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Durante el sexenio del cambio las “cifras alegres” de Vicente Fox son apenas un espejismo para más de 20 millones de trabajadores rurales. La pobreza, la emigración, el desempleo, la marginación y la falta de desarrollo tecnológico no figuran en los datos oficiales entregados en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, el primero de septiembre.

En su VI Informe de Gobierno, Fox sueña haber logrado un “crecimiento con calidad” a lo largo de su administración, y presume logros y fortalecimiento a los apoyos gubernamentales del sector agroalimentario y pesquero, con un presupuesto para el 2005 de 48 mil 396 millones de pesos y en 2006 de 51 mil 14 millones de pesos, asignados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Convencido de haber estimulado las políticas necesarias para el desarrollo de grupos y zonas rurales prioritarias, el presidente resalta que estas medidas sirvieron “para garantizar la seguridad alimentaria, aumentar el ingreso de los productores, la generación de empleos, el ordenamiento de los mercados, recuperar la competitividad y las capacidades de los productores del campo; así como contribuir al bienestar familiar y a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”.

Pero expertos en la materia aseveran que los “beneficios” de los que habla Fox son un “cuento chino” presidencial, pues los únicos favorecidos por el esquema panista fueron los medianos y grandes empresarios, no así los campesinos.

El diputado Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo (PT), dice que el titular del Poder Ejecutivo falló a los campesinos en todo su mandato. “Miles creyeron que encabezaría una transformación en este país, sobre todo en un sector tan agraviado; sin embargo, en seis años no le aportó nada nuevo, son las mismas políticas que impulsó el Partido Revolucionario Institucional.”

En el campo existen más de 23 millones de personas que subsisten en situación de miseria, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); además de los 2.4 millones de emigrantes que han salido en busca de nuevas formas de empleo durante el mismo periodo, reportados en el segundo Conteo de Población y Vivienda que llevó a cabo la misma institución.

Acuerdo Fallido

En los primeros renglones del VI informe de gobierno se destaca el “avance” que se tuvo en la materia, luego de que en abril del 2003 se firmara el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) entre el gobierno federal y las organizaciones campesinas.

El discurso foxista afirma que con este documento se establecieron compromisos “socialmente compartidos entre los tres órdenes de gobierno y con la participación de ciudadanos y organizaciones”. En el ANC se comprometieron 282 puntos estratégicos para crear un nuevo modelo rural de mercado con apoyo estatal.

“El Acuerdo ha promovido la institucionalización de espacios de participación social y democrática para el desarrollo rural sustentable; la ampliación de infraestructura y la capitalización física y humana; la creación de apoyos y subsidios de alto impacto en la productividad y competitividad; mayor acceso a los servicios de educación, salud, capacitación y transferencia de tecnología; y una planeación por cadena productiva, cuyos resultados se describen a lo largo del presente apartado”, dice el Informe.

Sobre el optimismo que se refleja en el pliego, el también coordinador de la Organización de Defensa Campesina Plan de Ayala de Durango, Gustavo Pedro Cortés, dice que la firma del ANC sólo es un reconocimiento del presidente respecto a los graves problemas del campo. No obstante, el compromiso no fue cumplido en ninguno de sus puntos.

“Lo firmó en Palacio Nacional. Fuimos partícipes de la lucha por lograr un acuerdo. Después todo, fue letra muerta. Esta actitud nos hace pensar que él (Vicente Fox) y el PAN se han propuesto intensificar el proceso de exclusión de los campesinos en la economía nacional”, apunta el líder agrario.

Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), coincide con el legislador petista y agrega que los efectos “verdaderos” no son los anunciados por el gobierno de Fox. “En el ámbito social y político la incongruencia ha sido total entre el discurso y los resultados en materia de la ley indígena. Así como el incumplimiento de objetivos del ANC”.

Andrés Bermúdez Miramontes, legislador panista en la Cámara de Diputados y exitoso empresario del ramo, concuerda con los dirigentes campesinos al afirmar que el sector ha sido abandonado. No obstante, al ser cuestionado sobre el incumplimiento del ANC advierte que este es un asunto que sólo se ha politizado.

Conocido como el “Rey del tomate”, Bermúdez Miramontes, afirma que en el país “todas las cosas las politizan. Se busca al diputado, al senador, pero ninguno piensa en el campesino. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con el pueblo. Si una ley se aprueba o se llega a un acuerdo, tiene que ser pensando en la gente. Eso es lo que necesitamos, que en México se dejen de grupos políticos para poder funcionar”.

Emigrante a Estados Unidos en la década de los 70, el zacatecano reconoce que el agro ha fracasado ya que las políticas gubernamentales no se han concentrado en buscar un mercado ideal para los productores nacionales, entre otras cosas.

Insuficiencia en programas agrícolas

En el VI informe también se da cuenta de los “avances” en materia se subsidios a través de los programas que aplica la Sagarpa. Según el documento, se siguió con el estímulo en “las acciones orientadas a elevar la producción del campo; propiciar un desarrollo rural con enfoque territorial; impulsar la competitividad de las cadenas productivas; fomentar la sustentabilidad de los recursos suelo y agua; fortalecer la investigación y transferencias de tecnología; así como promover la reconversión productiva”.

