitución de 1961), es recién durante los años 80 que la especificidad de los indígenas venezolanos comenzará a ser tenida en cuenta. Pero para Gladys Gonzales, originaria del pueblo Wayuu del Estado Zulia y profesora de la Universidad Bolivariana de Caracas, estos primeros avances no cambiaron fundamentalmente el estatus de los indígenas venezolanos. [3]

«Hace ya 20 años que se emitió en Venezuela el decreto 283 sobre la educación intercultural bilingüe. Pero no son los indígenas quienes elaboraron el proyecto, fueron los antropólogos. Fueron ellos quienes nos dijeron como debíamos escribir nuestro lenguaje. Nosotros no teníamos alfabeto, nuestra lengua es totalmente oral. Los antropólogos pensaron por nosotros, vivieron en nuestras comunidades e incluso algunos de ellos se acostaron con nuestras hermanas. Ellos se hicieron ricos gracias a los fotos que tomaron de nuestros pueblos, mostrando nuestra desnudez y nuestra espiritualidad. ¿Y nosotros ? Nosotros seguimos sumergidos en la pobreza.»

Los últimos decenios quedaron en efecto marcados por el control de políticas oficiales indigenistas : más que reconocer la especificidad de las comunidades indígenas, se trató de incorporarlas a la vida general del país, aportándoles protección y asistencia social de cara a su aparente retraso y fragilidad. Una asistencia proporcionada en su mayor parte según la normas de las misiones religiosas, sólo ellas operaron en los territorios regularmente habitados por los pueblos originarios. De hecho, fueron esas misiones quienes recibieron las ayudas económicas atribuídas por los distintos gobiernos a las comunidades indígenas del país. En numerosos casos, los misioneros prohibieron las prácticas tradicionales tales como los ritos chamánicos, en detrimento de su dimensión medicinal.

A partir de tales presiones, numerosas comunidades indígenas no encontraron otro camino que abandonar sus tierras. Alrededor de la capital regional del Estado Amazonas, Puerto Ayacucho se fueron multiplicando estas comunidades, que prefirieron refugiarse allí y vivir según sus tradiciones, antes que continuar bajo la autoridad de los misioneros.

La Constitución Bolivariana de 1999, un «acto de justicia»

En marzo de 19998, mientras no es más que un candidato a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez firma un «Acta de compromiso» más conocida como « Un compromiso con la Historia ». Se trata de una serie de promesas hechas a los pueblos originarios del país, en el que toma «públicamente, nacional e internacionalmente, el compromiso de saldar la deuda» histórica que el Estado venezolano tiene con esta población. «Una vez electo, rememora Gladys Gonzales, nosotros le recordamos sus palabras. Y allí comenzó la lucha por la Constituyente, por que nosotros fuéramos reconocidos íntegramente como pueblos, con derechos específicos, y que se reconociera igualmente nuestro derecho de participar en la vida del país.»

Una vez electo, Hugo Chávez convocó un referendum para que la población de Venezuela expresara su acuerdo o desacuerdo respecto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Luego de una votación abrumadora a su favor, fueron elegidos 131 delegados de todo el territorio para convertirse en constituyentes. Entre ellos, tres representantes de los pueblos originarios de Venezuela. Reunidos en un congreso en Ciudad Bolívar, estos pueblos acordaron sus proposiciones para la elaboración de la futura Constitución. Estas propuestas suscitaron largos debates en el seno de la Asamblea.

Las reivindicaciones de los pueblos originarios, fueron en efecto denunciadas por ciertos delegados en la Constituyente como susceptibles de aportar un grave riesgo para la soberanía y la integridad de la nación. Asimismo blandieron los riesgos de una definición de la sociedad venezolana como «multiétnica» y de los indígenas como «pueblos» en forma integral. Alegando el peligro de una posible secesión indígena, ellos se opusieron igualmente a que sus «dialectos» fueran reconocidos como «lenguas», y su justicia consuetudinaria como un sistema judicial propio. Más que un asunto de principios, se trataba como telón de fondo de dos de las principales reivindicaciones de los pueblos originarios : que se reconociesen sus derechos originales sobre sus tierras ancestrales, así como sus derechos a controlar los recursos naturales de esas tierras. La mayoría de los constituyentes estuvo de acuerdo en la legitimidad de estas demandas, y desechando la campaña alarmista, el Capítulo «Derechos de los pueblos indígenas» fue aprobado en primera instancia por la Asamblea Constituyente el 3 de noviembre de 1999. Este capítulo constituyó la matriz del Capítulo 8 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada por referendum el 15 de diciembre de 1999.

