Los diferentes procesos de transformación del medio ambiente en Colombia se han acentuado en los últimos 45 años en sus cuatro regiones geográficas. Esto ha ocurrido como resultado del crecimiento de los centros urbanos, la creciente expansión de la frontera agrícola y ganadera, el surgimiento de industrias manufactureras primero y luego la consolidación de mayores complejos relacionados con la industria petroquímica.

Hasta hoy, tales procesos han ocasionado todas las formas y tipos de impactos ambientales conocidos, exceptuando por fortuna el referido a la contaminación radioactiva.

En términos de afectación ecosistémica, el siguiente es el panorama actual (2006) de los principales biomas estratégicos en Colombia: Las selvas húmedas tropicales –Amazonia y Chocó biogeográfico-, están siendo deforestadas a razón de doscientas mil hectáreas anuales por cuenta de las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, los cultivos ilícitos y la fumigación aérea; los principales ríos de las vertientes Atlántico y Pacífico son permanentemente contaminados por el vertimiento de residuos industriales tóxicos y de aguas negras sin tratar; extensas áreas de los humedales del norte del país han sido convertidos en campos agrícolas o en potreros para pastar ganados; los bosques de ladera y las zonas de alta montaña de nuestras tres cordilleras, incluidasla Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de La Macarena, están siendo talados a una tasa anual que supera 29 veces la tasa de reforestación acometida en el país; la contaminación del aire que respiramos se ha triplicado en las últimas dos décadas en las principales ciudades colombianas como resultado del aumento en las emisiones industriales de gases tóxicos y las emisiones provenientes del transporte automotor; el 58% de la zona costera colombiana (lagunas interiores, caños, ciénagas, bahías, ensenadas, golfos, manglares, arrecifes coralinos, islas e islotes) –especialmente en el litoral Caribe- ha sido severamente transformada.

Desafortunadamente los resultados de algunos de estos impactos ambientales no sólo afectan el estado de nuestros recursos naturales, sino que tienen graves consecuencias en la salud humana, especialmente aquellos relacionados con la contaminación del aire que respiramos, las aguas que bebemos o los peces y otros alimentos que consumimos.

Ahora bien, los mayores impactos ambientales (contaminación y deforestación) han ocurrido en Colombia durante los últimos 25 años, muy a la par de la promulgación de numerosos decretos, leyes y resoluciones que con precisión milimétrica han regulado y reglamentado cada uno de las materias inherentes al medio ambiente (suelo, agua, bosques, fauna, pesca, contaminación, etc.); y lo que es peor, tales impactos ambientales continúan ocurriendo muy a pesar de la existencia de numerosos entes de gobierno, todos con funciones especializadas en el tema ambiental –desde institutos descentralizados, departamentos administrativos en las grandes ciudades y corporaciones autónomas regionales, hasta un ministerio.

¿Significa esto que hemos llegado a este nivel por falta de políticas claras? ¿De instituciones gubernamentales? ¿De instrumentos jurídicos? ¿De instituciones educativas con programas de formación en las diferentes especialidades? Todo indica que no. Lo que si esta claro entonces es la incapacidad del Estado –léase la de sus organismos estatales-, para detener la frenética arremetida en contra del patrimonio ambiental de la nación.

Así las cosas, el ciudadano del común en Colombia ha quedado no sólo expuesto, sino indefenso ante los agentes causantes de gravísimos impactos ambientales. Los explotadores del oro de aluvión en los principales ríos de las cuatro cuencas hidrográficas del país contaminan aguas y peces con sus desechos de mercurio, y mientras las muestras de sangre tomadas a los habitantes ribereños registran concentraciones de mercurio en los organismos de pescadores, mujeres y niños hasta treinta veces superiores a los niveles máximos permitidos, ninguna autoridad ambiental o judicial hace, o dice algo. Mientras las aguas residuales de todos los municipios y ciudades colombianas son impunemente vertidas sin tratamiento alguno a los cuerpos de aguas naturales –es decir, cargadas de materias fecales-, a los habitantes afectados solo les queda velar a sus niños muertos por deshidratación diarreica sin que ninguna autoridad ambiental, administrativa, de salubridad, o judicial haga algo o diga algo. Mientras el aire que respiran los habitantes de Bogota es contaminado con los 10 millones de toneladas de gases tóxicos emitidos diariamente por el parque automotor obsoleto que impunemente transita por las calles de la ciudad, 65 niños mueren todos los días como resultado de graves complicaciones respiratorias, sin que la autoridad ambiental, o administrativa, o judicial, o de salud diga algo o haga algo. Ni qué decir acerca de la situación patética que soportan las aguas de los ríos Bogotá, Cali, Medellín, Cauca, o de la bahía de Cartagena, o la Ciénaga de la Virgen……

¿Qué debe hacer entonces el ciudadano afectado o indignado por la flagrante contaminación de sus aguas o del aire? ¿O por la flagrante deforestación de su cuenca hidrográfica? A la ciudadanía le corresponde aferrarse –de manera individual o colectiva- al recurso legal conocido como “Acción de Cumplimiento”, el cual esta sustentado por la propia Constitución Política Colombiana de 1991, como instrumento de participación ciudadana para exigirle a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la ley. Así las cosas, deberá ser la propia comunidad afectada o interesada en proteger su archipiélago, golfo, bahía, río, quebrada, lago, ciénaga, páramo, bosque, etc., quien deba adelantar la organización de su propio movimiento solidario. Y sobre todo, que esa organización o movimiento asuma el compromiso de denunciar ante la justicia ordinaria y ante los medios de comunicación a los responsables de la afectación a su salud y/o del daño al medio ambiente.

Se espera entonces que los movimientos ciudadanos dedicados a la defensa del medio ambiente en Colombia empiecen a jugar un papel decisivo en cada uno de los casos que hoy ameritan la presentación formal de denuncias. Sin embargo, para ello es imprescindible que existan al menos dos ingredientes básicos: a.) Decisión, compromiso, y/o voluntad de defender su ecosistema acuático o terrestre; y b.) La construcción de una amplia base ciudadana a la cual deben no sólo responder, sino representar.

Fernando Rey Navarro