El conflicto entre el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y el ombudsman José Luis Soberanes, quienes mantienen como “tercero en discordia” a la defensa del presunto narcotraficante José de Jesús Zúñiga Velásquez, preso en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se ha recrudecido en los últimos días y amenaza con trascender el sexenio foxista.

Después de pasar un año tras las rejas sin que el juez pudiera dictar sentencia sobre su caso por las denuncias mutuas entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), José de Jesús Zúñiga se volvió contra el organismo que dirige José Luis Soberanes, al cual califica como “una farsa”.

Luego de que la PGR rechazó la recomendación -emitida en mayo pasado por la CNDH- por tortura y detención arbitraria en contra de Zúñiga Velásquez, se inició el intercambio de descalificaciones entre ambos funcionarios. Mientras Soberanes declaró que durante el sexenio de Fox se incrementó la tortura y que la PGR encubre dicha práctica, Cabeza de Vaca respondió que el ombudsman estaba “molesto” por una denuncia penal en su contra.

Dentro del llamado caso “Tamaulipas”, en mayo de este año los agentes del Ministerio Público, Gustavo Medel Lezama y Simón Soto Correa, presentaron una denuncia penal en contra del doctor Soberanes y los visitadores Raúl Plascencia Villanueva y Gerardo Montfort Ramírez, por falsificación de pruebas, manipulación y ocultamiento de evidencias para sustentar la recomendación 13/2006 que emitió la CNDH a la PGR.

Medel Lezama y Soto Correa enviaron otra denuncia similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Secretaría de la Función Pública.

Mientras la PGR integra la indagatoria contra funcionarios de la CNDH, los órganos internos de control dicen que aún no dan entrada a la indagatoria solicitada por la CNDH -en su recomendación 13/2006, contra los ministerios públicos por irregularidades en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de la Función Pública- pues no se ha solicitado formalmente, informa la oficina de contralores de la PGR, encabezada por Jesús Manuel Alfaro Sánchez.

Al mismo tiempo, durante las últimas semanas se han registrado sucesos oscuros alrededor del caso “Tamaulipas”, como la petición de José de Jesús Zúñiga Velásquez, por medio de su abogado, para que el Centro de Readaptación Social de Ciudad Victoria tome medidas cautelares e impida el paso a cualquier persona de la CNDH que quiera visitarlo porque, argumenta, los visitadores lo presionan.

Además de la petición del acusado nadie sabe, inexplicablemente, del robo de la computadora que contenía información confidencial de la CNDH sobre este caso, y acerca de las indagatorias de la denuncia de la periodista Lydia Cacho contra el gobernador de Puebla, Mario Marín.

De acuerdo con la versión de la CNDH, asentada en la averiguación previa FMC/MC/Ipz/838/0608, el robo fue realizado el 3 de agosto por cuatro supuestos empleados de mantenimiento, quienes sustrajeron exclusivamente la computadora de la oficina de Guillermo Ibarra Ramírez, coordinador general del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles.

El caso Tamaulipas

En el caso “Tamaulipas”, de acuerdo con la indagatoria de la CNDH (recomendación 13/2006), el 1 de marzo de 2005 tres personas vestidas de civil y con armas de fuego irrumpieron en el restaurante propiedad de María de los Ángeles Velásquez Carmona, madre de José de Jesús Zúñiga Velásquez y tras el cateo al lugar lo detuvieron violentamente.

“Lo jalaron de los cabellos, le dieron de cachetadas, lo arrastraron para subirlo a una camioneta, se lo llevaron a un lugar desconocido donde lo golpearon a puntapiés y con una tabla, además le quemaron la espalda con un cigarro y lo golpearon con una pistola en la cabeza, lo amenazaron de que si no decía que él y su familia vendían cocaína, lo iban a matar, razón por la cuál aceptó las imputaciones.”

De acuerdo con el expediente de la CNDH, después de que fue torturado durante dos horas, Zúñiga Velásquez fue trasladado a la delegación de la PGR en Tamaulipas acusado de posesión de cocaína.