Por primera vez, los derechos inalienables de los «pueblos originarios» del país son reconocidos. La nueva Constitución sienta las bases de un desarrollo equilibrado de las etnias sobrevivientes, reconociendo sus costumbres, su cultura y su cosmovisión. El derecho a una «educación intercultural bilingüe», integrando sus lenguas maternas, la incorporación de su medicina tradicional al sistema nacional de salud y el reconocimiento de sus sistemas de jurisdicción propios, adquieren valor constitucional. Y sobre todo, el Estado es definido como «multiétnico, pluricultural y multilingüe», reconociendo finalmente a las comunidades indígenas el derecho a la propiedad colectiva de la tierral.

Para Luis Bello, abogado especialista en la defensa de los derechos humanos y de los indígenas en particular, «la Constitución venezolana es la única en el mundo que ha incluido –de manera innovadora – el reconocimiento de un abanico amplio de derechos de los pueblos originarios» [4] Derechos que, según él, para su enunciado han contado con la participación de esos pueblos. Para el abogado, los pueblos originarios son así «pasados de una situación de anonimato, de marginalidad y de no reconocimiento de sus derechos específicos, a una realidad de participación activa en la defensa de esos derechos y de su vida colectiva en tanto que pueblos». [5]

Un nuevo modelo de intervención oficial hacia la población indígena se crea a partir de la nueva Constitución venezolana : las políticas indigenistas se sustituyen por una política de reconocimiento y participación. Una ruptura de impactos múltiples, tanto sobre las estructuras de representación del Estado como sobre la propia población indígena.

Impactos políticos, impactos demográficos

El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de Venezuela tendrá rápidamente impactos políticos mayores.

En principio, el nivel de participación de los indígenas en la vida nacional. Por primera vez en la historia del país, tres representantes indígenas son elegidos en las elecciones legislativas del año 2000 como diputados a la Asamblea Nacional, ocho más para las Asambleas Legislativas de los estados con población originaria. Una Comisión Permanente de Pueblos Indígenas fue además creada en la Asamblea Nacional.

A fin de acelerar la puesta en práctica de los principios jurídicos enunciados en la Constitución, se elaboran diferentes decretos para ser posteriormente signados por la Presidencia. Esos conciernen sobre todo a las lenguas originarias, la educación intercultural bilingüe así como a la demarcación de los territorios indígenas. Ha sido creado un programa social dedicado a esta población : la Misión Guaicaipuro. Gracias a ella, más de un millón de hectáreas serán en algunos meses atribuidas oficialmente a las comunidades indígenas. Hugo Chávez toma una decisión simbólica que tendrá ecos en la población indígena : el 12 de octubre, que hasta ahora ha sido celebrado como «El día de la Raza» en referencia al «Descubrimiento de América», será en adelante, por medio de un decreto presidencial, festejado como «El día de la resistencia indígena».

Menos tenido en cuenta, el reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, tendrá un impacto directo sobre la propia población. Mientras que el Censo Indígena de 1992 [6] daba cuenta de la existencia de una población originaria de 315.815 personas distribuídas en 28 grupos étnicos ubicados en 24 estados del país, el Censo del 2001 [7] establece una población indígena total de 534.816 personas distribuidas en 35 pueblos originarios diferentes y repartidos en todo el territorio geográfico del país. La población indígena representa entonces un 2,1% de la población total de Venezuela (estimada en unos 25 millones de habitantes). Ha surgido entonces en el censo de 2001 no sólo una población indígena en crecimiento en términos numéricos, sino también un número considerable de «nuevos» pueblos y comunidades reivindicando su identidad.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de Venezuela en la Constitución de 1999 permitirá un «proceso de auto-reafirmación étnica y de recuperación de identidad cultural» (Luis Jesús Bello), de parte de un gran número de personas que habían elegido olvidar o enmascarar sus orígenes indígenas en el contexto constitucional precedente. Sobre el desarrollo de una «autoidentificación indígena, el reforzamiento de la identidad individual y colectiva de los pueblos existentes y la recuperación de la memoria histórica de los pueblos originarios»(Íbid).

