“No elige bien, no elige efectivamente más que aquel que es efectivamente elegido”. GILLES DELUEZE

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En la democracia liberal, las elecciones son la continuación de la política por otros medios: por el discurso, la imagen y el marketing, por la representación.

Cuatro procesos caracterizan el actual juego electoral:

el realineamiento del imperio ante la democracia;

el alto porcentaje de ciudadanos/as que desconfían del sistema político, en particular del Congreso Nacional;

el fortalecimiento del control de la partidocracia sobre las reglas y la institucionalidad electoral; y

la incapacidad de las fuerzas alternativas para unificarse orgánica y programáticamente.

EL GIRO IMPERIAL

La democracia liberal fue uno de los emblemas del ’fin de la historia’ proclamado por Occidente, después de la caída del Muro.

El mapa mundial estaba marcado por la expansión triunfal de la democracia representativa; incluso las nuevas guerras preventivas podían justificarse por la necesidad de instaurar la democracia. Sin embargo, la astucia de la historia la ha convertido, en manos de los pueblos, en un boomerang contra el poder constituido; dentro de los cánones de la democracia representativa el mapa político de nuestra América se ha transformado: los dispositivos democráticos han permitido el triunfo de gobiernos insumisos sobre todo en la ribera atlántica, y la emergencia de un nuevo poder constituyente.

La expansión de esta ola, alarmó al imperio, sobre todo después del triunfo de Evo Morales en Bolivia.

El discurso imperial ante la democracia empezó a girar. Robert Zoellick, Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, proclamó que "la brecha que hoy encaramos no es entre izquierda y derecha, sino entre regímenes democráticos y autoritarios, sean estos electos o no"  [1]; el problema ya no está en si los gobierno son democráticos o no, sino en la nueva amenaza de los gobiernos “neopopulistas”.

El discurso de Washington se aleja de la legitimidad de la democracia y gira hacia salidas autoritarias y el refuerzo del control de los procesos electorales: la vuelta de tuerca de la segurización de la política.

El fantasma principal es Chávez, ante el cual se creó la doctrina de la certificación democrática desde la OEA. Ahora el nuevo punto de inflexión se presentó ante las elecciones de Perú: la amenaza del triunfo de Ollanta Humala, obligó a las fuerzas del orden, locales y transnacionales, a cerrar filas en torno a Allan García; aunque el ’triunfo’ marcó un empate de fuerzas. Este empate tiene su signo principal en las elecciones de México y las denuncias de un fraude controlado desde arriba para detener el triunfo de López Obrador: a pesar de la proclamación ’oficial’ de Felipe Calderón como Presidente, persiste un poder paralelo. En Nicaragua la imagen del FSLN, aunque recortada, amenaza la frontera del poder imperial.

El Ecuador se presenta como el eslabón necesario para cerrar la cadena en torno al eje Uribe-García, asegurar del control del área andina y cerrar el paso a la expansión del ’neopopulismo’, liderado por Chávez. Las elecciones en Ecuador están bajo la vigilancia del poder norteamericano, sobre todo cuando es necesario asegurar «la continuación de la política» imperial sobre temas que siguen pendientes, en particular el TLC, el Plan Colombia y la Base de Manta, ligados al control de la Amazonía, los contratos petroleros.

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VIGENCIA DEL RECHAZO

El 98% de los ecuatorianos/as manifiesta que desconfía del Congreso. A un mes del sufragio, según Informe Confidencial, el 54% de electores no tienen candidato presidencial y el 36% expresa que va a votar nulo; la tendencia se refuerza en el voto para diputados. A esto hay que sumar un 13% que expresa su simpatía por un candidato presidencial, pero no su decisión de voto. Las ubicación de los candidatos en las encuestas se construye con un tercio del pronunciamiento ciudadano. Aunque los porcentajes de indecisión tenderán a reducirse conforme se acerque la hora de la votación, hay signos de que el resultado final mostrará un crecimiento sustancial del voto nulo, sobre todo para diputados.

La crisis y el rechazo se proyectan también a los otros ’Poderes’ del Estado: los ’borbuvideos’ [2] han atizado nuevamente la polémica sobre la corrupción y la ilegitimidad de la Corte Suprema de Justicia. La conexión Álvarez con el narcotraficante Prada y con cuatro cúpulas presidenciales, evidencia que el poder, arriba, está atravesado por intereses obscuros.

