Se trata de un fenómeno especialmente complejo, con implicaciones no siempre evidentes. Por ejemplo, no todas las formas de trabajo infantil generan inasistencia escolar. En otras palabras, no todos los casos de ocupación de niños conllevan un costo en términos de la acumulación de capital humano.

Según los datos de la Encuesta de Trabajo Infantil realizada por el DANE en 2001, alrededor del 14.5% de los niños entre 5 y 17 años se encuentra ocupado en alguna actividad laboral. El problema es particularmente delicado en las zonas rurales, donde el porcentaje aumenta a un 22.5%. La incidencia del fenómeno en cuestión dos veces mayor para los niños en comparación con las niñas.

Dada la magnitud del empleo infantil en las zonas rurales, no es sorprendente que más de 36% de los menores trabajadores se ocupen en la agricultura. Cerca de un tercio lo hace en el comercio, mientras que en la industria se ocupa un 12%, al igual que los servicios (especialmente el servicio doméstico).

El tipo de empleador es una de las dimensiones más relevantes para el análisis del empleo infantil. El grueso del trabajo de los menores se realiza para los padres u otros familiares. Sólo una cuarta parte de los menores trabajadores se emplean por fuera de sus familias, en tanto que un 10% se emplea por su propia cuenta.

El trabajo infantil puede ser particularmente perjudicial para el niño en la medida en que puede implicar inasistencia escolar, es decir, una reducción de la acumulación de capital humano que se traduce posteriormente en salarios inferiores, y en general, peor desempeño en el mercado laboral durante la edad adulta. En Colombia, aproximadamente el 77% de los niños entre los 5 y los 17 años de edad sólo asiste al colegio; 5.2% trabaja pero no asiste al colegio; 9.3% trabaja y asiste al colegio al mismo tiempo y 8.7% no asiste al colegio ni trabaja. Esto implica que cerca de dos tercios del total de niños ocupados en Colombia también estudia. Dado que este último grupo acumula capital humano mientras trabaja, el objetivo principal de las políticas diseñadas para aliviar el problema de trabajo infantil debería estar enfocado al grupo de niños que trabaja pero no asiste a la escuela.

Uno de los resultados más interesantes del análisis de la Encuesta de Trabajo Infantil indica que éste en cuanto a actividades o empresas familiares genera menos inasistencia escolar (en comparación con el empleo en actividades no familiares). Por ejemplo, 75% de los menores empleados por familiares también estudia, en comparación con 46% en el caso de menores empleados por fuera de la familia. Adicionalmente, se encuentra que los niños que se emplean en negocios familiares (respecto a los que se emplean en negocios no familiares) provienen de hogares con jefes de hogar más educados, de mayor edad, de género masculino, de hogares con dos padres y de menor tamaño, y que habitan en zonas urbanas. Por otra parte, gran parte del trabajo infantil por fuera de negocios familiares no sólo conlleva mayor inasistencia escolar pero también está asociado a los hogares más pobres. Por ende, es claro que es en este último grupo donde deben concentrarse los esfuerzos para prevenir y reducir el trabajo infantil.

A nivel sectorial se encontró que el trabajo infantil se concentra en las zonas urbanas en: las actividades de comercio (que incluyen las ventas callejeras) con una participación de 35% del empleo infantil urbano, seguidas del servicio doméstico en hogares privados (7%), panaderías (6%), talleres de automóviles (4%), conservación de alimentos (4%), fabricación de prendas de vestir (3%) y fabricación de muebles (3%). En el sector rural, el empleo infantil está concentrado en la producción de café (30%), caña de azúcar, frutas y hortalizas (18%), ganadería (11%) y banano (8%).

Las recomendaciones de política orientadas a reducir la incidencia del trabajo infantil en Colombia se pueden clasificar en dos grupos: el primero agrupa aquellas que tienen por objetivo cambiar los incentivos y/o las características estructurales de los hogares. El segundo, incluye las medidas de carácter administrativo que pueden focalizar la actividad de inspección, vigilancia y sanción del Estado en ciertas actividades prioritarias.