Los ojos de la PGR

Germán Reyes Murguía y Christian Salazar Franco, integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y el agente del Ministerio Público, José Luis Rodríguez Díaz, aquel 1 de marzo cumplían una orden de investigación girada por el titular de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo por delitos contra la salud.

En su parte informativo del cateo y la detención, los agentes de la AFI aseguran que Zúñiga Velásquez estaba afuera de una fonda, y que cuando le indicaron que lo revisarían, intentó correr hacia la parte trasera, que Reyes Murguía le dio alcance y aquél se defendió a golpes, que los hematomas que presentaba, y que certificó el médico legista, se los causó durante su caída cuando forcejeaba para evitar su detención. Esta versión la confirmaría, meses después, Zúñiga Velásquez.

De acuerdo con el testimonio de los agentes de la AFI y del Ministerio Público, en la bolsa izquierda delantera del pantalón de mezclilla de Zúñiga le encontraron una bolsa transparente, con 26 bolsitas de plástico que contenían cocaína. Tras su detención fue traslado a la delegación de la PGR.

La CNDH asegura que mientras los visitadores integraban los elementos que derivarían en la recomendación, Gustavo Medel Lezama y Simón Soto Correa, funcionarios de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, encabezada por Mario Álvarez Ledesma (ex segundo visitador de la misma CNDH), viajaron de la ciudad de México hasta Tamaulipas para persuadir a Reyes Murguía a desistirse de sus acusaciones.

Sin embargo, de acuerdo con documentos presentados por José de Jesús Zúñiga, no fue la persuasión de funcionarios de la PGR, como señala la CNDH, sino la dilación y burocracia de ésta sobre el caso, lo que provocó que solicitara archivar su denuncia.

A casi 10 meses de estar preso, Zúñiga mantenía la denuncia de tortura abierta ante la CNDH, así que su abogado le aconsejó desistirse. En un documento mecanografiado con fecha 15 de diciembre de 2005, remitido por José Zúñiga a la CNDH, el agraviado se desistió de su reclamo contra los agentes -quienes lo habían torturado- y de la supuesta prefabricación de delitos contra la salud “por así convenir a mis intereses”.

Así, la denuncia que la CNDH integraba contra la PGR se revirtió contra esa misma comisión a partir del desistimiento de Zúñiga Velásquez, quien en su declaración ministerial del 9 de febrero dijo que la denuncia por violación a sus derechos humanos la presentó “para obtener mi libertad más pronto, por el delito contra la salud”.

A pesar de los desistimientos, el pasado 12 de mayo, la CNDH emitió la recomendación 13/2006 contra la PGR por tortura, calificada por Soberanes como una de “las más relevantes” de la Comisión.

Leonardo Pérez Rodríguez, abogado de Zúñiga, asegura que a partir de su desistimiento, éste fue objeto de presiones por parte de funcionarios de la CNDH quienes viajaban al penal de Ciudad Victoria para persuadirlo de que se retractara de su desistimiento.

En un oficio dirigido a Daniel Cabeza de Vaca, fechado el 26 de mayo de 2006, el abogado acusa a la CNDH de entorpecer y “poner en riesgo la defensa de mi cliente”. Según Pérez Rodríguez, el desistimiento se derivó de “la falta de resultados que habíamos obtenido […] resulta que, queriendo salvar su mellado prestigio, la CNDH insiste en erigirse como representante y defensora de los derechos humanos de mi cliente cuando no lo hizo en el momento oportuno y hoy esta circunstancia lo único que hace es obstaculizar el trabajo de la defensa”.

El abogado denuncia que los visitadores de la CNDH obligaron a Zúñiga a retractarse del desistimiento de queja, y a “hacer señalamientos dolosos” en contra de personal de la PGR, mientras era filmado.

El mismo 26 de mayo Gustavo Medel Lezama y Simón Soto Correa, acusados por la CNDH de inhibir y presionar a Zúñiga de su desistimiento, presentaron una denuncia penal en la PGR contra José Luis Soberanes, Raúl Plascencia Villanueva y Gerardo Montfort Ramírez por daño moral, falsificación de pruebas y por manipular y esconder evidencias para sustentar su recomendación.

Revista Contralínea. Publicado: Octubre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 65

Ana Lilia Pérez