La energía social purificadora que ha emergido desde los/las actores sociales a lo largo de esta década de inestabilidad y crisis política se mantiene vigente, pero ahora tiene un cauce para expresarse dentro del terreno institucional. Esta potencialidad ha sido condensada en la propuesta, levantada por Eduardo Delgado del Movimiento Gente Común, de ilegitimar al Congreso con el voto nulo para diputados, y de legitimar la Asamblea Nacional Constituyente Soberana como la única fuente con poder de legislar para los cambios que requiere el país.

Ante la imposibilidad de elegir no queda otro camino que ilegitimar el propio acto de elegir.

Elige quien previamente ha sido elegido: elegir es no sólo un acto de futuro, es la confirmación de las posibilidades presentes y, aún más, es la confirmación de una visión del país que queremos, es la confirmación de que hemos sido elegidos para realizar ese país que queremos.

Las cartas marcadas cierran la posibilidad de elegir un país diferente: la posibilidad de elegir viene desde fuera de las reglas.

Pero entonces viene la pregunta: y por qué no anular el voto para todas las dignidades, incluida sobre todo la elección presidencial. Allí se presenta el cálculo de un paso forzado, aceptado como condicionado y transitorio, para viabilizar el sentido final de la elección, la Asamblea Constituyente, entendida como la apertura de la posibilidad de elegir. Para ello no hay una explicación ontológica, sino apenas una explicación de decisión y cálculo político: toda decisión, sobre todo política, tiene un exceso que se expresa como arbitrariedad, aunque la decisión ’justa’ reduce ese exceso por la aceptación de ’lo correcto’.

Ese exceso en la política viene desde lo irrepresentable, desde la disrupción de la multitud; funciona fuera de la democracia representativa y se produce ya no en el triunfo del candidato-representante, sino en su desaparición en la constitución del sujeto capaz de constituir un nuevo orden.

No se trata en realidad del acto de elegir un presidente, sino más bien del reconocimiento del límite de las fuerzas para poder actuar en la ilegitimación del sistema en su conjunto.

De hecho desde esta visión no hay ninguna recomendación de votar por un binomio determinado, sino más bien se plantea la medida de una exigencia a los electos desde el nuevo poder constituyente que queda implícito. Por lo cual más bien lo que se elige es una táctica: operar desde la ilegitimación del punto más debilitado del poder constituido, el Congreso, para abrir espacio a la fuerza suficiente para abordar el cambio del conjunto.

El reconocimiento de esta elección ’forzada’ es lo que puede sustentar la validez y la aceptación de la propuesta: el objetivo es no quedarnos en un simple pronunciamiento que luego se disuelve, sino en poder contabilizar el voto nulo, visualizarlo, para poder proyectar su validez ya no sólo en la legitimidad, sino también la legalidad..

Esta perspectiva estratégica tiene que diferenciarse del uso instrumental del voto nulo y del discurso de la Constituyente para beneficiar una candidatura presidencial. Esta acción puede ser eficaz, como muestra el crecimiento de Rafael Correa; empero el objetivo cambia: la Constituyente es el medio para las elecciones presidenciales.

EL PODER CONSTITUYENTE NO PUEDE NACER DEL PODER CONSTITUIDO

Empero nos enfrentamos a un círculo vicioso: el Poder constituyente no puede nacer del Poder constituido; y éste a su vez no puede aceptar la existencia de un poder constituyente originario, pues implica su propia negación.

Toda decisión que busca alterar el sistema implica una violencia: la viabilidad del poder constituyente está en su propia constitución, desde la energía social de cuestionamiento al poder constituido.

El círculo vicioso sólo puede ser roto desde la emergencia de un poder constituyente que se autoconstituye: el punto de partida es el rechazo, el punto de llegada táctico es la Constituyente, pero la mediación está en la organización política de la gente común, en la constitución de diversas formas de poder paralelo. La propia Constituyente no es sino un medio para el objetivo de la liberación del país, su sentido está en su tarea: sentar las bases jurídicas e institucionales del nuevo Ecuador.

OCASO DEL ESTADO LIBERAL Y NACIMIENTO DE UN NUEVO PODER CONSTITUYENTE

El grito ¡QUE SE VAYAN TODOS! de la rebelión del 20 de abril no fue sólo para el Presidente Gutiérrez, sino fundamentalmente para los partidos y el Congreso, para la «Pichicorte», para los organismos de control maniatados. La tarea quedó inconclusa y nuevamente regresaron ’los de siempre’.