Con respecto a las políticas de largo plazo que modifican los incentivos de los hogares es importante mencionar aquellas que mejoran el capital humano de la población dado el vínculo claro entre el nivel educacional de los padres, el trabajo infantil y la asistencia escolar; las políticas poblacionales y de planificación familiar que reducen el tamaño del hogar, cuyo impacto sobre el empleo infantil es contundente; y las políticas orientadas hacia la reducción de la pobreza estructural, como el mejoramiento del acceso al crédito (y en particular, créditos de educación) que también tienen como efecto colateral una disminución del trabajo infantil.

Las políticas de corto plazo deben tener como objetivo reducir los incentivos de los padres a utilizar el trabajo infantil como fuente de ingresos a expensas de la asistencia escolar de sus hijos. Con este objetivo es necesario aumentar el costo de oportunidad del trabajo infantil o, lo que es igual, incrementar el retorno privado a la asistencia escolar. Por ejemplo, las medidas que reducen el costo directo de la educación reducen el incentivo a emplear a los menores de edad. Dentro de este tipo de medidas se encuentran los subsidios directos, la reducción de costos escondidos como los uniformes, libros de texto y materiales, la complementación de la educación con beneficios adicionales como nutrición (desayunos, almuerzos, etc.) y/o la educación vocacional que ofrece habilidades y destrezas adicionales. La reducción de los costos indirectos de la educación (como la mayor disponibilidad de escuelas cercanas y la flexibilización de las jornadas) así como el mejoramiento de la calidad de la educación y el aumento de la pertinencia también contribuyen a reducir el trabajo infantil.

La experiencia colombiana con el programa de subsidios condicionados Familias en Acción (subsidios monetarios condicionados a la asistencia escolar) ha sido exitosa en mejorar no sólo los componentes de capital humano como salud, educación y nutrición de los menores más pobres sino que también ha tenido excelentes resultados en términos de reducción de trabajo infantil. Por ejemplo, en el caso de niños de 14 a 17 años, la tasas de ocupación cayó de 45% antes del subsidio a 40% después del subsidio.

Con respecto a las políticas de inspección, vigilancia y sanción los resultados apuntan en la dirección de focalizar las estrategias en grupos, sectores y regiones específicos. Dada la restricción de recursos, la estrategia en este frente debe tener en cuenta que la incidencia del trabajo infantil es mayor en las áreas rurales donde, además, es más fácil identificar los sectores de riesgo. En particular, alrededor del 70% del trabajo infantil en las áreas rurales se concentra en la producción de café, caña, cereales, hortalizas, frutas, banano y ganadería. En las zonas urbanas, los sectores prioritarios son el comercio al por menor, servicio doméstico, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, y la construcción de edificaciones para uso residencial. Como en la mayoría de los casos, las estrategias de vigilancia y sanción deben ir acompañadas de un componente de educación y sensibilización de la población, en el sentido de concientizar a los padres de las consecuencias adversas del trabajo infantil, en especial cuando éste está acompañado de inasistencia escolar.

Finalmente, es preciso advertir que las políticas para combatir el empleo infantil pueden tener algunas consecuencias indeseadas. En algunos hogares el empleo infantil aporta hasta un 20% del ingreso familiar. Por ende, las políticas de prohibición deben acompañarse de mecanismos compensatorios que eviten el aumento de la incidencia de la pobreza en el corto plazo.

[*] Este artículo está basado en el estudio “El Trabajo Infantil en Colombia” realizado por Raquel Bernal y Mauricio Cárdenas en FEDESARROLLO durante 2005 bajo los auspicios de USAID - Colombia Productiva.
[*] Cualquier error u omisión es responsabilidad de la autora más del coautor ni de la agencia financiadora.