Los pueblos tienen solo un programa de gobierno

Si preguntamos a los ecuatorianos en este momento: ¿qué le gustaría a usted escuchar de los candidatos?, seguramente la respuesta mayoritaria sería: que expliquen qué van a hacer si ganan, qué propuestas tienen, en qué consisten sus programas de gobierno. Claro que posiblemente el porcentaje de compatriotas mayoritario sería aquel de quienes se niegan a responder la pregunta, argumentando que están cansados de los ofrecimientos demagógicos que, cada cierto período de tiempo, se convierten en un mercado de pulgas en el cual nos obligan a comprar.

En este escenario, hablar de qué es lo que debe hacerse en el país para que se logre un cambio profundo, radical, revolucionario, pasa por ubicar los temas realmente trascendentes, que afectan de manera directa a la vida de los ecuatorianos y por los cuales han luchado durante años, en distintos niveles: de forma gremial, sindical, social, local, provincial, regional, etc., y darles las salidas que ellos reclaman.

Trataremos de exponer aquí, brevemente, un resumen de esos temas que muchos de los candidatos que encabezan las actuales encuestas han olvidado, evaden o quieren pasar por alto, y ubicaremos las acciones y propuestas que en esos temas exigen los pueblos.

El modelo de desarrollo que requiere el Ecuador no es aquel que se ha venido impulsando desde los inicios de la República, es decir, el que nos ubica como dependientes del capital y las políticas del extranjero, especialmente de los Estados Unidos, pues es ese el modelo que nos ha llevado a la actual realidad: un país desindustrializado, petrolero pero pobre, con grandes recursos naturales y humanos pero endeudado y sometido a la corrupción.

Los pueblos del Ecuador demandan terminar con esa dependencia, NO PAGAR LA DEUDA EXTERNA, pues no ha sido adquirida y no ha sido utilizada en beneficio de los más pobres. Por este concepto han salido de nuestro país, en los últimos 25 años, 75 000 millones de dólares, y aún quedan 11 000 millones de dólares por pagar.

Con ese dinero se pudo construir, en todo este tiempo, más de 2 000 escuelas, 30 hospitales con capacidad de 100 camas cada uno, sistemas de agua potable para todas las provincias, 5 000 kilómetros de carreteras, y muchas obras más. No pagar la deuda externa es un planteamiento radical, que puede traer beneficios también radicales para el país.

Terminar con la dependencia significa NACIONALIZAR LA INDUSTRIA PETROLERA, pues si observamos que las reservas de este hidrocarburo para los próximos 25 años corresponden a 250 000 millones de dólares aproximadamente, y lo comparamos con lo que podría recibir el Estado en ese tiempo si seguimos entregándole el petróleo a las compañías transnacionales, evidentemente hablamos de que tomar una medida radical como esta, originaría cambios radicales en beneficio de los pueblos del Ecuador.

Y no solo se exigiría nacionalizar el petróleo, sino también las reservas mineras de oro, cobre y plata, que representan 30 000 millones de dólares aproximadamente. Con estos recursos, el desarrollo de una industria petroquímica y minera estaría garantizado. Una nueva refinería cuesta nada más que 1 000 millones de dólares.

Pero la independencia y soberanía no solo debe expresarse en estas medidas económicas, sino también en medidas políticas frontales y patrióticas, como DAR POR TERMINADO, UNILATERALMENTE, EL CONVENIO QUE PERMITE LA PRESENCIA DE MILITARES NORTEAMERICANOS EN LA BASE AÉREA DE MANTA. Es otra medida radical, que evidentemente los políticos entreguistas jamás tomarían, pero que los pueblos exigen.

Y, por supuesto, la política internacional de relaciones con los demás países tendría que adoptar un nuevo perfil, por ello lo que se exigiría es NO FIRMAR EL TLC con los Estados Unidos, así como ningún convenio o tratado que lesione la soberanía y el interés nacional. Los ecuatorianos debemos aprobar, en las urnas, la firma o no de convenios que impliquen compromisos del país con los demás estados del mundo.

