¿Minería contaminando también en Lima?

En Cocachacra, Huarochirí, en el km. 53.5 de la Carretera Central, la empresa Mi Mina SAC se va a dedicar al procesamiento de plomo y zinc. Sin embargo, y tal como denuncian múltiples ciudadanos de la zona: ¡no va a haber extracción de mineral, estos van a ser traídos desde Huancayo, La Oroya y Huancavelica! ¿Minería contaminando también en Lima?

A muchos citadinos la contaminación ambiental, el envenamiento de aguas que son parte fundamental de la ingesta de las poblaciones ribereñas, son temas ajenos, extraños y que “solo ocurren en el interior del país”. Como cuando la época del aciago terrorismo, la indiferencia cultural o política, sólo dio paso a la comprobación real que sí existía el violentismo a posteriori de la explosión en el jirón Tarata de Miraflores. Si esto no hubiera ocurrido, los muertos anónimos, los del Perú profundo, los reales herederos y dueños de este país milenario, habrían seguido siendo ciudadanos sin rostro y sin derechos de ninguna especie. ¡Lo mismo ocurre con la contaminación minera que emplea sicarios que disimulan y atenúan sus impactos a través de medios envilecidos e inmorales!

En la documentacion –dicen las fuentes- que entrega Mi Mina SAC al ministerio de Energía y Minas ofrece sellar los relaves totales que produzca el procesamiento, sin tratamiento alguno previo, aduciendo que el cerro es de roca volcánica y que esto no va a sufrir ninguna filtración. Las experiencias similares indican que esta desfachatez no es más que una mentira más o menos clásica.

El 7 de octubre a las 10 am. se realizará la primera audiencia pública convocada por la mina. Sin embargo, la opinión mayoritaria e inmensa de los pobladores de Cocachacra ya está muy firme en su oposición a la puesta en marcha de estas plantas de procesamiento de plomo.

Mi Mina SAC, ante el ministerio miente que en Cocachacra no existe agricultura y que la mina se encuentra a 8 km de la Plaza de Armas. Pero la distancia no supera los mil metros, es decir, un kilómetro.

Mal informan también que el poblado más cercano está a 5 km, otra gran mentira: dos poblados se encuentran en la falda del cerro donde se procesará el plomo, no hay ni 300 metros. El frontis del cerro da al río Rímac. ¿Podra Sedapal emitir un informe técnico y absolutamente imparcial que descarte la contaminación de estas aguas? De ocurrir el envenenamiento del río ¿cuánto tendría que gastar Sedapal para su limpieza? Amén que los pueblos que están antes del kilómetro 51 de la Carretera Central no podrían usar sus aguas, ya que estos relaves deberían ser procesados para no contaminar. Sin embargo todo hace prever que van a ser echados directamente al hueco de la antigua mina Helenita, que tiene una profundidad aproximada de 180 mts.

La pregunta recurrente es ¿minería contaminando también en Lima?

Algunas consideraciones importantes y de cuya seriedad expositiva es imposible dudar:

1) El reciente informe de la Defensoría del Pueblo señala que los conflictos sociales motivados por aspectos socioambientales están en aumento, lo cual en realidad no es ninguna novedad, pues los choques de ese tipo en Cajamarca, por ejemplo, se remontan a fines de los 90.

2) En Cocachacra, está escalando un conflicto socioambiental entre una empresa minera, Mi Mina SAC y la sociedad local, sin que ninguna entidad del Estado tome seriamente cartas en el asunto para impedirlo o, mejor dicho, resolverlo. Así tenemos una constatación macro y otra micro, pero ambas aluden a lo mismo: algo está pasando en la relación minería-comunidades, para que sea cada vez más conflictiva, para pesar del Estado y de las empresas involucradas, sin que en realidad esté claro quienes se están beneficiando de esta escalada de conflictos, si es que alguien se está beneficiando de verdad de ellos (¿curas, dirigentes comunales o agitadores pagados para magnificar el problema?). Y es que siempre es más fácil culpar a los demás de las desgracias sufridas, que hacer un balance honesto para descubrir las incómodas responsabilidades compartidas, o las meramente propias.

