Autor: Alexander Reina Otero

Analista político, Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano del IPC

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No es novedosa para una negociación la propuesta en sí, pues ya los grupos insurgentes, tanto el ELN como las FARC, han sugerido a su manera propuestas de este mismo talante para legitimar las reformas estructurales que deberán acordarse en una negociación como condición para la dejación de armas.

Lo novedoso de una constituyente estará en que al Gobierno le sedujera la idea de discutir el ordenamiento político, económico y social de nuestro país, y no es para menos pues los problemas saltan a la vista.

En el terreno político este es un país que ve amenazada la democracia local por el narco paramilitarismo, al cual el actual gobierno no ha podido o no ha querido, arrebatarle sus herramientas de poder principales, el dinero y la verdad de sus apoyos políticos y financieros. Una democracia amenazada por una clase política que ha cohonestado con esta nueva facción de poder para controlar socialmente a la población, ¿o será que lo del computador de Jorge 40 son solo indicios? Y eso que faltan los archivos que van a decirle al país cuales de los gremios económicos hacían o hacen parte de este gran proyecto contra insurgente y mafioso.

En el terreno económico las cosas no son alentadoras, ya que si bien hemos crecido al cuatro, y casi el 6 % anual, ello no demuestra que en el país la riqueza se haya redistribuido. Solo basta con leer el estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional y la Contraloría General de la República, el cual mediante un estudio juicioso y profundo no sólo derrumba el mito de crecimiento económico + baja inflación = bienestar para todos, sino que califica el crecimiento de la economía colombiana durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2.002 2.006) de inequitativo, insuficiente, concentrado e insostenible. (1)

Y si en lo dos anteriores la cosa es preocupante, en el campo de las fuerzas militares y los cuerpos de seguridad la situación no es alentadora, ya que después de la inversión hecha por los Estados Unidos en el Plan Colombia y el Plan Patriota, se evidenció lo que las ONG de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaban a gritos, de que este era un ejercito y cuerpos de inteligencia como el DAS, poco respetuoso de los derechos humanos, con nexos con el paramilitarismo y con una historia turbia relacionada con el narcotráfico. ¿O será que los escándalos de los positivos o muertes de civiles en operaciones militares, los supuestos atentados terroristas en Bogotá u operaciones de inteligencia, la masacre de Jamundí y otras tantas catalogadas como fuego amigo las obligan a cambiar de opinión?

Por ello pareciera novedosa la propuesta de la Constituyente, pero por novedosa no deja de levantar sospechas, ya que cuesta mucho creer que siendo este el Gobierno con más legitimidad política y electoral entre la mayoría de factores reales de poder de esta sociedad, están dispuestos a discutir asuntos tan nodales a lo que ha sido su manera de contener cualquier forma de transformación social, y menos frente a un grupo como las FARC. Ya lo anunció en carta al presidente Enrique Gómez Hurtado, en donde le reclama por tan amplia oferta.

Por ello, toda esta “buena voluntad” debe sugerirnos varias cosas, la primera, que el Gobierno está utilizando el acuerdo humanitario y la excusa de la negociación para ganar mayor margen de maniobra ante el coletazo de lo que ha significado los escándalos del ejercito, el DAS, el del computador de Jorge 40 y sus apoyos políticos en el Congreso, el enredado proceso con los paramilitares y la desobediencia de Vicente Castaño.

La segunda, que el Gobierno está convencido de que éste es el mejor momento de lograr una constituyente con o sin las FARC para terminar con la intención anunciada de su Exministro del Interior, Londoño Hoyos, de darle cristiana sepultura a la Constitución del 91, la cual ha tenido más de un centenar de intentos de reforma, de los cuales se ha concretado 22, razón por la cual deben preocuparse especialmente el movimiento de paz y las organizaciones sociales del país, pues falta muy poco para cambiar el fondo de lo que pretenda la misma: un Estado Social de Derecho.

Por eso, no siempre lo nuevo es lo mejor y no siempre la buena voluntad esconde buenas intenciones.

1. http://www.cid.unal.edu.co/control/... *Artículo enviado por el autor y publicado en El Candil No. 106; Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano del IPC www.ipc.org.co