Algo importante es que la mayoría de la población indígena continúa viviendo en los Estados fronterizos y en las zonas geográficas de difícil acceso, como los bosques o las montañas. Es algo que explica su historia y la necesidad de una autodefensa colectiva, que se traducirá en una serie de dificultades para la aplicación de estos nuevos derechos. «Podemos decretar leyes -dice Mercedes Maldonado- podemos reconocer derechos, pero nada cambiará si no peleamos para que sean aplicados».

De una sociedad de depredación a una sociedad de derecho, una transformación lenta y difícil

A pesar de los avances innegables que representan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su entorno jurídico, los pueblos originarios de Venezuela continúan viviendo situaciones que afectan sus derechos fundamentales y podrían a largo plazo amenazar su supervivencia.

A pesar de la voluntad política manifiesta del gobierno, la puesta en práctica de políticas públicas necesarias para el reconocimiento de esos derechos no es tan rápida como debiera. La situación sanitaria sigue siendo precaria en numerosas comunidades de difícil acceso, mientras que la educación intercultural bilingüe está retardándose. Se mantiene una situación de abandono socioeconómico y de violencia en los espacios fronterizos, que obliga todavía a muchas personas a refugiarse en las zonas urbanas. A pesar de las disposiciones jurídicas en la materia, la dificultad de controles en estos espacios explican todavía como el «derecho de propiedad intelectual colectivo» de los pueblos originarios sobre sus saberes tradicionales, sigue siendo todavía violado sistemáticamente.

Pero la dificultad más grande concierne a la puesta en práctica del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras, así como la preservación de sus recursos naturales. No sólo se mantiene una gran inseguridad jurídica en numerosas regiones en razón de los fallos y retardos en los procesos de demarcación de sus territorios, sino sobretodo que numerosas comunidades son presa de proyectos públicos y privados con gran impacto sobre su integridad económica, social y cultural, así como de la de su medio ambiente. La actividad minera ilegal continúa en algunas zonas (Estados Bolívar y Amazonas en particular), pero no es ella sóla. A la explotación de hidrocarburos en el Delta del Orinoco se suma una explotación intensiva del carbón en el Estado Zulia, dónde viven algunas de las más grandes comunidades indígenas del país. El propio Estado venezolano no está exento de contradicciones : en éste último caso, la empresa pública Carbozulia comparte sus actividades con las multinacionales que operan en la región, Vale do Río Doce (Brasil), Anglo American (Sudáfrica-Gran Bretaña), Shell (Holanda-Gran Bretaña), Ruhrkohle (Alemania) y Chevrón-Texaco (EE.UU .)

Pero para numerosos indígenas, como Mercedes, esta situación no tiene que ver directamente con el presidente Hugo Chávez. «Es, indiscutiblemente, el presidente que más se ha ocupado de nosotros. Y nos ha hecho la promesa de continuar ocupándose». Recientemente, la expulsión de las «Nuevas Tribus» les ha dado una vez más la prueba.

Un caso: la expulsión de las «Nuevas Tribus»

«Es una orden, las "Nuevas Tribus" deben irse de Venezuela» declaró el jefe de estado venezolano el 12 de octubre de 2005, en la ocasión del «Día de la Resistencia Indígena». «No queremos más a las "Nuevas Tribus" aquí, nosotros somos una vieja tribu y no necesitamos de la colonización». El presidente Chávez ordenó la expulsión de los misioneros evangélicos norteamericanos del movimiento «Nuevas Tribus», instalados en regiones de fuerte población indígena, acusándolos de enviar informaciones estratégicas al gobierno de Estados Unidos.

