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Política

Una ley para que de verdad los niños y las niñas sean primero

Pedro Quijano, Secretario Técnico de Alianza porla Niñez Colombiana , hace un análisis sobre la necesidad de una Ley de Infancia y Adolescencia y revisa el debate que esta ha suscitado.

| Bogotá (Colombia)
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En 1776 Thomas Jefferson redactó un hermoso texto poco conocido en América Latina pero de gran influencia en la historia del continente americano:la Declaración de Independencia de las trece colonias inglesas en Norteamérica que estaban bajo el yugo de la Gran Bretaña, y que posteriormente se fueron configurando en los Estados Unidos de América. Jefferson escribió entonces:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. [1]

Este texto le sirvió de inspiración a la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, para promulgar la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, carta fundamental de la Revolución Francesa, que dio pie posteriormente a declaraciones similares en numerosos países de Europa y América Latina que se fueron configurando como Estados Nacionales entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Los ecos de estos dos documentos llegaron hasta el siglo XX en la medida en que muchos de sus principios quedaron consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Colombia, desde su constitución como nación, ha sido heredera de los valores que inspiraron las revoluciones americana y francesa y a pesar de los altibajos de una historia que ha estado bañada de sucesos violentos y traumáticos, ha fijado en la Constitución Política de 1991 un claro rumbo hacia la construcción de un Estado Social de Derecho, cuyo principal objetivo es precisamente “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. [2]

El Código sobre la Infancia y la Adolescencia que actualmente se debate en el Congreso de la República, radicado en agosto de 2005 con el número 085 de la Cámara de Representantes y 215 del Senado, se nutre de todos estos principios y busca desarrollar el artículo 44 de la Carta Política, que establece los derechos fundamentales de los niños y las niñas, así como la prevalencia de estos derechos sobre los derechos de los demás.

El amplio debate que ha suscitado el proyecto de ley, se ha centrado principalmente en aquellos temas que capturan la atención del público y que tienen que ver con aspectos tales como la adopción, la responsabilidad penal juvenil, el trabajo infantil, la explotación sexual y el maltrato, lo que es una manifestación clara de la manera como abordamos en Colombia el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia, en la medida en que sólo los reconocemos como tales cuando los vulneramos o los vemos vulnerados o cuando perturban nuestra tranquilidad y nos causan horror.

Poco se ha discutido sin embargo sobre lo que significa la parte motiva del proyecto, en la que se establece con claridad no sólo un amplio y completo catálogo de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes sino sobre todo su reconocimiento como sujetos titulares de los mismos, y por consiguiente como personas íntegras para todos los efectos legales y políticos.

Este reconocimiento requiere de acciones de macro política por parte del Estado y de micro política por parte de la familia y de la sociedad, para hacer realidad aquello de que los niños y las niñas son primero. Supone revisar los criterios de planeación a la hora de diseñar políticas públicas y de orientar el gasto hacia aquellos temas que ya hoy están definidos como prioridades de inversión en diversas normas nacionales, departamentales y municipales. Es así como la educación, la salud, la seguridad social, el registro civil, el acceso a la cultura y a la recreación, el medio ambiente sano, la participación en los asuntos que los afectan y otros tantos derechos materiales, son hoy exigibles con las normas actuales y a través de un número significativo de tratados internacionales, y no requerirían de otra ley para que el gobierno, en cabeza del presidente, de los gobernadores y de los alcaldes los tuvieran que hacer cumplir obligatoriamente y por consiguiente los tuvieran que tener en cuenta a la hora de construir sus planes de desarrollo y sus programas de gobierno.

En ese sentido, la ley que se propone no crea nuevas obligaciones para las entidades nacionales o para los entes territoriales, pero sí establece la necesidad de dar cumplimiento al principio constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas y propone mecanismos de coordinación interinstitucionales para hacer más eficiente y efectiva la inversión pública social en este grupo poblacional.

