La primera parte de este discurso fue publicada en nuestra edición anterior

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Nos encontramos en una situación sin precedentes en la cual cada día enfrentamos un conflicto de gran envergadura entre las ilusiones ideológicas sobre las que este gobierno ha basado su política, y la realidad de mundo en que vive el pueblo estadounidense. Cuando se examina el fondo del problema de la política de Bush en Irak, se observa que es, de hecho, bastante simple: adoptó un punto de vista ideológicamente orientado a Irak que de forma dramática no correspondía a la realidad.

Todo lo que ha salido mal es, de un modo u otro, resultado de un conflicto espectacular y violento entre el paquete de ideas falsas que ha asumido tontamente y la realidad demasiado dolorosa que han enfrentado nuestras tropas, nuestros trabajadores civiles y diplomáticos, y nuestros contribuyentes. Por supuesto, hay diversos otros choques entre la ideología del presidente Bush y la realidad estadounidense. Para citar el ejemplo más notable, la transformación de un excedente presupuestario de 5 mil millones de dólares en un déficit de 4 mil millones es, en otro plano, un error de cálculo tan espectacular como la guerra en Irak.

«Han hecho caso omiso a todas las lecciones recibidas sobre el hecho de que los demócratas no invaden a otros países»

Pero no ha habido una manifestación más rara y perturbadora de la forma en que la política del presidente ha hecho patinar a los Estados Unidos que los dos profundos golpes a la conciencia que nuestro país sufrió el mes pasado.

Primero llegaron imágenes en extremo perturbadoras que mostraban extrañas formas de abusos físicos y sexuales –e inclusive de tortura y asesinato— cometidos por algunos de nuestros soldados contra los prisioneros que habían capturado en Irak. Después, el segundo golpe ocurrió la semana pasada en forma de una nota insólita y ambigua que, de hecho, buscaba justificar la tortura y, de una manera u otra, dar una justificación legal a las extrañas y sádicas actividades cometidas en nombre del pueblo estadounidense y que, para todo ser razonable, no son más que crímenes de guerra.

Al hacer sus análisis, los juristas del gobierno han determinado que el presidente, al actuar como comandante en jefe, está por encima y al amparo del Estado de derecho. Al menos no necesitamos adivinar lo que nuestros fundadores hubieran opinado sobre esta teoría insólita y no norteamericana.

A mediados de semana, la indignación causada por la revelación de este análisis jurídico obligó al gobierno a declarar que había emitido esa nota y que la misma había sido «no pertinente y sobrevalorada», pero nadie del gobierno dijo que el razonamiento era erróneo. De hecho, un vocero del departamento de Justicia dijo inclusive que asumía esta definición violentada de la tortura.
Además, el importante análisis referente a los poderes del comandante en jefe no ha sido desautorizado, y, el punto de vista de la nota, según la cual corresponde al comandante en jefe dar la orden para utilizar cualquier técnica necesaria para obtener información, ciertamente ha contribuido a crear una atmósfera que ha llevado a las atrocidades cometidas contra los iraquíes en Abu Ghraib. Sabemos también que el presidente Bush ha recompensado al autor principal de esta monstruosidad legal ofreciéndole un escaño en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.

El presidente Bush, durante este tiempo, sigue atribuyendo la responsabilidad de las horribles consecuencias de sus decisiones políticas moralmente obtusas a los jóvenes soldados, cabos y sargentos que quizás son culpables de sus acciones desde el punto de vista individual, pero que en verdad no han sido responsables de la política aplicada por el goulag Bush, qien ha provocado la catástrofe estratégica de los Estados Unidos en Irak.

Exhorto al gobierno a hacer públicos todos sus documentos relativos a los interrogatorios, incluidos los utilizados por el ejército en Irak y en Afghanistán, los utilizados por la CIA en sus centros de detención fuera de los Estados Unidos, así como los análisis relacionados con la utilización de dichos documentos.

El objetivo del gobierno Bush en cuanto a establecer el dominio estadounidense sobre todo adversario potencial ha provocado el arrogante y trágico error de la guerra de Irak, una aventura dolorosa caracterizada por una cadena de desastres debidos a una cadena de hipótesis erróneas.

