Autor:Rogelio A. Rodríguez Castillo

Investigador de Anif y economista de la Universidad Nacional de Colombia.

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Las sociedades modernas discuten intensamente en sus congresos las leyes de asignación presupuestal anual; pues ahí, es donde se materializa el tipo de gobierno que en realidad reciben los ciudadanos de acuerdo al mandato que delegan en sus representantes. En Inglaterra, por ejemplo, las bancadas parlamentarias concentran su atención en las grandes partidas destinadas a la educación, la salud, las pensiones, las vías y el manejo de los impuestos. La anterior caracterización fue descrita por Weingast y North[1] explicando el papel fundamental de las instituciones en el desarrollo económico de los países.

En muchos países en vía de desarrollo (incluyendo a Colombia) las discusiones de orden presupuestal parecen no tener la seriedad y la profundidad que se requiere y, en cambio, se desvía a principios ideológicos etéreos y de poca aplicación práctica.

Es así como en nuestro país llevamos más de una década “patinando” en discusiones alrededor de la definición del “verdadero” gasto social (GS). A la fecha, ha sido imposible llegar a un consenso político “práctico” que nos lleve a entender que el GS es un concepto dinámico que debe discutir el Congreso cada año y, a partir de allí, asignar las prioridades presupuestales. En efecto, el GS de los años 1960-1970 exigía volcar el presupuesto sobre la educación primaria, la salud preventiva a través del manejo de agua potable y la vivienda urbana (como en efecto se hizo) y con resultados de progreso social bastante aceptables. En cambio, dada la magnitud del conflicto interno, generado por la guerrilla-paramilitarismo-narcotráfico, las décadas de los años 1990 y 2000 requieren énfasis en las áreas de justicia, gasto militar, policía y ayuda a los desplazados: ¿Quién podría negar que la defensa de la vida misma en las áreas de conflicto no es un GS de primerísima línea?

La Contraloría General de la República (CGR) hace unos meses realizó su ritual anual de entrar a cuestionar la porción de gasto social asignada en el presupuesto, ciñéndose a lo estipulado en el Art. 350 de la Constitución Política. En particular, dicho organismo señaló que, en el 2006, deberían destinarse $49 billones a dicho GS, en vez de los $46 billones (correspondiente al 43.7% de los gastos totales). Según la CGR, se estaría presentando una caída de 2.6 puntos porcentuales en el GS, lo cual sería inconstitucional, repitiéndose problemas similares al del año 2003 (ver cuadro).

Es así como la definición de GS siempre terminará siendo “arbitraria” y encierra el grave problema de ser estática. Los principios prácticos aconsejarían que debe ser el propio Congreso el que se ocupe de analizar el árbol de prioridades presupuestales, según la evaluación que haga de los planes que traza el Ejecutivo.

Hasta no dar este elemental paso democrático, la discusión a nivel de la CGR terminará teniendo más un papel de “control político” que de verdadera incidencia operativa. La lección que nos debería quedar de todo este ritual es que el Congreso de la República está en mora de “aplicarse” en el estudio del presupuesto para definir allí sus prioridades de gasto público anualmente.

Bien puede concluirse que, casi por definición, todo el gasto público es gasto social, pues se realiza aquí en Colombia y para todos los ciudadanos del territorio; a veces con énfasis en la educación-salud y en otras ocasiones con prioridades para la infraestructura, la justicia y la seguridad, según las cambiantes necesidades del país. Sobre estas prioridades es que se manifiestan los ciudadanos eligiendo las plataformas políticas que después llegarán a ser impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo así electos; en esto consiste el ejercicio de la democracia, en discutir a fondo el presupuesto en su conjunto con los “representantes” que el pueblo eligió para ello. [2]

[1] Ver North, D. C. y B. R. Weingast. 1989. “Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-century England”, The Journal of Economic History 49, 4, pp. 803-832 [2] Escrito con base en el comentario económico diario de Anif (mayo 16 de 2006).