El sistema político, en lugar de escuchar la exigencia de un cambio profundo, buscó recomponerse en dirección contraria, a partir del reducto del Congreso.

Primero rehizo una mayoría parlamentaria regida por la alianza PSC-ID: el viejo método de gobernar desde el control del Parlamento.

Luego, en un juego de espejos con Alfredo Palacio, disolvieron la convocatoria a la Constituyente. Y después rehicieron la institucionalidad a imagen y semejanza del poder: el proceso ’ejemplar’ fue el nombramiento de la nueva Corte, con una decisión inconstitucional del Congreso, avalada por los organismos internacionales, los medios de comunicación y una red de ONGs vinculadas.

Las fuerzas parlamentarias de «izquierda», no lograron enfrentar este proceso y terminaron atrapadas en los repartos.

Éste no es un asunto coyuntural, la inestabilidad política dura ya una década. El problema viene desde atrás: no se trata de una crisis de régimen, sino del ocaso del Estado liberal fundado a raíz de la revolución alfarista truncada a comienzos del siglo XX y que adopta su forma más alta en la democracia liberal a fines del siglo pasado.

Y el rechazo tampoco es coyuntural, también se reproduce a lo largo de esta década en cada estallido de la crisis. Aunque tampoco es un problema local, sino que se trata más bien de una tendencia que atraviesa nuestra América.

Cruzamos un período de transición: el ocaso del Estado liberal se combina con la emergencia de un nuevo poder constituyente.

Vivimos la confusión y el caos de toda transición.

Aunque la salida no es lineal, sino que estamos ante una disyuntiva histórica: o una salida autoritaria desde el viejo poder constituido, desde las fuerzas del orden, o la ampliación y transformación de la democracia desde el nuevo poder constituyente, desde las fuerzas del cambio.

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LA ESTRATEGIA DEL ORDEN

La estrategia de las fuerzas del orden se centró en debilitar los cauces de la insubordinación y reforzar los cauces institucionales. Al mismo tiempo que buscaba disolver la presión por la constituyente, buscó acelerar el escenario electoral y reforzar las reglas de control.

En lugar de las reformas de democratización del sistema electoral, se reforzó el control del mismo por la alianza PSC-ID: el símbolo está en la «fórmula D’Hont ponderado» y en la cómoda mayoría de la alianza en los tribunales electorales. El objetivo es evitar cualquier sorpresa de un nuevo outsider, como sucedió en ocasiones anteriores; garantizar una final anunciada entre binomios vinculados al poder financiero; y mantener el control de la mayoría parlamentaria en torno al eje PSC-ID.

El interés del orden apuntó, en una primera fase, a una final anunciada entre Roldós y Cinthya, dos variantes del mismo programa: un neoliberalismo con rostro humano y discurso socialdemócrata; y un neoliberalismo con proyecciones autoritarias.

El modelo del Banco Mundial versus el modelo del FMI, el discurso de la pobreza y la ciudadanía versus el discurso del mercado y la seguridad. El binomio de Roldós asegura la alianza con los grupos financieros de la Sierra; el de Cinthya establece lazos con el Banco del Pichincha.

Aunque los cálculos del orden han sido alterados una y otra vez por las irrupciones inesperadas, desde el inicio de este período democrático. Hoy la alteración puede venir desde la fuerza del voto de rechazo y su proyección positiva hacia la Constituyente.

La alianza PSC-ID se mantiene en los temas fundamentales: el signo es el proyecto de Ley Nebot-Paco Moncayo para el reordenamiento geopolítico del país en torno a las ’Autonomías’.

Aunque pueden presentarse algunos impases: el signo es el proyecto de Ley Febres Cordero que busca controlar el adelanto financiero de los grupos de Quito; aunque ese adelanto contrasta con el de los grupos de la Costa en el control de los medios de comunicación masivos y en el control de los negocios petroleros.

El acuerdo opera en torno a la preocupación por el funcionamiento del modelo económico: a pesar de las grandes ganancias de los bancos, que en este año han duplicado sus beneficios; a pesar de las ganancias extraordinarias por el precio internacional del petróleo que en este año ha llegado a niveles record, el proceso económico es endeble, sobre todo en su base productiva.

