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Costa Rica: Denuncian a Alterra en Asamblea Legislativa

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA PARTIDO ACCION CIUDADANA DISCURSO DON MARVIN ROJAS Control político 18 de julio de 2006

Señores diputados, ¿saben ustedes quién es Alterra? Alterra es la empresa que le da ultimata a nuestro país. En La República del 6 de julio afirmó que están “dando la última oportunidad para que la Contraloría refrende el addendum... si no se aprueba de manera inmediata... podrán demandar, frustrados por la inseguridad jurídica y el desorden del gobierno”.

Este tipo de presiones, de amenazas, no las podemos aceptar. El gestor interesado ha incumplido con el contrato, casi desde que inició su gestión:

1) El Consorcio AGI-Bechtel ofreció su “amplia” experiencia para ser adjudicado: fue el que firmó el contrato, es al que se le adjudicó, y el que se comprometió en el contrato a respaldar a Alterra en el diseño, ingeniería, construcción, administración de construcción. 2) y, sin embargo, en poco tiempo traspasó sus acciones a Alterra, que no tiene ni la misma experiencia, ni es el titular de la adjudicación, ni hizo el aporte de capital acordado. Exactamente igual hicieron Bechtel y Alterra en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. 3) Una vez que fue adjudicado (noviembre 1999) pospuso por un año la firma del contrato, y condicionó la firma, al cumplimiento de ciertos términos que no tenían nada que ver ni con la oferta ni con la adjudicación. 4) Una de las razones por las cuales fue adjudicado fue por su compromiso de minimización de costos de operación, algo que no ha sucedido nunca: a. sus costos de operación y mantenimiento se han incrementado en más de $47 millones. b. Sus gastos de desarrollo y financiamiento se han incrementado en más de $15 millones. c. Los costos de ejecución de obras se han incrementado por $22.8 millones. d. Los puentes de abordaje costaron $3.7 millones más que lo acordado en el contrato. Todos estos incrementos suman casi $90 millones, es decir, 4.500 millones de colones

5) Ha suspendido la construcción de obras hasta por casi tres años, sin dejar por ello de cobrar las tarifas, y sin que aún se le hayan cobrado las multas respectivas. 6) Ha reducido la calidad de la mezcla asfáltica, tal como lo evidenció la Comisión integrada por don Guillermo Constenla: se comprometieron con una de tipo AC-40 y la bajaron a una AC-30, costo menor, pero sin rebajar esa reducción del presupuesto de la pista. 7) Ha establecido tarifas por montos injustificados (doceavos y CUAC (se dijo que $1.23/pax, establecieron $4.6) Aumento de ingresos para el Gestor por unos $160 millones en 20 años (desaparición de acuerdo CETAC, abril 2002).

En su mayoría, estos incumplimientos han sido señalados por la Contraloría en diversos informes, así como por diversas personalidades:

1) En el 2002, bajo el título “Congestión Interesada”, el magistrado Manrique Jiménez denunció “excesos del Gestor, cobros no autorizados, variaciones al contrato y otros abusos...No puede un Gestor -que no fue el adjudicatario- poner de rodillas al Estado contratante...por funcionarios de turno calculadores o ingenuos. No debemos permitir [la alteración] del orden jurídico con actuaciones viciadas de plena nulidad”. 2) El exministro Méndez Mata declaró: “en ningún momento se debió aceptar ni tolerar la suspensión de obras, es inconcebile casi tres años paralizadas”. 3) Y, hoy, el ex ministro Rodolfo Silva, escribió en un diario: “Hasta hoy, Alterra ha dispuesto de $90 millones en préstamos, $30-35 millones de capital y $96 millones de los ingresos del aeropuerto en 4 años, pero realizó obras por solo $37 millones, aunque alega haber invertido $ 83 millones, sin duda producto del pago de enormes sobreprecios a sus subcontratistas, que son a la vez sus propios socios (...) No hay derecho a que ahora vengan con un addendum a llevarse mas de $120 millones adicionales con la propuesta del Cetac apadrinada por la ministra, quienes ya embarcaron también al Presidente. El addendum daría a Alterra este año 90% del ingreso, $36 millones, y solo 9.5% al país –misérrimos $3.8 millones-. ¿A cuenta de qué vamos a seguir pagando a Alterra derroches y sobreprecios para sus socios y aumentar la cobertura de su deuda, que es su responsabilidad, y no la del Estado ni la de los contribuyentes al paquete fiscal?”

Esa pregunta, señores y señoras diputadas, como costarricenses, pero sobre todo como legisladores, estamos obligados a contestarla. Nuestro deber es procurar el interés público y, hoy, nos corresponde dar la cara ante tanta barbaridad. Porque el adelanto que se pretende realizarle a Alterra, es ilícito por partida cuádruple: a) por su finalidad espuria; b) porque es una operación activa de crédito que en su caso solo la Asamblea Legislativa podría autorizar ; c) por su verdadero carácter de regalo ilícito ya que no puede ser devuelto; d) por la trampa oculta en el Modelo de Proyecciones Financieras que varía el contrato en cuanto a la indemnización en caso de terminación anticipada, aún por culpa de Alterra, que le permite irse y que aún le quedemos debiendo.

