Durante los últimos cuatro años se han establecido los fundamentos de una nueva política ambiental que se caracteriza por una menor influencia del Estado, de la academia y de los movimientos ambientalistas y un mayor poder de los intereses políticos y empresariales. En los últimos meses el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha iniciado un proceso conducente a plasmar en la ley y en la estructura administrativa esta nueva política, modificando el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y eliminando en el Ministerio la Dirección de Ecosistemas.

En lo teórico, la nueva política parece seguir los lineamientos ideológicos característicos del utilitarismo y del modelo económico-político neoclásico-neoliberal, acercándose a las posiciones ambientales asumidas por el gobierno de Bush y alejándose de la experiencia cercana de Colombia y de otros países latinoamericanos. En esas nuevas posiciones el ambiente es considerado como un conjunto de recursos naturales, los instrumentos más favorecidos son los de tipo económico y los actores más poderosos son los empresarios; el concepto de ecosistema desaparece y pierden importancia tanto los llamados instrumentos de “comando y control”, como las opiniones y presiones que puedan ejercer los grupos académicos, las comunidades indígenas, las organizaciones ambientalistas y las organizaciones de base. Así, desaparecen la heterogeneidad y el pluralismo establecidos en el Código de 1974 y en la ley 99 de 1993, normas en las cuales estaban presentes, con similar importancia, todos los instrumentos y todos los actores, con lo cual se favorecían posiciones más pragmáticas que ideológicas.

Los pasos ya dados por el Ministerio nos indican la gravedad del cambio de rumbo. Durante los primeros meses del gobierno de Uribe las Corporaciones Regionales fueron presionadas para reducir sus plantas de personal, aplicando el concepto industrial de maximización de la productividad del trabajador y olvidando que la gestión ambiental requiere del contacto personal del funcionario con los problemas reales y, por lo tanto, para ser efectiva debe ser intensiva en mano de obra. En esos mismos meses el Ministerio estableció varias alianzas con los sectores empresariales como los mineros de materiales de construcción, entre otros, y trató de resolver problemas complejos con herramientas técnicas centralizadas. Esta medida lo llevó a cometer errores sorprendentes como aumentar las zonas de minería en un municipio verde, caso sucedido en Tabio, en donde la extracción de gravilla está ya originando destrozos del paisaje semejantes a los generados en el sur de Bogotá.

Antes de agosto de este año, el Ministerio tomó varias decisiones opuestas a las recomendaciones de los institutos de investigación vinculados al Sistema Nacional Ambiental y contradictorias con las de sus propios funcionarios. Se rumora que el trámite que sufrieron algunas de estas decisiones no fue normal ni transparente, como sucedió en las relacionadas con la importación de residuos peligrosos y en la aprobación del puerto en Dibulla. El mayor interés del Ministerio fue, durante los últimos años del primer período de este gobierno, lograr la aprobación de la Ley Forestal y apoyar el trámite de la Ley de Aguas con las cuales se desarticulan el Código de 1974 y la Ley de 1993, siguiendo fielmente la visión del ambiente como un conjunto de recursos naturales y no como un sistema complejo y facilitando su manejo en los mercados, de acuerdo a los postulados del modelo neoliberal.

Como defensa de las nuevas posiciones algunos funcionarios y ex-funcionarios explican que se trata de seguir las orientaciones del desarrollo sostenible, establecidas también en la Ley 99 de 1993 y que el Ministerio está obrando de acuerdo a su nueva estructura, en la cual tiene funciones relacionadas con el desarrollo territorial, con la vivienda y con el agua potable. Sin embargo, en todos los modelos de desarrollo sostenible, lo ecológico, lo social y el tratamiento intersectorial, son puntos fundamentales y el Ministerio no se ha interesado en emitir políticas en las cuales se integre a sí mismo, como podría ser en el caso del poblamiento del territorio, ni ha intervenido con suficiente fuerza para prevenir oportunamente casos gravísimos de afectación de los ecosistemas y las comunidades étnicas, como es el de las plantaciones de palma africana en los territorios afrocolombianos del Chocó biogeográfico.

Lo que está sucediendo se intensifica en el documento que ha propuesto la Presidencia de la República y el DNP, como guía para los siguientes 13 años, el llamado 2019, Visión Colombia II Centenario, en donde se consolida la consideración del ambiente como un conjunto de recursos naturales renovables y se proponen políticas para su explotación económica. La existencia de límites o sea el postulado fundamental del desarrollo sostenible, se olvida en este documento, dirigido, casi exclusivamente, a vender el país y sus bienes a posibles inversionistas extranjeros, proyectando una imagen falsa sobre la existencia de recursos “gigantescos e inexplorados” en el mar, en los bosques, en los suelos y en las estructuras geológicas, recursos ya negados en numerosos estudios realizados tanto por los científicos colombianos, como por consultores extranjeros. La visión integral y compleja de nuestro territorio como un buen sitio para vivir y recrearse, desaparece ante la obsesión por lograr promover grandes negocios, exagerando lo que se tiene y tratando de entusiasmar incautos con la misma retórica con que se han ocultado, durante generaciones, los enormes obstáculos que aporta nuestra geografía y nuestras estructuras sociales[1]. Lo importante para el gobierno es ceñirse al dogma, insistir en que Colombia es solamente otro espacio plano en el cual se tienen que cumplir los procesos que describió Shumpeter en 1911; no importan los costos ecológicos, sociales y economicos generados en los megaproyectos que fracasen.

Es obvio que la nueva orientación corresponde exactamente a las líneas ideológicas dominantes en el gobierno de Uribe y que sería ingenuo esperar algo diferente cuando en los consejos comunitarios solo los lideres empresariales y políticos gobiernistas locales tienen presencia principal y cuando todos los movimientos minoritarios, como los de los indígenas, los de los desplazados, los ambientalistas o los de los sindicalistas, se perciben como perdedores, ajenos a los triunfos del partido de gobierno, todo esto a pesar del interés que el propio Presidente manifiesta por los temas ecológicos y sociales.

Sin embargo el temor a ser ingenuo no debe desplazar la responsabilidad que todos tenemos de señalar, desde la oposición y en medio de las minorías, que la gestión ambiental se está reduciendo a lo que puedan hacer los pobres e imperfectos mecanismos del mercado o al posible y voluntario altruismo de los empresarios.

1] Ver Carrizosa, Julio. Colombia de lo imaginario a lo complejo 2003. IDEA U.N. Bogotá