El voto debería ser un procedimiento que se califique y se amplíe hacia sectores marginados de este derecho, como los policías, los militares, y los jóvenes de hasta 16 años, pero no debe ser la única forma de expresión política de los pueblos en un nuevo Ecuador. La democracia debe ser concebida como la generación de los espacios legítimos, legales y constitucionales para que trabajadores, jóvenes, y los pueblos en general ejerzan política, con un poder de decisión en la definición de políticas que el Estado lleve adelante, así como en la vigilancia de su ejecución. Es decir, una democracia que, en los hechos, vaya construyendo una nueva institucionalidad del Estado.

Nos reconocemos como un país diverso, multiétnico, pluricultural y plurinacional. El gobierno de este Ecuador diferente debería ser el primer interesado en impulsar y promover la identidad cultural propia de los pueblos de nuestro país. Es fundamental pensar en un gobierno que recoja los diversos aportes de los pueblos mestizo, indígena y negro, de las diversas nacionalidades y etnias, incorporando a este bagaje espiritual y material las corrientes progresistas de la humanidad; la cultura universal.

Está entre los principales anhelos de los pueblos. Es la corrupción en gran medida la responsable de la debacle de la institucionalidad, en términos de credibilidad y representatividad. Aquí el concepto debe ser claro: la corrupción a la que se repudia con más fuerza y que es el principal enemigo del progreso, es aquella que proviene del poder en el ejercicio de las funciones del Estado. QUIENES HAN AFECTADO AL FISCO DEBEN SER LOS PRIMEROS EN LLENAR LAS CÁRCELES, sin prescriptibilidad de los juicios, sin amarres ni aparatos de justicia cómplices. Hace falta liderazgo para cambiar el sistema de justicia del país, para lograr incautar los bienes obtenidos fruto de los actos de corrupción.

En esta lógica de acción, un Gobierno que busque el cambio revolucionario del Ecuador debe dedicar su esfuerzo a reactivar al auténtico aparato productivo: la pequeña y mediana empresa, los agricultores, los comerciantes pequeños y medianos. Solo impulsando la economía hacia dentro, el país podrá resolver sus necesidades vitales, sin depender de ninguna potencia extranjera.

Es necesario que se desarrolle la gran industria en el Ecuador, invirtiendo en el aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas nacionales, desarrollando una firme política de preservación ambiental. La flora, la fauna, los ecosistemas y manglares deben ser protegidos, como patrimonio nacional y mundial, por los ecuatorianos.

Este tema debe ser abordado en su real dimensión, sin falsos fantasmas: la crisis del sistema educativo en el país es responsabilidad del Estado y no de los maestros o su gremio. Un gobierno popular y transformador, revolucionario, de ninguna manera perseguiría, como se ha hecho hasta ahora, a los maestros, su sindicato y sus líderes, sino que más bien se apoyaría en ellos, en sus propuestas, en su potencialidad, para llevar adelante los cambios necesarios. Esos cambios, sin embargo, solo podrán hacerse invirtiendo en esta área, bajo la idea de que es prioritaria para el desarrollo. No solo el 30% del Presupuesto General del Estado que establece la Constitución, incluso más, dependiendo de la necesidad de progreso que vaya adquiriendo paulatinamente el nuevo Ecuador.

Está comprobado: no por tener un presidente médico, la salud del país mejora. Un nuevo Estado requiere decisión política para tener ecuatorianos sanos y vigorosos, que sean la base del crecimiento. Un sistema integral de salud nuevo, con todos los servicios básicos es fundamental, considerando a la prevención una política central y a la curación una obligación ineludible, urgente y de calidad. El IESS, los dispensarios y hospitales del Ministerio de Salud y la empresa privada, deben constituirse en un equipo asociado con un solo objetivo: mejorar de manera integral la atención a los ecuatorianos.

Un gobierno que se defina nítidamente como de izquierda revolucionaria, que se proponga la construcción de una sociedad en constante progreso y lucha por la instauración de un sistema económico, político y social superior: el socialismo.