Si el acuerdo comercial con Chile fue aprobado por el Establo de 1998 con una resolución legislativa (prescindamos que la manada oficialista era mayoría inmensa y la oposición pobre y también mediocre) y el tratado de libre comercio (así lo consideran los chilenos) de hace pocos días, y que fuera autorizado para su firma por Resolución Suprema como una “sustitución” de aquél, hay una pregunta flotando, urticante, indesdeñable e inequívoca y de necesaria respuesta urgente: ¿no debe, entonces, el actual Establo, hacer lo propio, es decir, estudiarlo y ratificarlo, si fuera el caso, porque ha sido sólo “sustituido”? ¿Podría admitirse el caso que una “sustitución” sólo tuviera el refrendo del Ejecutivo y no del Legislativo que autorizó la validez del acuerdo príncipe que ha sido tan sólo “sustituido”, es decir reemplazado?

Pregunto al tribuno Javier Valle Riestra que por votación popular llegó a este Congreso que a él se le antoja como uno prescindible y sobre el cual ha hecho públicas expresiones de protesta y lamentación, ¿es posible que el Establo silencie, enmudezca y permita que el gobierno de Alan García Pérez se salte a la garrocha una de las partes fundamentales que se preceptúan en la actual Carta Magna, Artículo 56°.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: Derechos Humanos. Soberanía, dominio o integridad del Estado. Defensa Nacional. Obligaciones financieras del Estado.”?

La lógica simple y profana de un periodista deduce que si el acuerdo sustituido según reza la Resolución Suprema, recibió la buena pro del Establo en 1998, hoy no puede dejar de tener igual trato, so pena de una clara y traidora abdicación de sus deberes de un Congreso que apenas tiene un mes de funcionamiento. Lo que ameritaría la ira popular y su cierre por la manifiesta e inexcusable cobardía de sus integrantes.

Más aún. Dice el “Artículo 38°.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.” ¿Estaríase dando la absurda figura de irrespeto a nuestro ordenamiento jurídico por parte de los mismos legiferantes que abdican del cumplimiento de esta norma con de la Carta Magna?

Si el Ejecutivo, con una suerte de ocultamiento de información, de por sí lesivo a la ciudadanía y a su derecho a conocer qué hacen sus gobernantes, evade con triquiñuelas o resquicios o morisquetas legaloides al Congreso, ¿es el Parlamento una casa de mudos irresponsables y pusilánimes como para no exigir la presencia de su ámbito en resguardo ¡precisamente! de los sagrados intereses nacionales?

Pregunto nuevamente a Javier Valle Riestra, quien puede dar una respuesta al país desde la plataforma de una bien ganada fama, por fuerza de la razón jurídica ¿es posible acusar constitucionalmente a quienes estén violando descaradamente las normas para imponer, a como dé lugar, lo que aquí llaman acuerdo y en Chile un simple y vulgar tratado de libre comercio? ¿Están dispuestos los legisladores decentes, que debe haberlos, a hacer respetar su fuero, tribuna y honorabilidad patriótica?

¿Ha comenzado un desmadre similar al que ocurriera entre 1985-1990, con la única diferencia que entonces, habían amigotes y hoy hay embajadores de los grupos más cerriles y anticholos en una administración que debía haber, hace rato, dispuesto los paredones morales para tanto delincuente?

Vamos a ver si nos responden.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

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