Las cifras indican que en 2005, a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se entregaron recursos por 14 mil 180 millones de pesos a aproximadamente 2.4 millones de productores, poseedores de 3.5 millones de predios, lo que implica una superficie cultivable de 12 millones de hectáreas.

Tan sólo en la aplicación del Procampo, el más promovido en este gobierno, los especialistas aseguran que ha habido una exclusión en la entrega de recursos y ha sido insuficiente el apoyo a través de éste. Sin dejar de lado que se ha favorecido a las medianas y grandes empresas nacionales.

Argelia Salinas, académica del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM explica en su análisis Las políticas actuales de apoyo al campo en México, alcances y límites que “pese a la variedad de tales programas y a la profusa difusión dada a los mismos en los medios de comunicación masiva, diferentes fuentes dan cuenta de su insuficiencia de acuerdo a las necesidades de productores y comercializadores”.

La experta en economía agrícola por el Iiec enfatiza que el Procampo, destinado a productores de granos y oleaginosas del país, actualmente incluye “la celebración de contratos de cesión de derechos de los productores con empresas comercializadoras e instituciones financieras, para la obtención anticipada de recursos y así adquirir insumos agrícolas.

“Esta modalidad, nueva en su tipo –dice la académica de la UNAM–, facilita la agricultura por contrato, favoreciendo principalmente a las grandes empresas transnacionales productoras de insumos”.

El líder de la Organización de Defensa Campesina Plan de Ayala de Durango, Gustavo Pedro Cortés, agrega que el presidente “se ha empeñado y ha sido buen promotor de sus notas pero es información que no corresponde a la realidad.

“En mi calidad de dirigente conozco a detalle las dificultades que tiene los campesinos para acceder a los programas, la insuficiencia de los recursos y lo tardío que llegan. De tal suerte que lo que él dice es un cuento chino porque habla de otro país, no del de nosotros”, dice.

Otro de los programas señalados por el también legislador petista es el de Alianza Contigo. Según el VI Informe promueve la capitalización del sector, el fortalecimiento de las cadenas productivas, el desarrollo tecnológico y el uso intensivo y sustentable de los recursos naturales. En este renglón se ejercieron mil 907 millones de pesos en el 2005.

Entre algunas de las adquisiciones hechas por el gobierno federal se encuentran mil 288 tractores, 526 sembradoras y 512 implementos agrícolas, “que permitieron la realización de labores mecanizadas en 64 mil 440 hectáreas, en beneficio de dos mil 439 productores”.

Gustavo Pedro Cortés asegura que este tipo de programas es excluyente porque los recursos llegan solamente a los productores medianos y grandes, no al sector social que no tienen acceso porque su estructura financiera es excluyente.

“Para adquirir un tractor, explica, el gobierno aporta 50 mil pesos. Un tractor cuesta 300 mil pesos, ¿cómo se puede mecanizar el campo con esa propuesta? Primero piden que compren y luego que la gente presente sus facturas para entregarles el apoyo.

“Los únicos que han ganado en este sentido son las distribuidoras de maquinaria. Dejan fuera a los campesinos del sector social que son los que más necesitan porque no se tiene la solvencia para pagar una máquina de ese tipo. No es posible”, acentúa.

Para el “Rey del tomate”, Andrés Bermúdez, el problema no es la entrega de tractores. “De todos modos para qué los quieren. Desde el momento en que el campesino pone una semilla en la tierra ya tiene que saber a quién se lo va a vender y a qué precio. Eso es exactamente lo que tiene que hacer este gobierno porque si no vamos a seguir igual Al buscarles el mercado a sus productos, ellos buscarán como comprar el tractor”.

Emigración, olvido y remesas

Convertidos en territorios expulsores de mano de obra, estados como Guanajuato registran un déficit en su población masculina, según datos del INEGI. En el segundo Conteo de Población y Vivienda se advierte que el mayor déficit de hombres se registra en esta región del bajío con 90.8 varones por cada 100 mujeres; Michoacán con 91.3, Oaxaca con 91.4, el Distrito Federal con 91.7, Hidalgo con 92.2, Zacatecas con 93.1 y Jalisco con 94.4.

No obstante el análisis halagüeño que hace el presidente Vicente Fox en su último Informe, las cifras de pobreza, migración y abandono del sector no se pueden ocultar. Todo ha ido más allá de la promoción del gasto ejercido en su administración.

“La migración es muestra definitiva de que no ha habido beneficios”, dice el legislador del PT, Gustavo Pedro Cortés. Y es que para el también líder agrario es muy grave ver la descomposición familiar que hay entre la gente que habita el sector, consecuencia de la falta de empleo y productividad. Contundente, señala: “es una vergüenza ver que el mayor subsidio que tiene el campo mexicano son las remesas. Es dramático.”

De acuerdo con los balances del Banco de México (BM) tan sólo durante el periodo de abril a junio de de este año, el ingreso de divisas por remesas fue de seis mil 240 millones de dólares; es decir, aproximadamente 68 mil 640 millones de pesos, lo que significan 17 mil 626 millones de pesos menos que los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2006.

Es así como las “cifras alegres” que entregó el presidente Vicente Fox a los legisladores el primero de septiembre, se alejan abismalmente de la dramática realidad por la que atraviesa el campo mexicano.