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Consecutivamente desde 1992 hasta la fecha, esta guerra económica ha sido debatida y condenada por abrumadora mayoría en el seno del organismo internacional, a partir de las irrefutables pruebas presentadas por la mayor de las Antillas.

El pasado año, 182 Estados - el 92 por ciento del total - exigieron ponerle fin a tal cerco y rechazaron nuevamente su carácter extraterritorial, como práctica violatoria de los principios de las normas del Derecho Internacional.

A pesar de ello, el gobierno estadounidense ha hecho caso omiso a la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y lejos de cumplir con tal mandato, aprobó en mayo del 2004 y amplió en julio del 2006, un plan que recrudece la agresión e implementa otras medidas subversivas con el fin de derrocar la Revolución cubana.

En un alarde de puro cinismo los medios de información financiados por la Casa Blanca y la mafia terrorista asentada en la Florida, vociferan a diario que el "embargo", como prefieren llamarlo en un intento de legitimarlo, no es más que un pretexto de La Habana para justificar las dificultades económicas provocadas por la ineficiencia del sistema socialista.

Pero ahí están, para desmentir esas falacias, las pruebas de la incesante actividad extraterritorial desplegada en todos los rincones del planeta por las más altas instancias de Washington y los funcionarios de su servicio exterior, persiguiendo y torpedeando las operaciones comerciales y financieras de Cuba.

Están también, además del plan injerencista ya mencionado, las decenas de instrucciones, comunicaciones y gestiones de embajadores con presiones y amenazas a gobiernos y empresarios, amparados en el poderío del imperio y en las leyes extraterritoriales Helms-Burton y Torricelli.

Unos pocos ejemplos, tomados al azar, serán suficientes para demostrar que el bloqueo norteamericano a Cuba, el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad, califica como genocidio, de acuerdo con el inciso C del artículo II de la Convención de Ginebra; es un acto de guerra económica, según la definición de la Conferencia Naval de Londres, de 1907, y es asimismo, un componente esencial de la política de terrorismo de estado.

La Ley Torricelli, en vigor desde 1992, prohíbe el comercio de la Antilla Mayor con subsidiarias de compañías de la Unión en terceros países. Uno de los ejemplos más recientes —2005- deviene el de una empresa brasileña, impedida de vender turbinas y compresores para la industria del níquel, solo porque era filial de una firma norteamericana.

Por su parte, la Helms-Burton (1996) convirtió en ley de EE.UU. todas las regulaciones del bloqueo. Su título III prevé la celebración de juicios en cortes norteñas contra empresarios de terceros países que hagan negocios con la ínsula.

El capítulo IV prohíbe asimismo el ingreso a territorio de Estados Unidos de aquellos funcionarios y directivos y sus familias de compañías que hagan negocios con la Isla.

De acuerdo con esta legislación y otras medidas aprobadas para su aplicación exclusiva contra la pequeña nación caribeña, se prohíbe la exportación de productos cubanos a Estados Unidos y venderle a esta ningún producto o equipo si tiene más del 10 por ciento de componentes de USA. Tampoco empresas de un tercer país pueden suministrar a Norteamérica mercancías si estas contienen materias primas de la Isla.

Entre las restricciones impuestas aparece que La Habana no puede usar el dólar en sus transacciones internacionales. Cualquier pago en esta moneda desde y hacia Cuba es confiscado y los responsables multados.

La ínsula no tiene acceso tampoco a los organismos financieros internacionales. Solo en el 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial desembolsaron entre ambos casi 12 mil millones de dólares, destinados a la ejecución de programas de desarrollo en América Latina y el Caribe. Ni uno solo de esos dólares fue para Cuba.

Un episodio elocuente de hasta que punto ha llegado la fobia anticubana de la actual administración, tuvo lugar en febrero pasado en Ciudad México, cuando la delegación empresarial cubana que participaba en la Conferencia Cuba-EE.UU., sobre energía, fue expulsada por órdenes del Departamento del Tesoro del hotel María Isabel Sheraton, propiedad de norteamericanos.

La gerencia de la instalación confiscó el depósito que los huéspedes habían pagado por concepto de estadía, y lo envió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sumándolo a los fondos antillanos congelados por el gobierno de la Unión.

Interminable resulta este recuento, pero baste con señalar que el daño económico ocasionado al pueblo desde 1959 ascendió a 86 mil 108 millones de dólares. Solo en el 2005 superó los cuatro mil millones.

El bloqueo, como se aprecia, no tiene nada de formal y no obstante los perjuicios y el sufrimiento provocados, es una política fracasada al no alcanzar el objetivo trazado de derrocar a la Revolución cubana.

Agencia Cubana de Noticias