El crecimiento se agota en el rentismo y la especulación. El viejo camino de la salvación en las privatizaciones y las fugas de capital continúa: en el campo eléctrico la nueva Ley confirma la entrega del servicio público a los grupos de poder privados, empezando por los de Guayaquil.

Los bancos han sacado alrededor de 3.500 millones de dólares en nombre del aseguramiento ante nuevas crisis; los grupos financieros tienen 16 mil millones de dólares en el exterior; la deuda externa privada supera los 6 mil millones de dólares.

La preocupación central es prepararse a un nuevo salvataje financiero, anunciado por las recomendaciones de la Comisión del FMI en marzo de este año.

El programa electoral del Partido Social Cristiano se mueve en tres ejes: la seguridad, la estabilidad y las autonomías. La síntesis de la segurización de la política y del tránsito a formas autoritarias de gobierno.

El juego político del sistema se desarrolló en dos planos: el control de las disidencias arriba, la presión para evitar la constitución de un polo populista en torno a la alianza PRIAN-PRE-PSP.

Y el control de las disidencias abajo: la desconstitución de un polo alternativo desde la izquierda y los movimientos sociales.

La relación del PSC con el partido Sociedad Patriótica pasó desde el trueque de la libertad de Gutiérrez por los votos de los diputados del PSP para el control del Tribunal Constitucional en manos del Partido Social Cristiano, hasta la resolución de la descalificación del Coronel y luego la recalificación del hermano por el Tribunal Constitucional: el juego del comodín. Un manejo similar se dio en el tratamiento de otras candidaturas menores, como las de Marcelo Larrea o Lenin Torres. La relación con el PRIAN se desarrolló sobre todo en el plano del chantaje, hasta lograr el retiro y la vuelta debilitada de Álvaro Noboa.

Arriba la red de poder político se recicla: más de la mitad de los diputados va a la reelección o corre por otras representaciones locales.

LA INCAPACIDAD DE LA IZQUIERDA

El ataque a un polo alternativo, con posibilidades de transformarse en un poder constituyente, es más complejo, y se combina con la incapacidad de la dirección política de la izquierda y los movimientos sociales para desarrollar un camino autónomo.

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El problema afecta sobre todo a la principal fuerza del campo popular, el movimiento indígena: asediado por intereses externos, y atrapado en las redes de Pachakutik, convertido en un movimiento electoralista, sufre un fuerte proceso de fragmentación.

La presencia de Luis Macas empezó a reordenar el campo y abrir posibilidades de recomponer un eje de alianza indígena-social, pero finalmente no logró rebasar los controles del aparato, los intereses electorales locales, ni las posiciones etnicistas de algunos sectores. El peligro es que un debilitamiento electoral afecte a la legitimidad de la movilización y la resistencia contra el modelo neoliberal, en donde el movimiento indígena juega un papel fundamental.

La presencia de Rafael Correa, asentado en la operación mediática de importantes órganos de opinión, en el respaldo de algunos grupos y organizaciones políticas de izquierda, en el apoyo de redes de ONGs, en el vínculo con sectores no hegemónicos de poder, termina por agudizar esta tendencia. Chocan dos tácticas: desde Alianza País se reedita la estrategia del outsider, colocando en el centro la figura del candidato y el juego de la representación. Y desde los movimientos sociales se intenta una salida orgánica y programática. Esta situación produce un vacío de conducción política.

El crecimiento electoral de Rafael Correa parte de su realineamiento con la tesis del voto nulo y la Constituyente, con la decisión de no presentar candidatos a diputados.

Las fronteras del movimiento indígena se muestran en la incapacidad de encabezar esta lucha, como la continuación ’natural’ de sus propias acciones: el cerco está en la gremialización étnica de Pachakutik.

La construcción de una hegemonía alternativa implica tres procesos combinados, “orgánicos” como dice Gramsci:

(i) un programa económico transformador que parta de los intereses, sueños y cosmovisión de los explotados y oprimidos;

(ii) una propuesta ético-política que desmonte el poder tradicional, que trace el nuevo país y mundo que queremos, y que tenga la capacidad de ganar el corazón y la mente de las mayorías;

(iii) un bloque histórico, basado en la organización política y en la alianza estratégica de los explotados y oprimidos, capaz de llevar a término la transformación económica y ético-política; no hay programa alternativo sin sujeto alternativo.

