Estamos en un mundo cada vez más informado, donde cualquier ciudadano o ciudadana puede intercambiar grandes volúmenes de significados sin importar su condición cultural o social. En este contexto las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son una herramienta que potencia el ejercicio de los derechos. Los países latinoamericanos están realizando grandes esfuerzos para avanzar hacia la sociedad de la información, cuyos objetivos no se restringen al tema de la comunicación sino que se vislumbran desde la perspectiva de la equidad y la ampliación del espectro de derechos, las TICs son entonces un referente para las políticas sociales en el continente, en tanto pueden abrir los espacios para la construcción de ciudadanía.[1]

Horizontes globales se despliegan en las pantallas de los ordenadores, lo más interesante de ello, es que las jóvenes generaciones con su gran plasticidad, están enseñando a los adultos a posicionarse afirmativamente frente al cambio tecnológico, aunque Colombia ocupe el octavo lugar en América Latina en países con brecha digital. [2]

A junio del 2004 se calculaba un total de 3’585.688 usuarios de Internet. [3] En términos cuantitativos una minoría que va paulatinamente en crecimiento. El acceso individual, que se hace imposible por la carencia de computadores en los hogares es reemplazado por estrategias de conexión en los café-Internet, telecentros, centros de acceso masivo, centros de información locales creados por el Estado en contratación con empresas privadas, entre otros. El índice Networked Readiness del Foro Económico Mundial, mide qué tan preparado está un país para aprovechar las oportunidades generadas por la tecnología; el de Colombia es de -0.27 frente a países como Dinamarca que es del 1.80. [4]

Este panorama, un poco hostil nos recuerda que son las instituciones educativas las que se han encargado de informatizar a nuestra población, es decir, de llevar a cabo un proceso de alfabetización tecnológica. A pesar de encontrarnos en la periferia digital, ya nuestros niños y niñas nacen codificados por la influencia del entorno, para jugar con las tecnologías virtuales. Y allí existe un espacio cognitivo que es preciso nivelar, porque estas tecnologías permiten la comunicación, cuando la niñez y la juventud nos reclaman a los adultos que dejemos de gritar y reaprendamos los actos dialógicos del habla, que nos coloquemos en una posición de escucha activa, semejante al acto de pensar, escribir o jugar frente a la pantalla.

El Comité para la Democratización de la Informática, CDI

CDI es una Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro, creada en Brasil en 1995, que tiene como misión institucional promover la inclusión social, principalmente de niños y jóvenes, utilizando las tecnologías de información como instrumento para la construcción y ejercicio de la ciudadanía, fomentando actividades educativas en ecología, salud, derechos humanos, y no-violencia. Trabaja por el desarrollo de comunidades vulnerables en asociación con instituciones que atienden poblaciones con necesidades especiales tales como jóvenes de la calle, personas con deficiencias física o visual, pacientes psiquiátricos, presidiarios y población indígena, entre otros.

Las tecnologías de información y comunicaciones representan un atractivo irresistible para niños y jóvenes; así, el CDI las utiliza como agente motivador y como instrumento para incentivar la movilización y acción de las comunidades a través de la creación de Escuelas de Informática y Ciudadanía (EIC’s)[5]; la democratización de las tecnologías no solamente abre oportunidades de trabajo sino también posibilita el acceso a nuevas fuentes de información, a espacios de aprendizaje y socialización, que promueven la búsqueda colectiva de soluciones para los problemas que las comunidades enfrentan, contribuyendo a la formación de capital social. El objetivo de CDI es promover la apropiación social de la tecnología por parte de diferentes tipos de público, utilizándola como herramienta para estimular la ciudadanía activa y el emprendimiento de modo a fomentar la participación de todos en el desarrollo político, social y económico de los países en los que la organización actúa.

CDI implementa un modelo educativo, capacita y acompaña a coordinadores y educadores (miembros de la propia comunidad) para que actúen como multiplicadores de su modelo. Cada escuela es una unidad autónoma basada en un modelo de auto-administración y auto-sostenibilidad financiera que se logra a través de: trabajo voluntario, aportes de empresas y organizaciones y con el cobro de servicios acorde con la capacidad económica de los usuarios. El CDI busca incrementar la capacidad de las comunidades y/o de sus organizaciones para ejecutar las iniciativas socioeducativas, capacitándolas y asesorándolas. Aplica en su metodología pedagogía activa, conceptos y valores fundamentados en la pedagogía de Paulo Freire -de educación para la concientización y la transformación social. El CDI Matriz (Río de Janeiro) difunde la idea, el concepto y la experiencia, un modelo abierto de gestión de proyectos sociales.

