Autor:Pedro Páramo

Lo revelador del computador de Jorge 40 (en manos de la Fiscalía desde hacía siete meses), no es la complicidad de los políticos de la Costa con los paramilitares, lo cual ya había sido denunciado un año antes por Gustavo Petro y era vox populi desde hacía mucho tiempo. Lo que este nuevo escándalo evidencia es el hervidero de contradicciones entre paramilitares, organismos de seguridad del Estado y clase política. Con las recientes revelaciones de la Fiscalía pasa a segundo plano el escándalo que le hicieron a esta entidad alrededor del caso del parapsicólogo, utilizado a su vez como cortina de humo para ocultar otro escándalo mayor: el de los “falsos positivos” del ejército en agosto, cuando sus cuerpos de inteligencia desmontaron atentados terroristas colocados por ellos mismos. Informaciones de prensa y columnas de opinión sostuvieron que la información fue filtrada por la policía a los medios de comunicación en venganza por la masacre de diez policías a manos del ejército en Jamundí, estando de por medio un cargamento de coca, masacre que se sumaba a la ocurrida en Guitarilla, un par de años atrás.

Si bien la alianza de políticos y paramilitares se ha dado en todas las regiones de Colombia, el caso de la Costa Atlántica ha sido uno de los más explícitos y sanguinarios, como lo corrobora, una vez más, el computador de Jorge 40. La expansión narco-para-latifundista en los últimos quince años se ha hecho a sangre y fuego, asesinando y desalojando millares de campesinos e indígenas. El caso de la Sierra Nevada de Santa Marta –emporio de Jorge 40- ha sido uno de los más dolorosos por el número tan elevado de violaciones a los DDHH y porque la mayor parte de las víctimas han sido las comunidades indígenas: Koguis, Arhuacos, Wiwas y especialmente los Kankuamos, habiendo sido más de 320 los Kankuamos asesinados en menos de una década y miles los desplazados, especialmente a raíz del secuestro y muerte de la ex ministra Consuelo Araujo.

Las denuncias por la violencia contra los indígenas se vienen haciendo desde tiempo atrás tanto a nivel nacional como internacional, sin que los organismos del Estado se empeñen realmente en detenerla, dado precisamente el nivel tan profundo de compromiso de la clase política, de los organismos de seguridad y de la fuerza pública con el paramilitarismo, como lo evidencia el caso de la Costa Atlántica y otras regiones del país.

La respuesta militar del Estado ante el conflicto armado se sumó a la violencia paramilitar y a la violencia guerrillera, agravando la situación de la población campesina e indígena, no sólo en la Costa sino en otras regiones periféricas, especialmente en los territorios indígenas, hacia donde se han desplazado cada vez más la guerra y los cultivos ilícitos. En los últimos 3 años se crearon seis nuevos batallones de alta montaña en territorios indígenas, pero las violaciones a los derechos humanos, en vez de disminuir, han aumentado considerablemente: “para el 2003 se presentaron 175 crímenes de indígenas; en el 2004, 189 indígenas, y en el 2005, 104 indígenas asesinados, en el 2006, 18 homicidios y 2 por mina antipersona”[1]. Lo peor es que, según un estudio de la ONIC, entre enero y junio de 2006 el 92% de dichas violaciones son atribuibles presuntamente a la fuerza pública[2]. Entonces ¿qué les queda a los indígenas sino la resistencia civil contra todos los actores del conflicto armado?

Ante el incremento de la violencia y la falta de protección por parte del Estado, las organizaciones indígenas de Colombia, agrupadas en el Consejo Indígena de Paz, solicitaron la presencia de una Misión Internacional de Verificación sobre la situación humanitaria y derechos humanos de los pueblos indígenas, la cual se realizó entre el 19 y 29 de septiembre de 2006, visitando cinco regiones: Sierra Nevada, Alto Sinú (Córdoba), Arauca, Cauca y Guaviare. En su informe final la Misión afirma que “las medidas implementadas en el marco de la política de seguridad democrática del Presidente Alvaro Uribe (...) están generando impactos adicionales en las comunidades y territorios indígenas que incrementan las violaciones a sus derechos fundamentales”. Con referencia a las recomendaciones presentadas al gobierno colombiano por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas, el sociólogo Rodolfo Stavenhaguen, la Misión concluye que dichas recomendaciones “no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales”[3].

La política de la seguridad democrática está muy lejos de derrotar la subversión, lejos de acabar con el paramilitarismo, devolverle la paz al país y la justicia a las víctimas de tanta violencia. La insurgencia tampoco derrotará esa política ni será garantía de nada para las comunidades ya que no paran los asesinatos y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La política del Presidente Uribe se está desgastando a sí misma por la descomposición interna en los organismos de seguridad, la corrupción y las contradicciones internas en la clase política, por la impunidad con los paramilitares, por la guerra de agua sucia que se filtra a los medios de comunicación. Si aun entre caballeros se rompen los pactos, peor son los resultados de las alianzas y negocios entre malandrines, para quienes la traición y la venganza es ley, como lo ejemplifica esa cadena de escándalos que hemos venido presenciando y que son apenas la punta del iceberg que el presidente Uribe tratará de tapar y tapar. Daba lástima la cara obediente del fiscal cuando tuvo que salir en TV defendiendo a los militares implicados en los falsos positivos, cuando ya el comandante del ejército había presentado excusas por dichas irregularidades.

¿Podrá el efecto teflón del presidente Uribe resistir todos estos escándalos tan corrosivos para la legitimidad gubernamental?

¿Permitirá la guerra de “agua sucia” que salgan a flote algunas verdades sobre los asesinatos de tantos indígenas, como ha sido el caso de los Kankuamos a manos de los paras de Jorge 40, a quien los políticos salieron a recibir tan efusivamente el día de su desmovilización?


[1] ONIC. INIPU. Boletín del Consejo Nacional Indígena de Paz. No. 16, Bogotá, sept. 2006. pág. 7.

[2] ONIC-SUIPPCOL. “Pueblos Indígenas afrontan una grave crisis humanitaria y de derechos humanos”. Bogotá, septiembre 2006.

[3] ONIC. Misión Internacional de Verificación sobre la situación humanitaria y derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia. 28 sept. de 2006. pág. 5.