Pero los que han pagado el precio son los soldados estadounidenses que han caído allí en esa trampa y los iraquíes encarcelados. La obsesión del dominio estadounidense en el mundo se compara exactamente, de acuerdo con las aspiraciones de este gobierno, con la idea de una total preponderancia del papel del presidente en el sistema constitucional.

Nuestros fundadores comprendieron, quizás mejor que Lord Acton, el sentido profundo de su aforismo según el cual, si el poder corrompe, entonces el poder absoluto provoca una corrupción absoluta. El objetivo de dominación necesita interrogarse sobre el poder. Irónicamente, ellos mismos han prestado oídos sordos a todas las lecciones recibidas sobre el hecho de que los demócratas no invaden a otros países. La búsqueda de dominación en su política exterior y estratégica ha llevado al gobierno de Bush a ignorar a las Naciones Unidas, a dañar nuestras más importantes alianzas en el mundo, a violar el derecho internacional y a correr el riesgo de ganarse el odio del resto del planeta. El ejercicio tentador del poder unilateral ha llevado a este presidente a interpretar sus prerrogativas con respecto a la Constitución de una forma que hubiese sido la peor pesadilla de nuestros fundadores.

«Cada vez que se presenta la oportunidad de cometer un abuso de poder, Ashcroft parece ser quien la dirige»

El tipo de poder unilateral que él imagina, en todo caso, no es más que una trampa. Del mismo modo que su aventura en Mesopotamia ha tenido graves consecuencias para nuestros soldados, para el pueblo iraquí, para nuestras alianzas y para todo lo que consideramos importante, así mismo su nueva interpretación de la presidencia en detrimento del Congreso, de los tribunales y de la sociedad civil no es buena ni para la presidencia ni para el resto de la nación.

Si el Congreso se reduce al rango de cámara de inscripción para el ejecutivo y los juicios de los tribunales aparecen como cálculos políticos, entonces el país sufrirá. Es en este tipo de actividades anormales, no democráticas, en las cuales se ha enfrascado este gobierno para ampliar su poder, incluidas la censura de relaciones científicas, la manipulación de estadísticas presupuestarias, la asfixia de la disidencia y la supresión de la información.

A pesar de que otros presidentes hayan intentado ya usurpar las prerrogativas legítimas del Congreso y de los tribunales, nunca antes habíamos visto este tipo de deformación sistemática de la verdad y de institucionalización de la mala fe como componente del proceso político.

Hace 220 años, John Adams señalaba, al describir uno de los más elementales principios fundadores de los Estados Unidos, que «el Ejecutivo no debería nunca ejercer los poderes legislativos y jurídicos, o uno de los dos... Idealmente debería ser un gobierno de leyes y no de hombres.»

La última vez que tuvimos un presidente que creía estar por encima de las leyes fue cuando Richard Nixon declaró a un periodista: «Cuando el Presidente lo hace, ello quiere decir que no es ilegal... Si el Presidente, por ejemplo, aprueba algo, aprueba una acción por algún motivo de seguridad nacional o, en ese caso, debido a una amenaza de gran importancia sobre el orden y la paz internas, entonces la decisión del Presidente en esas circunstancias es la de autorizar a los que llevan a cabo dicha acción para hacerlo sin violar la ley.»

Afortunadamente para nuestro país, Nixon fue obligado a renunciar a la presidencia antes de que pudiese poner en práctica su extraña interpretación de la Constitución, pero no antes de que su desprecio hacia el Congreso y hacia los tribunales provocase una grave crisis constitucional.

Elliot Richardson y William Ruckelshaus, los dos funcionarios de más alto nivel del departamento de Justicia en el gobierno de Nixon, mostraron ser hombres de gran entereza, y a pesar de ser fieles republicanos, fueron aún más leales a la Constitución y renunciaron por principio en vez de aplicar lo que consideraban abusos de poder por parte de Nixon. Entonces el Congreso, también sobre una base bipartita, se opuso valientemente a los abusos de poder de Nixon y desencadenó el procedimiento de impeachment.