Como somos un país en que la fruición discurre por los diagnósticos (muchos serios y responsables) y tenemos cientos de miles o millones de estas formalidades ya hay estudios adelantados, Red Muqui, Banco Mundial, Defensoría del Pueblo, ONG, mineras, consultorías, con diversos matices o énfasis acerca de sus causas. Al margen de esos hallazgos, una de las frecuentes razones de dichos conflictos es el déficit y los vicios en el proceso de participación ciudadana y consulta en la implementación de proyectos mineros. Es decir, la población del área de influencia de un proyecto minero, debido a una serie de prácticas escamoteadoras de una auténtica participación, en principio ya legitimada por ley, no se siente por lo general suficientemente involucrada como ciudadana desde el inicio hasta el fin del proyecto, y menos que esté siendo “consultada” debidamente respecto a éste. Además, la gente siente que el Estado difícilmente toma o tomará partido por ella, pues usualmente lo percibe en connivencia con las mineras, al igual que a las diversas empresas consultoras, responsables de los estudios ambientales (Estudios de Impacto Ambiental, ante todo), supuestamente infalibles en sus fundamentos técnicos. Lo más triste (y sublevante) de todo es que esa parece ser la “realidad objetiva”: hay una fuerte relación simbiótica entre Estado, empresas mineras y empresas consultoras, pretendidamente en aras del crecimiento económico y el desarrollo locales y nacionales.

Tenemos, pues, que las falencias en la participación y consulta ciudadana para los proyectos mineros y la simbiosis mencionada son dos caras de una misma moneda de baja ley, que ha tendido y tenderá a ser cambiada por conflictos socioambientales en función de la cantidad de proyectos mineros en ejecución, bajo ciertas condiciones (existencia de un liderazgo ecologista o afín y percepción social de sufrir o poder sufrir daño ecológico). Tal es el resultado de una relación social desequilibrada, que es el invisibilizado problema-causa de fondo: mineras, consultoras y Estado, por un lado, y comunidades y sus eventuales y ocasionales aliados (ONG y consultores o líderes informados externos), por el otro, convertidos en los dos bandos de una sutil guerra no declarada. Guerra que, finalmente, suele traducirse en los medios de (des)información en la lucha de los que están a favor y en contra de la vital actividad minera.

Como suele ocurrir, basta que las empresas coloquen avisos pagados y ¡sanseacabó! cualquier versión desde las bases mismas, es decir, las comunidades o pueblos y sus organizaciones, tienen vetado el ingreso a exponer sus puntos de vista. En buena cuenta, el Estado, las empresas mineras y sus aliados cómplices ¡aplastan a los pueblos y les imponen sus prácticas no siempre en las mejores condiciones de salud ambiente y preservación del proyecto de vida local o comunal!

¿Qué hacer ante este panorama?. Para empezar, el déficit y los vicios de la participación y consulta ciudadana se pueden empezar a corregir con un adecuado marco legal, y ya hay iniciativas al respecto: la red Muqui ha elaborado una propuesta de modificación a la Ley de participación y control ciudadano, que debería ser más difundida y discutida públicamente, al igual que otras propuestas similares. Un nuevo Congreso es una oportunidad para conseguir una mejor ley en ese sentido. Además, ya existen instrumentos legales y orientadores del ministerio de Energía y Minas, que contemplan el proceso de consulta y participación ciudadana en su sector, los cuales deberían ser aplicados correctamente por mineras y consultoras.

Esto nos lleva al otro lado de la moneda, la simbiosis tripartita, que debe ser de una vez cuestionada, también públicamente, para empezar a romperla. En ese sentido, una manera rotunda de hacerlo es terminar legalmente con el sistema de “empresa minera contrata a empresa consultora para elaborar estudio ambiental que aprueba el Ministerio”. Para conseguir esto, en primer lugar, se debe legislar para que ya no sean más las empresas mineras las que contraten directamente a una empresa consultora, de la que es su cliente y razón de ser.

En segundo lugar, debe legislarse para encausar o minimizar la relación consultoras-Estado, cuyos acercamientos se dan hoy con toda libertad. Obviamente, para se que dicten leyes en esos dos aspectos debe hacerse una constante campaña de incidencia política hacia el Congreso, que involucre a la mayor cantidad de actores sociales (ONG, organizaciones sociales, CONACAMI, prensa, etc). El posterior cumplimiento de esas leyes dependerá de la existencia de una sociedad, local y nacional, capaz de concitar amplio respaldo ciudadano y vigilante a perpetuidad, lo cual se conseguirá con ayuda de quienes desarrollen ese tipo de capacitación.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

hcmujica.blogspot.com