La decisión de Correa de recoger instrumentalmente el rechazo a los diputados y la propuesta de la Constituyente, le permite una imagen diferenciada y contar con un apoyo electoral inorgánico.

La incapacidad de los movimientos sociales y, en particular del movimiento indígena para representar una propuesta económico-política que venían construyendo a lo largo de las dos últimas décadas de lucha, desemboca en un peligroso debilitamiento de representación electoral del estos sectores, que puede significar el cierre de una fase.

Este distanciamiento del movimiento indígena y de los movimientos sociales ya se presentó en las jornadas de abril, en donde la movilización de masas siguió un cauce urbano, de sectores medios.

La confluencia en la resistencia de diversos procesos sociales y de izquierda, sobre todo en las luchas contra el TLC y la OXY permitieron un triunfo parcial, pero no hubo capacidad para una unidad en positivo. Con lo cual esos triunfos parciales corren el riesgo de diluirse, mientras se renuevan los afanes de las cámaras empresariales por restablecer las negociaciones del TLC, colocando como prenda de trueque el contrato con la OXY y la neutralización de la reformas a la Ley de Hidrocarburos para recuperar parte de los ingresos extraordinarios del petróleo.

El resultado es la dispersión del bloque popular, la condensación política electoral del rechazo social a la partidocracia en el discurso político de Correa, el debilitamiento y aislamiento del movimiento indígena y de los movimientos sociales; aunque también la emergencia de propuestas de reorganización desde una perspectiva estratégica.

El desenlace electoral apunta a una polarización entre las fuerzas del orden, que tenderán a alinearse en torno a Roldós-ID; y los anhelos de cambio que se mueven a partir del voto nulo y la Constituyente. Sin embargo la viabilidad del cambio no cuenta con la construcción de una fuerza con capacidad estratégica y programática.

Si triunfan las fuerzas del orden, el escenario será la consolidación de un modelo neoliberal ’con rostro humano’ y tecnocrático.

Un triunfo electoral de Correa puede abrir una confrontación entre el Ejecutivo y un Congreso controlado por la partidocracia.

La viabilidad de la Constituyente retorna al poder constituyente del pueblo.

LA ELECCIÓN

El eslabón perdido para transformar la energía de resistencia en poder alternativo está en las luchas por la soberanía.

Ya no se trata sólo de la soberanía vinculada al Estado nacional, sino de la soberanía asentada en un nuevo poder constituyente.

Esta vez la elección está o en ratificar un congreso capturado, o recoger el poder purificador del rechazo en el voto nulo para los diputados, a fin de ilegitimar al Congreso actual y crear las condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente, Soberana y Originaria.

Quizás nos sentimos angustiados por la endeblez de nuestra elección: apenas un acto de rechazo y condena. Pero precisamente allí está la brecha que puede abrir el paso a las anchas alamedas de la historia.

Tal vez sería más fácil optar por un pragmatismo triunfalista tras la fórmula de Correa o hasta la de Roldós, tanto más que el ocaso del poder indígena bloquea la viabilidad de una alianza estratégica de los movimientos sociales.

Sobre todo en el caso de Correa habría una justificación: ha asumido la tesis del voto nulo y de la Constituyente. Hay que tomar en cuenta este proceso, pero desde la perspectiva del poder.

La hegemonía es posible cuando se constituye un nuevo bloque histórico: el discurso político radical se corresponde con una propuesta económica radical y con una visión y una práctica ético-política radicales; pero aún más, encuentra su realización en un sujeto colectivo radical, «el que no tiene nada que perder más que sus cadenas»; pues mientras mantenga compromisos que lo aten al cálculo de los límites y las conveniencias, puede terminar atrapado en el extremo de las reglas de juego.

Esa correspondencia orgánica es construida, no sólo en el discurso, sino en la visión de las masas, en la organización del pueblo, como vemos en el proceso venezolano: el paso desde una primera fase de resolución de las cuestiones del poder político, a través de la Asamblea Constituyente; a una fase de control de la industria petrolera y atención a los problemas sociales, sobre todo educación y salud; una fase de radicalización después de la derrota del golpe y una primera proclamación del socialismo, con acento en la organización del poder popular y algunos cambios en el agro; la propuesta de la campaña electoral actual como inicio de un nuevo período centrado en el socialismo a la venezolana.