En muchos aspectos, nuestro actual presidente reivindica, en realidad, muchas más prerrogativas extra-constitucionales que Nixon con relación al Congreso y a los tribunales. Por ejemplo, Nixon no trató encarcelar indefinidamente a ciudadanos estadounidenses sin que estos fueran acusados de un delito, sin que se les permitiera consultar a un abogado o comunicarse con sus familias. Y esta vez, el secretario de Justicia John Ashcroft no es el tipo de persona que renuncia para impedir un abuso de poder. De hecho, cada vez que se presenta la oportunidad de cometer un abuso de poder en este gobierno, Ashcroft parece ser quien lo dirige, y es Ashcroft quien selecciona a los juristas del Departamento de Justicia responsables de los embarazosos memos que justifican y autorizan la tortura.

Además, a diferencia del valiente 93º Congreso que salvó al país de los siniestros abusos de Richard Nixon, el actual Congreso ha renunciado virtualmente a su papel constitucional, que consiste en servir como una rama igual e independiente del gobierno. En lugar de ello, este Congreso de mayoría republicana se complace, en lo esencial, en recibir órdenes del presidente para saber cuándo debe votar a favor y cuándo en contra. Los dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado han comenzado inclusive a impedir a los demócratas que asistan a las conference committee meetings [1], donde las legislaciones toman su forma final.

Por el contrario, permiten que miembros del equipo presidencial asistan a estas reuniones y redacten, en lugar de aquellos, fragmentos importantes de las leyes (si reflexionamos profundamente sobre esto, vemos que el deterioro y la falta de independencia que muestra este Congreso chocaría más que cualquier otra cosa a nuestros fundadores, ya que estos creían que el poder del Congreso era la garantía más importante contra el ejercicio malsano de un poder demasiado fuerte de la rama ejecutiva).

«¿Qué esconden, y por qué?»

Este gobierno, no satisfecho con someter el Congreso a una condición de servidumbre, también se ha enfrascado en una cultura del secreto sin precedentes, negándole al pueblo norteamericano el acceso a informaciones cruciales relativas a las actividades sobre las cuales los miembros del gobierno deben rendir cuentas, y desplegando un esfuerzo sistemático de manipulación e intimidación de los medios masivos de comunicación con el objetivo de que estos presenten una imagen gubernamental más favorable a los ojos del pueblo estadounidense.

Vean lo que la U.S. News and World Report ha dicho acerca de esta cultura del secreto: «El gobierno de Bush, suave pero eficazmente, ha rodeado de secreto numerosas actividades cruciales del gobierno federal –poniendo sus propias actividades fuera del alcance de toda investigación, y sacando del dominio público informaciones importantes sobre la salud, la seguridad y las cuestiones ambientales.»

Estos son sólo algunos ejemplos, y, con relación a cada uno de ellos, debemos preguntarnos qué esconden y por qué. Más de 6 000 documentos han sido retirados de los sitios web gubernamentales por el gobierno Bush. Para citar solo un ejemplo, es el caso de un documento en el sitio del departamento de Medio Ambiente que da a los ciudadanos informaciones sobre la manera de identificar los peligros químicos. Algunos han pensado que la principal amenaza para el gobierno Bush es una amenaza química en caso de que los ciudadanos estadounidenses tuviesen acceso a dicha información.

Para evitar las quejas por parte de los gobernadores de nuestro país acerca de las sumas que reciben en el marco de los programas federales, la administración Bush simplemente ha dejado de imprimir los informes preliminares de los presupuestos de los Estados.

Para crear confusión acerca del claro consenso de la comunidad científica sobre el calentamiento global, la Casa Blanca ha exigido grandes modificaciones y algunos cortes en un informe del departamento de Medio Ambiente, todo ello de manera tan flagrante que el organismo se ha declarado demasiado turbado para encargarse del informe. Han mantenido en la sombra al grupo de trabajo ultrasecreto de Cheney sobre la energía. Han entablado una batalla abierta en los tribunales durante más de tres años para seguir negándole al pueblo estadounidense el derecho a saber qué intereses particulares y grupos de presión han influido en el vicepresidente Cheney para la concepción de nuevas leyes.

