Conflictos, resistencia e historia de los Cerros Orientales

Los cerros orientales forman parte del sistema de áreas protegidas del distrito capital y del orden nacional; son parte de la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá y de la estructura ecológica principal. Son considerados patrimonio ambiental para la sostenibilidad presente y futura del distrito capital y de la región, entre otras cosas por su riqueza en agua, flora, fauna y paisaje y por la presencia histórica allí de hombres y mujeres que los han cuidado, los han defendido y han resistido frente a las pretensiones de desalojo arbitrarias.

El agua que surte a 20 millones de colombianos de la región centro: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, proviene de los cerros orientales.

A pesar de ser estratégicos para la sostenibilidad de la ciudad y de la región, su mayor vulnerabilidad es la insensibilidad de quienes toman decisiones frente a su preservación y conservación, que no puede traducirse en medidas absurdas como la propuesta de reubicación de aproximadamente 93 mil personas que allí habitan, como pretende ahora la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- mediante la resolución 1141.

Ya en 1803, Humboldt, al visitar la ciudad, anotó con sorpresa y dolor que entre Tunja y Bogotá, casi no había bosques, pues se habían talado para hacer potreros, alimentar chircales, chimeneas y cocinas. (Alfredo Molano, El Espectador, diciembre 2005). Los intereses económicos yel mercado han estado siempre por encima de su riqueza y biodiversidad.

Los cerros históricamente se han visto enfrentados a los conflictos de intereses entre diversos actores especialmente los de los urbanizadores de todos los tiempos, y a la falta de claridad de competencias y de articulación de las autoridades ambientales: Ministerio del Medio Ambiente, la Car y el Departamento Administrativo del medio ambiente (Dama).

A comienzos del siglo pasado, 100.000 habitantes ocupaban la ciudad de Bogotá. La calle principal que bordeaba los cerros, por la cual sus habitantes recorrían la ciudad de sur a norte se llamaba “Calle Real, Camino a Tunja, posteriormente carretera central del norte y ahora carrera séptima. En la calle primera comenzaban las casas, e iban hasta la fábrica alemana de cervezas “Bavaria” después de la cual se iniciaban los campos y potreros de las haciendas sabaneras”.[1]

Quienes decidían continuar hacia esas lejanas Quintas y Haciendas de Chapinero, al pasar por el Río Arzobispo (calle 39), podían divisar algunas columnas de humo que provenía de los chircales donde un puñado de hombres, mujeres y niños/ as, recién llegados de remotos pueblos de Boyacá y Cundinamarca, amasaban la greda de los cercanos cerros para convertirla con la ayuda del fuego, en ladrillos que darían vida a nuevas edificaciones en la creciente ciudad.

Encrucijada de los Cerros

Los cerros se han movido entre dos tendencias: una que podría denominarse la conservacionista ortodoxa en la cual los pobladores de los estratos uno y dos que allí habitan pareciera que sobran. Hay que desalojarlos porque ocupan la mejor tierra de Bogotá, donde se respira el mejor aire, donde el agua es más pura y se goza del mejor paisaje. Quienes así piensan pareciera que no reconocen a estos hombres y mujeres como parte de la vida. Otra, la del capitalismo salvaje cuyos protagonistas los mal llamados neoliberales ven en cualquier pedazo de tierra la oportunidad para urbanizaciones de estratos cinco y seis o circuitos turísticos lucrativos. No ha sido posible armonizar la propuesta de “cerros habitados y cuidados” de la Mesa de Cerros.

A esta situación se añade la dificultad para confiar en el buen juicio de las autoridades ambientales porque hasta la fecha han dado golpes de ciego. Desde que el Inderena delegó en la CAR las funciones que le competían en la administración y el manejo de las áreas de reserva forestal, de que trata el acuerdo 30 de 1976, son múltiples las resoluciones, y la derogación de las mismas. Así, resulta prácticamente imposible tener claridad sobre cuál es la reglamentación existente: más bien se podría aventurar que las reglamentaciones responden a coyunturas políticas y económicas que muestran una gran debilidad de quienes por años han gobernado a nivel nacional, regional y local con una visión de país y de ciudad excluyente y no sostenible. Los resultados de la no sostenibilidad en los cerros ya se empiezan a sentir: degradación por exceso de urbanización: edificios, restaurantes, batallones, colegios, universidades, explotación de canteras, entre otros.

Los cerros deberían pensarse sin el ánimo privado y de lucro que ha caracterizado a quienes han definidos muchas de sus políticas, y más bien reconocer en ellos un territorio donde hay desarrollos urbanísticos que hay que ponerles límites concretando los bordes para su conservación. Armonizar la naturaleza y la cultura, los seres humanos y los ecosistemas frágiles como este. No se trata de manipular amenazando con desalojos a quienes están en posición de vulnerabilidad por la pobreza y que han sido habitantes históricos y son muchos de ellos los cuidadores de los cerros. Su pedazo de tierra no fue producto de la invasión sino del pago que les hicieron por sus prestaciones sociales los hacendados y dueños de chircales.

Debe haber en la legislación sobre los cerros, una mirada de continuidad entre los territorios urbanos y rurales que los componen además de los ecosistemas quienes allí habitan.

En los cerros hay además un choque endémico de trenes en los que al parecer la entidad perdedora es el Distrito, Planeación Distrital y el Dama por competencias cruzadas con la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente. Lo Nacional mata lo Distrital.

Un hecho para analizar, es por ejemplo cómo la definición de Reserva Forestal Protectora no quedó registrada en la oficina de instrumentos públicos, vacío que los urbanizadores, constructores e invasores han invocado a favor de sus bolsillos, como lo señaló A. Molano en su columna del Espectador (diciembre 2005). El tribunal administrativo de Cundinamarca emitió una resolución tratando de impedir que por esa ventanilla se autorizara la urbanización de los cerros. No obstante esta medida cautelar, la ministra del medio ambiente Sandra Suárez en 2005, dictó otra resolución, la 0463 de 2005 que sustrae de la reserva aproximadamente 1.000 hectáreas: 400 en barrios populares y 600 en barrios de lujo. Conocidos urbanizadores han comprado derechos que les dan derecho, respaldados por el gobierno central, a burlar el derecho de los bogotanos a gozar de un bien público.

Mientras tanto la acción del Dama aparece desdibujada porque pese a sus intentos de dialogar con las comunidades y de conciliar sus intereses para armonizar este bien público con el Plan de Ordenamiento Territorial y con los derechos adquiridos a una vida y una vivienda dignas de los habitantes que allí han permanecido por años, su posibilidad de incidencia en las políticas públicas es muy poca, pues por encima de ella pasan, como a manera de buldózer, la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente y esto en razón de que los cerros tutelares son patrimonio de la nación.

El futuro de los cerros es incierto, pero esta íntimamente ligado a quienes son sus dolientes y buscan propuestas sostenibles que incluyen procesos permanentes de formación, organización y movilización para que pueda darse una concertación de propuestas que tengan el bien público por encima de los intereses individuales y privados que intentan apropiarse del patrimonio ambiental expresados en los cambios de los usos del suelo, la sustracción de la reserva y el tratamiento de la estructura ecológica principal.