La tarea en nuestro país es impedir que nuevamente se dilapide una energía social que presiona por un cambio profundo: el intento de liberación de la capacidad de decisión de la gente común, redime los intentos de liberación que se frustraron en el pasado y puede constituirse en el punto de partida de una nueva fase estratégica de la liberación, con actores renovados.

El problema central de la revolución es el sujeto: la cuestión es construir el sujeto antagónico al sistema, construir un nuevo bloque histórico, una alianza política estratégica de los sujetos sociales-políticos que requieren el cambio para poder vivir.

LA RUTA

El camino pasa por cortar el nudo gordiano en el que han fracasado los intentos anteriores de una Asamblea Constituyente originaria y con plenos poderes. En 1997, el sistema funcionó ágilmente para disolver la demanda de la Constituyente en una Asamblea Nacional clonada de la composición del Congreso y reducida a formular una Constitución que absorba las demandas de derechos de los movimientos sociales y legalice el modelo neoliberal. El mecanismo fue una Consulta Popular controlada.

Después de la rebelión de abril y la caída de Gutiérrez, la posibilidad de la Asamblea Constituyente fue disuelta en un juego de espejos entre el Ejecutivo y el Congreso: el poder constituido puso bajo siete llaves la reforma a la Constitución. No hay camino «constitucional» para la Constituyente, pues se trata de un poder fundante. La posibilidad de la Constituyente está en un paso que al mismo tiempo que la viabilice, la constituya; y esto es posible sólo desde el poder insurgente de las masas.

La clave es el cambio de reglas, en la aprobación de un nuevo Estatuto para elegir-designar a los asambleístas.

La puerta está en acudir a la soberanía popular en la Consulta sobre un Estatuto explícito que permita optar entre el orden actual en torno a un Congreso capturado por las mafias partidarias o la instauración de una Asamblea que recoja la representación de todos los actores sociales y políticos que hacemos el país.

El camino es ejercer a plenitud la democracia:

(i) impedimento de la participación de quienes han ejercido el poder en estos 26 años de democracia excluyente;

(ii) acercamiento de la elección al control social, desplazando la elección desde la provincia al Cantón y a jurisdicciones electorales por territorio y población;

(iii) apertura a la participación equitativa de los ciudadanos/as mediante la exigencia general del respaldo del 0,2% de las firmas del padrón electoral correspondiente;

(iv) representación política orgánica de los diversos actores sociales, sin concesiones corporativistas y en base a elecciones generales.

No podemos copiar las rutas seguidas por otros países.

El camino de Venezuela hacia la Constituyente se basó en el liderazgo de Chávez, en la participación de las Fuerzas Armadas, en el proceso de organización y movilización de las masas y desde allí se construyó la mayoría parlamentaria, por la vía de sucesivas acciones de democracia directa a través de las consultas populares.

El camino de Bolivia contó con una alta movilización social, con el apoyo del Ejecutivo y con una mayoría en el parlamento, desde allí se pudo convocar a una consulta que confirmó la Constituyente; aunque actualmente se encuentra en una nueva batalla por la definición de la mayoría.

La originalidad de nuestro camino parte del desajuste de la presión social y los límites de la dirección y la organización política. Por ello la clave está en convertir esa presión social en energía orgánica.

La ola se ha vuelto incontenible y preocupa al poder local y transnacional.

Ahora está a prueba nuevamente la capacidad de conducción y organización política de esta fuerza liberadora.

El reto pasa por juntar programáticamente la representación electoral que tiende hacia Correa con el proceso orgánico de los movimientos sociales.

EL MANDATO DE LA CONSTITUYENTE

La Constituyente es un medio para la liberación y la construcción del Ecuador y el mundo que queremos.

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Por ello, el centro de la lucha debe estar orientado a la integración de una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, con plenos poderes para elaborar una nueva Constitución y las leyes orgánicas correspondientes y para sentar las bases de una nueva institucionalidad democrática de acuerdo a los siguientes lineamientos:

(1) Recuperación plena de la soberanía nacional, económica, política, energética, alimentaria y comunicacional.

(2) Recuperación de la soberanía nacional: reconocimiento del territorio como inembargable, subordinación de los tratados internacionales a la supremacía de la Constitución

(3) Aseguramiento de la paz: proclamación del Ecuador como territorio de paz y, por tanto, no puede albergar ningún tipo de base militar extranjera.