CDI está representado en Comités Regionales en 19 estados brasileños y en ocho países, además de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y Colombia, teniendo hoy cerca de mil Escuelas de Informática y Ciudadanía (EIC’s) − en Brasil y en los CDIs internacionales.[6]

Virtualidad y Ciudadanía

Los espacios virtuales son semilleros potentes para resignificar la vida y es allí donde se está reconstituyendo el concepto de ciudadanía, con lenguajes menos estructurados, más rápidos y creativos, aquellos espacios del chat y del correo electrónico invitan a comunicarse, y el uso masivo e intenso por parte de las jóvenes generaciones nos da un indicio de la necesidad que tienen de expresarse.

Cómo potenciar estas tecnologías en pos del fortalecimiento de los derechos, proponemos que sea mediante un uso inteligente de la información. Las niñas, los niños y los adolescentes necesitan cada vez menos la intermediación de los adultos para conocer sus derechos y denunciar las vulneraciones de las cuales son objeto, Internet les propone un alto margen de autonomía, ya que en el se puede acceder fácilmente a todo tipo de instituciones. Sin embargo, creemos que en tanto educadores de niños, por el solo hecho de ser adultos, nos encontramos en la obligación de fortalecer el reconocimiento de los derechos de la Infancia, como prevalentes, tal como lo señala la Constitución Política de 1991.

El conocimiento y reconocimiento de los derechos pasa por el cuestionamiento al concepto de minoría de edad. La Convención de Derechos del Niño [7] posiciona a niñas, niños y jóvenes en la categoría de sujetos de derecho, tratando de derrumbar la perspectiva pan-adulta del mundo.

Las TICs empiezan a ocupar en este sentido un lugar importante, ya que posicionan a las personas como autoras de sus propios discursos, en tanto les proponen comunicarse y expresarse, Internet invita a conformar Redes de opinión. La pregunta se desplaza a otro nivel: ¿pueden niñas, niños y jóvenes acceder en las mismas condiciones a Internet? La respuesta es negativa. Solamente hay acceso si se tiene la herramienta disponible en cualquier momento y con una preparación para hacerlo de forma responsable y acertada. La responsabilidad de abrir estos espacios de información se da por la capacidad de gerencia de proyectos educativos con relación a una ciudadanía protagónica y es la escuela en el mundo de hoy, el lugar privilegiado para la constitución de ciudadanos, ya que es allí donde se desarrolla más de la mitad de la vida de niñas, niños y jóvenes.

Planteado de este modo, las TICs son una herramienta, pero ¿cómo usarlas desde una perspectiva incluyente? La información se intercambia cada segundo, las instituciones gubernamentales están a un clic de distancia de cualquier ciudadano sin importar su edad. Estamos adelantando en acceso, es preciso ahora adelantar en un uso propositivo de la Red.

La inclusión vista desde las TICs pasa entonces por tres niveles esenciales: uno, la herramienta en términos materiales, dos, la capacidad de usarla y tres la posibilidad de interpretar la información en beneficio de la construcción de la ciudadanía para las franjas más vulnerables.

Las comunidades virtuales son en el presente una oportunidad para que las jóvenes generaciones emprendan alternativas de reclamación de los derechos a través de medios racionales. Así que las instituciones del Estado están llamadas a repensar el diseño de la información, no solo en términos de servicios que prestan sino de espacios de debate con comunidades, que organizadas en lo virtual pueden ejercer los derechos y hacerse propositivas sin necesidad de mediaciones burocráticas. Visto de este modo también el Legislador debe abrir la virtualidad como alternativa, ya que los espacios digitales facilitan la opinión, qué se piensa sobre un tema es más fácil preguntarlo hoy que hace una década. El Estado no tiene ya cómo decirnos “qué difícil es consultar a los ciudadanos”, porque tiene las herramientas a su disposición.

Este artículo se constituye en una invitación a que Internet se fortalezca como espacio para la opinión pública no únicamente para el consumo.

El uso de la Red, sienta los principios de lo que es el aprendizaje en sí mismo, un proceso inter e hipertextual. Los jóvenes, que ya han realizado un recorrido por el mundo de los derechos vulnerados son los llamados a alfabetizar a sus pares y a las infantiles generaciones en el conocimiento de los derechos.