Creadas en 1942 por Paul Fleming, con su casa central en Florida, esta organización existe a la fecha en 17 países de cuatro continentes. [8] Ligada al Summer Institute of Linguistics [9], las Nuevas Tribus entraron clandestinamente en Venezuela en 1946 y obtuvieron en 1952, en la dictadura de Pérez Jiménez (1952.58) un permiso de seis meses para estar en el país. Sus actividades, realizadas en una treintena de comunidades indígenas por sus 160 misioneros, han sido denunciadas por asociaciones ecológicas y ONGs venezolanas de defensa de los derechos humanos, así como por miembros de la Iglesia Católica y de oficiales de las Fuerzas Armadas. Distintas investigaciones han establecido que el pretexto de ejercer un trabajo de evangelización, ha sido una fachada para ocultar la explotación ilimitada e ilegal de los recursos naturales presentes en las tierras indígenas, en provecho de compañías norteamericanas como la General Dynamics y Westinghouse, ambas relacionadas con la industria militar, así como la automotriz Ford. Según el congresista Alexander Luzardo, esta organización disponía de una flota aérea, una treintena de pistas de aterrizaje en el país, así como de un sofisticado sistema de telecomunicaciones. Más grave aún, la organización ha sido acusada de servirse de comunidades enteras, Yanomami entre otras, para realizar experimentos genéticos.

En función de su supervivencia, algunos pueblos originarios de Venezuela ocupan espacios geográficos que escapan a la vigilancia de los poderes públicos. Y allí se encuentran algunas de las más grandes reservas minerales y biológicas del país. Los principales Estados indígenas de la nación (Amazonas, Bolívar y Zulia) constituyen en efecto considerables reservorios estratégicos (uranio, oro, carbón, metales preciosos, plantas medicinales) que los han hecho, y continúan siendo el objeto de atención de grupos económicos nacionales y extranjeros. El combate por el reconocimiento de sus derechos a esos espacios será ciertamente largo y difícil. En este contexto, la expulsión de las « Nuevas Tribus » es considerada como una primer victoria sobre una depredación incontrolada de los ámbitos de vida de las comunidades indígenas del país.

Por un reconocimiento amplio de los derechos de los Pueblos Indígenas

La voz de los pueblos indígenas de Venezuela no ha dejado de hacerse oir.

El siete de junio último, varias centenas de representantes de las etnias de todo el país han convergido sobre Caracas para participar en una « rimera Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas». Realizada bajo el auspicio del Concejo Nacional Indígena de la República Bolivariana de Venezuela » (CONIVE), esta «invocación a la vida y por más revolución en la Abya Yala (América)» tuvo como primer objetivo reafirmar la solidaridad de los pueblos originarios del país con el presidente Hugo Chávez. Una manifestación de apoyo al jefe de estado en un contexto dónde ciertas comunidades fueron objeto de tentativas de manipulación por parte de sectores hostiles al gobierno. [10]

Más allá de las reivindicaciones oficiales, esta marcha fue igualmente una demostración del poder de movilización de las comunidades indígenas desde la base. Y la ocasión de hacer visible la existencia de algunas, que no han sido todavía reconocidas como tales por los poderes locales. Como lo explica Daría Fernández, chamán Wayuú del Estado Mérida, « Los pueblos indígenas de Venezuela han tenido avances en estos últimos años. Pero en nuestro Estado, las autoridades todavía se niegan a reconocer la existencia de ocho comunidades indígenas, lo que nos priva no sólo de la posibilidad de reivindicar la demarcación de nuestras tierras, sino también de tener representantes en el seno de nuestras instituciones ».

La cuestión de la representación aparece ahora en nuevos términos, a todos los niveles del Estado. El reconocimiento de la existencia de un número creciente de pueblos y comunidades indígenas, implica como corolario la aparición de nuevas reivindicaciones en el seno de la población indígena del país. Es en todo caso la posición que defiende Pablo Martínez Romero, cacique de una comunidad Yukpa cercana a Valencia : «El problema es que cada pueblo tiene su propia lengua, su cultura, sus costumbres. Para sacar a los pueblos originarios de la miseria, es necesario adjudicar a cada uno de ellos un representante que pueda defender sus intereses. Tres diputados en la Asamblea Nacional son insuficientes».

Las reivindicaciones son múltiples, los desafíos son inmensos. «Fuimos allá para apoyar a nuestro presidente -dice Pablo- pero también para defender nuestros derechos. Toda nuestra vida estuvimos dominados por personas que no son indígenas. Esa época terminó. Desde antes de asumir su mandato, Hugo Chávez nos animó a reclamar nuestros derechos. Pelearemos por defenderlos.»