(4) Reforma del Estado que lo habilite para cumplir eficazmente sus cometidos como Estado responsable, de bien común, especialmente en la provisión de salud y educación para todos y todas.

(5) Democracia participativa que elimine el monopolio político de la partidocracia y base las decisiones en la participación equitativa e igualitaria de todos los actores sociales, económicos y políticos, sin exclusiones de clase, género, raza, procedencia, cultura, edad. Transformación del sistema de elecciones y de partidos para constituir un sistema de democracia participativa que integre de manera real las bases sociales a la toma de decisiones políticas y la selección de representantes.

(6) Cambio del modelo económico neoliberal vigente hacia una nueva economía basada en la participación de la propiedad social-estatal sobre los bienes y recursos estratégicos, la propiedad social-comunitaria, y la propiedad privada con responsabilidad social y ecológica; y orientada prioritariamente a la producción de los bienes de consumo masivo para alimentación, salud, educación y vivienda. Replanteamiento del sistema económico en función de la sustentabilidad productiva, la producción de artículos de consumo básico para las mayorías y del apoyo al emprendimiento pequeño y mediano. Recuperación del respeto a la Madre Tierra (Pacha Mama), como fundamento del desarrollo económico y humano.

(7) Recuperación de la soberanía petrolera, que coloque bajo control total, absoluto y exclusivo de la República los sectores hoy comprometidos con concesiones, contratos de servicios o empresas mixtas; y que oriente el sector hacia la construcción de una industria petroquímica integral.

(8) Renacionalización de nuestras industrias básicas subastadas por el neoliberalismo, tales como las de electricidad, teléfonos, transporte aéreo, puertos y otras empresas estratégicas.

(9) Transformación del sistema financiero y tributario que lo libere de la tiranía del Consenso de Washington, elimine los tributos recesivos como el IVA, cobre impuestos al capital extranjero hoy exonerado por los tratados contra la doble tributación, y cancele de una vez y por siempre el desangramiento de la Deuda Externa Pública.

(10) Proceso ordenado de recuperación de la soberanía monetaria, a partir del control del capital financiero y del fortalecimiento de la producción.

(11) Revolución ética. Declaración de la corrupción política y pública como delito de Estado. Creación del cuarto poder, moral, de la nación.

(12) Reconquista de la seguridad, prestaciones y derechos sociales para trabajadores/as del campo y la ciudad y sus familias. Ratificación, ampliación y ejecutabilidad de los derechos individuales y colectivos contemplados en la Constitución actual a favor de los sectores vulnerables: niños, mujeres, pueblos indígenas y negros, tercera edad, migrantes.

(13) Democratización de la comunicación y la información. Reasignación de las concesiones del espectro radioeléctrico que lo destine en forma efectiva a sus funciones democráticas de información veraz, educación y entretenimiento.

(xiv) Reforma Agraria, soberanía alimentaria y control de la biodiversidad, los recursos hídricos y biológicos integrales.

(14) Diálogo de saberes: fortalecimiento de la capacidad científico-técnica y respaldo al desarrollo del pensamiento y las prácticas originarias.

(15) Nueva institucionalidad del Estado de derecho, liberado del secuestro de los intereses privados y particulares, empezando por los organismos de control y la justicia, y orientada al servicio de la gente.

(16) Nueva división administrativo-política del país, que garantice la unidad en la diversidad, cierre el paso a los proyectos segregacionistas, fortalezca los poderes y gobiernos seccionales y locales y la participación de las comunidades, e integre a las regiones y provincias marginales.

(17) Integración y unidad latinoamericanas, como fundamento de la participación en la construcción de un nuevo orden mundial de paz y justicia.

El punto de partida es construir un ACUERDO NACIONAL con la participación de todos los sectores y fuerzas sociales y políticas empeñadas en el objetivo del rechazo al Congreso y la construcción de condiciones para la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente Originaria.

[1] Robert Zoellick: Discurso del número dos de la cancillería de Washington ante la Trigésimosexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

[2] Videos realizados con cámara oculta por el cuñado de Lucio Gutiérrez, el ex Mayor del Ejército y ex escolta de León Febres Cordero, Renán Borbúa, en los que aparece el hijo del magistrado Alfonso Pasquel (ex abogado del mismo Febres Cordero) solicitando dinero a Borbúa a cambio de una sentencia a su favor.