Lo más grave es que Bechtel, que fue quien firmó el contrato y se comprometió a respaldar a Alterra en el diseño, ingeniería, construcción, administración de construcción y control de calidad de obras, según el Apéndice S y apartados 26.3.2 y 26.3.3, permite que hagan en nuestro país lo que han hecho en otros lados:
-  En la India, Bechtel interpuso un arbitraje en contra del gobierno hindú para recuperar su reclamo por $600 millones invertidos en la Compañía Eléctrica Dabhol, en Maharashtra (sep. 2003). A nuestro Gobierno lo ha demandado ante la Sala I por 15 arbitrajes que suman $115 millones.
-  En Bolivia, una revuelta debido a un incremento injustificado en las tarifas, que dejó un joven muerto y cientos de heridos, obligó a Bechtel a abandonar el proyecto Aguas del Tunari en Cochabamba. Bechtel respondió con una demanda contra el estado boliviano, por $25 milllones, en compensación a su pérdida de oportunidad de generar ingresos futuros. (abril 2000). En nuestro país, la Contraloría le rechazó, desde el 2003, “gastos improcedentes” por $18 millones y tarifas ilegales a su favor.
-  En Irak, por el proyecto para reconstrucción de la sociedad, en el 2003, debido a la “pobre infraestructura y la deteriorada estabilidad en Irak”, Bechtel recibió $350 millones adicionales al contrato, incrementando su piso a $1.03 billones. En Costa Rica, con el nuevo Addendum que no hace más que engrosar la lista de prebendas desmesuradas e injustificadas del Ejecutivo, se le adelantan $120 millones a Alterra para que pague su propia deuda a los bancos a los que les debe y por esa plata no se les cobrará intereses ni hay garantías que le obliguen a pagar: en síntesis, un regalo.
-  Lo más grave es lo sucedido en el Big Dig, en Boston, proyecto de Bechtel con otro socio, donde uno de sus túneles por mala calidad de las obras, hizo perder la vida a una costarricense al derrumbarse. En ese proyecto, como en los casos anteriores, la empresa junto a su socio ha recibido $264 millones más de lo acordado y ha incrementado el costo del proyecto en $1.1 billones, la mayoría de las veces para arreglar sus propios errores como diseños erróneos, incompletos, o fallos para implementar trabajos básicos. Además, seis empleados de una subcontratista (Aggregate Industries NE, Inc.) fueron demandados por “conspiración para defraudar al gobierno y declaraciones falsas”. Ellos emplearon en el proyecto concreto sobrante, que no reunía las especificaciones acordadas, pero fue cobrado al precio contratado, mediante facturación equívoca.

Todo lo anterior en relación con Bechtel, pero Alterra, en el Aeropuerto de Lima, Perú, Jorge Chávez, ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho en nuestro país: 1) meses después de haber firmado el contrato, solicita un reajuste de tarifas, aval para endeudarse y cambio de los plazos de construcción: en un año el gobierno cedió a los caprichos, 2) la opinión técnica es que han invertido menos de $30 millones, aunque Alterra declara $165 millones, 3) intentó cobrarle $14 a los pasajeros en tránsito, 4) cobra una tarifa única que sobrepasa la de los demás aeropuertos peruanos: la tarifa nacional es superior en un 40% y la tarifa internacional en un 182%, 5) mediante addenda al contrato, han logrado: la eliminación de causales de incumplimiento de obras que puedan generar la anulación del contrato, la ampliación de las garantías estatales al concesionario, el compromiso del Estado de cancelar las deudas del concesionario en caso de rescisión, entre otros.

Por todo lo anterior, señores y señoras diputadas, es urgente: 1) Crear, como en las dos legislaturas precedentes, una Comisión Especial Investigadora para que dé seguimiento al Contrato de Gestión Interesada y de esa forma garantice su cumplimiento. 2) interpelar a la ministra del MOPT mediante comparecencia ante este Plenario, para que les explique a los costarricenses, y a nosotros, lo dispuesto en el Addendum y realice una justificación de sus ominosos alcances. 3) solicitarle al Gestor Interesado, Alterra, abrir sus cuentas, estados financieros y relacionados, a una auditoría pública. 4) Asimismo, le he solicitado a la Ministra de Obras Públicas y Transportes, que gestione un estudio de la UCR (LANANME), para garantizar que en Costa Rica, en la pista o infraestructura del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, no sucederá una vicisitud igual o peor a la ocurrida en Boston.

Herbert Mujica Rojas

Herbert Mujica Rojas Autor de la columna Señal de Alerta y responsable de Páginas Libres, periodista peruano, analista político y ensayista en temas geopolíticos, ambientales, seguridad documentaria y otros vibrantes acápites de su país y Latinoamérica. Escribió en el 2007 el libro ¡Estafa al Perú! ¡Cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas!
Es posible conectar con él al teléfono (+51) 9-9918-0913.

 

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