De otro lado, consideramos que las instituciones donde se puede reflexionar sobre derechos, deben abrir sus lenguajes a niñas, niños y jóvenes, ya que en tanto sujetos que ameritan protección, es su palabra la que primero debe escucharse. Preguntamos quién ha escuchado a los niños hijos de la guerra en nuestro país, quién le ha dado la palabra a los niños que llegan a dormir bajo el manto de la indiferencia en las ciudades después de las masacres en sus lugares de origen.

El manejo y el uso de la información debe pasar por estas preguntas básicas: a qué tipo de sujetos se les otorga la palabra, acaso a quiénes ya la tienen y siempre la han usado? Las grandes franjas de población que están desterritorializadas en el uso de la palabra, encuentran además que son excluidas digitales, porque no saben usar la herramienta o porque no la tienen en su casa.

Democratizar significa ampliar, así el Estado y las instituciones educativas tienen la tarea primaria de abrir sus espacios a lenguajes más democráticos y claros. La participación no empieza a los 18 años, cómo esperamos que se teja sociedad con ciudadanos a los que se solamente se les otorga el uso de la palabra en los programas radiales juveniles.

Una política pública en materia de información llama al agenciamiento de comunidades virtuales constituidas por niñas, niños y jóvenes, de hecho estos sujetos cuando logran acceder a la Red conforman sus propias comunidades afectivas, tienen gran capacidad para asociarse. Esta habilidad es ya un camino recorrido, que en últimas puede ser visualizado como componente para reflexionar sobre semilleros de ciudadanía.

Y allí, en los espacios sociales de la marginalidad, son las instituciones educativas quienes deben repensar cómo hacer unos usos pedagógicamente ciudadanos de la Red, sin olvidar que este proceso debe ser inspirado en la reflexión, ya que la incorporación de las TICs a la educación se ha realizado de manera instrumental y con graves falencias en los procesos de implementación, por la falta de sustento pedagógico y metodológico y por la replicación de prácticas tradicionales sobre plataformas tecnológicas, que por el solo hecho de usarlas no garantiza la innovación, como lo subraya Correa Calle.[8]

Permitir el acceso de todas las personas a recursos como los computadores e Internet es una de las exigencias de la declaración de principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información CMSI de las Naciones Unidas, [9] queda a los docentes y a otros agentes educativos potenciar su uso para la construcción de un mundo donde prime el interés general sobre el interés particular, donde el territorio virtual se constituya en territorio de sentido. [10]

[1] Ver el documento: Las estrategias nacionales hacia al sociedad de al información y las iniciativas de e-gobierno: un panorama regional. Pablo Villatoro. Consultor RISALC. En: documentos CEPAL, serie Políticas sociales, N. 108. Naciones Unidas, Santiago de Chile 2004. [2] La brecha digital se define como “la diferencia que existe entre las personas (comunidades, provincias, países) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar adecuadamente las TICs en su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas o no saben utilizarlas. Olga Paz M. Los usos de Internet comunicación y sociedad. FLACSO, Quito – Ecuador y Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC-CDRI), Otawa, Canadá, junio de 2006. [3] En: Reporte de Internet en Colombia, Primer Semestre 2004, según datos de la CRT. http://www.crt.gov.co/documentos/bi... [4] Suplemento de El Tiempo, COLOMBIA DIGITAL, publicado el miércoles 5 de julio del 2006. [5] Las EIC Escuelas de Informática y Ciudadanía son espacios creados por nuestra ONG en las comunidades con el objeto de capacitar a las personas en el uso social de las tecnologías, a través de la Ciudadanía como eje. Ver: www.cdi.org.br y www.cdicolombia.org [6] CDI Colombia fue inaugurado el 28 de junio del presente año, después de obtener el derecho a la franquicia social otorgado por CDI Brasil. Se han implementado tres EICs en Cazucá y Nariño Sur. [7] Convención de Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. [8] Luis Fernando Correa, Redes de aprendizaje: una alternativa de aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Educación. Artículo publicado en la Revista Voces de Octubre de 2002 (Revista de la Organización Iberoamericana de Juventud - OIJ). Disponible es Español y Portugués en: http://www.oij.org/publica.htm [9] El Tiempo. Ibid. [10] Artículo preparado por: Giselle Castillo Hernández, Coordinadora Pedagógica y de Proyectos Sociales CDI Colombia