Algo fundamental en que la ley insiste y es esa quizás su mayor riqueza, es que el mandato constitucional que ordena garantizar los derechos de los niños y las niñas en todo el territorio nacional, no es un asunto exclusivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como lo han querido ver muchos, sino que es en esencia, un asunto que comparten de una manera diferenciada pero corresponsable, el Estado, la sociedad y la familia. Cuando hablamos del Estado en su conjunto, es en efecto de todo el Estado, porque como bien se dice en un texto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: la población es “el objeto y el sujeto de las acciones de desarrollo”[3] , lo que quiere decir, que los niños y las niñas en Colombia, que son cerca del 40% de la población de nuestro país, también deben serlo.

Sin embargo eso no es así. Muestra de ello es que la inversión en muchos departamentos y municipios no ha tenido suficientemente en cuenta las necesidades de desarrollo de los niños y las niñas, como bien lo muestra el estudio que realizó el ICBF, UNICEF y la Procuraduría General de la Nación, para hacer el diseño de la estrategia de “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”[4], , y aún es común encontrar que la gestión a favor de la niñez y de la adolescencia todavía es marginal y está, “en muchos lugares de la Patria”, en manos de instituciones de protección, de damas caritativas, de gestoras sociales, de maestras y maestros mal pagados y de algunas comunidades religiosas; que con mucho esfuerzo y poco reconocimiento, siguen atendiendo la cada vez más creciente demanda de servicios de atención a la infancia abandonada y desamparada por sus familias y olvidada por muchos mandatarios nacionales y locales.

La ley establece con claridad la responsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia no sólo con el futuro de todos los niños y las niñas, sino sobre todo con su presente. Esta no está en cabeza de las gestoras sociales y de las primeras damas, sino en cabeza de las autoridades que han sido investidas con ese honor mediante el voto popular, y por consiguiente, que han recibido el mandato mayoritario del pueblo para que hagan realidad la aspiración y el deseo de los colombianos de vivir en un país más democrático, más participativo y más justo, como lo dice el preámbulo de la Constitución.

Algunos críticos la han visto como un catálogo de buenas intenciones y como otro “canto más a la bandera” que se quedará corto en la medida en que el Estado no pueda garantizar la prevalencia de los derechos que se exigen.

Esto sin duda será cierto en la medida en que sigamos siendo una sociedad que no valora a sus hijos e hijas y que no establece prioridades para su protección y su cuidado. Será sin duda un “canto a la bandera” si seguimos pensando que los derechos de los niños y las niñas pueden aplazarse o ser asumidos en la medida en que el Estado tenga recursos para hacerlo y la familia tenga posibilidades de atenderlos. Sin embargo, podrá servir para generar un cambio cualitativo en la sociedad, en la medida en que se constituya en una punta de lanza capaz de generar un cambio cultural suficiente como para que los tomadores de decisiones, y aquí incluyo a los padres y las madres, piensen que invertir en la niñez y la adolescencia es una prioridad impostergable de un Estado Social de Derecho y es un imperativo ético de toda sociedad que se precie de ser civilizada.

Bastaría, supongo, con que hiciéramos todo lo que esté a nuestro alcance para decir con Jefferson, que queremos que se cumplan los derechos de todos los niños y las niñas a vivir una vida segura y tranquila, en un ambiente de comprensión y de libertad y sobre todo con suficientes oportunidades para que cada uno a su manera, pueda emprender su búsqueda de la felicidad. Debe ser una utopía posible, si nos preciamos de ser uno de los países más felices del mundo.

[1] Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 [2]Constitución Política de Colombia de 1991, Preámbulo. [3]Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, UNFPA, Elementos Poblacionales Básicos Para la Planeación , Guía Metodológica 1, Bogotá, 2004, Pág. 10

Pedro Quijano Samper

Secretario Técnico,Alianza por la niñez colombiana

 
Actualidad Colombiana

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