Y cuando los despidos masivos se han convertido en algo demasiado molesto, simplemente han dejado de publicar el informe habitual sobre los mismos que en especial los economistas habían estado recibiendo durante décadas. Para este gobierno, la verdad duele cuando es accesible al pueblo estadounidense. Se regocijan ante la ignorancia del pueblo. ¿Qué esconden, y por qué?

«Necesitamos una investigación sobre los hechos y bajo juramento»

En fin de cuentas, para este gobierno todo es una cuestión de poder. La mentira referente al vínculo inventado entre Al Qaeda e Irak fue y sigue siendo la clave para justificar la apropiación de los poderes constitucionales por el presidente. Mientras esta enorme mentira siga siendo un hecho aceptado por la opinión pública, el poder de declarar guerras por parte del presidente Bush, basado en sus propias fantasías, se considerará algo justificado. Se considerarán legítimas sus supensiones selectivas de las libertades civiles –también según su propia voluntad—y continuará intimidando a la prensa y, por ende, influyendo en la realidad política que percibe el pueblo estadounidense durante su carrera a la reelección.

La guerra es una violencia legal, pero incluso en la guerra reconocemos la necesidad de reglas. Sabemos que en nuestras guerras nos hemos alejado a veces de las mismas, a menudo debido a la cólera que surge en el fragor de la batalla. Sin embargo, nunca antes vivimos, que yo sepa, una situación en la cual el marco legal para este tipo de violencia haya sido creado por el presidente, ni tampoco una situación donde estas cosas hayan sido ordenadas por directrices autorizadas por el secretario de Defensa, tal como informa y afirma el consejero para la Seguridad Nacional.

En el pasado, siempre pudimos ver el poder ejecutivo como el punto del cual podía provenir el restablecimiento del derecho y donde podía mantenerse la ley. Era uno de los mayores orgullos de nuestro país: un leadership humano, fiel a la ley. Lo que tenemos ahora es el resultado de decisiones tomadas por un presidente y un gobierno para el cual la mejor ley es la ausencia de ley mientras las leyes amenacen con restringir sus designios políticos. Y cuando las restricciones legales no pueden ser manejadas o eliminadas, entonces las manipulan para debilitarlas mediante el recurso de tergiversarlas, de aplazarlas, de complicarlas con argucias, de obstruirlas y mediante la incapacidad de hacerlas aplicar por aquellos que juraron solemnemente servir a la ley.

En estas circunstancias, necesitamos que se investiguen los hechos, bajo juramento, y que se apliquen sanciones en caso de tergiversación y de falso juramento. Necesitamos una investigación realizada por un Congreso lúcido, en la que los miembros de ambos partidos sepan que serán juzgados por la historia. No podemos acudir a un departamento de Justicia degradado y controlado por fanáticos. «Supervisión parlamentaria» y «procedimientos judiciales excepcionales» son expresiones que deberían estar de moda. Si nuestro honor como nación debe ser restaurado, ello no podrá lograrse autorizando a los poderosos a protegerse mediante el uso de las leyes como escudo: deberá hacerse utilizando la ley contra los poderosos.

Nuestra dignidad y nuestro honor como nación nunca han emanado de nuestra perfección como sociedad o pueblo: han emanado de la convicción de que, en un final, este país se orientará hacia la justicia igual que la brújula se orienta hacia el polo; que aunque hayamos tenido que desviarnos, nos recuperaremos y retomaremos nuestro camino. Es eso lo que debemos hacer ahora.

Traducción: Red Voltaire
Disponible también en este sitio: Requiem pour la Constitution», discurso de Albert Gore pronunciado el 9 de noviembre de 2003 ante MoveOn.org

[1] Las conference committee meetings equiavalen a las comisiones mixtas paritarias que elaboran los compromisos legislativos entre las dos cámaras en el sistema francés.