¿Tiene la verdad efecto reparador?

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Este documento intenta algún nivel de respuesta en torno a la cuestión de si la verdad tiene un efecto reparador, pregunta que orientó la reflexión de uno de los paneles que se desarrollaron durante la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró, organizada por la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana.

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Quiero contestar con un sí más entusiasta que rotundo, en todo caso, condicionado a la indagación preliminar respecto del tipo de verdad que precisa una sociedad para que sea reparadora, cómo se obtiene esa verdad y de qué manera se da a conocer; donde desde una perspectiva psicosocial y de los derechos humanos trataré de abordar posibles conexiones con la forma en que la verdad contribuye a hacer posible una reparación integral en el nivel individual y colectivo en sociedades que transitan en medio de una situación de violencia.

Un primer ejercicio sería entonces buscar definir verdad, pero ello implica adentrarse en un debate histórico al que desde distintas disciplinas se ha intentado dar respuesta y que por supuesto trasciende el interés de esta conversación; es por eso, que más que intentar una definición, voy a privilegiar el entendimiento de la verdad como algo que se construye en las relaciones de los individuos y en los contextos de interacción y comunicación en los que se generan entendimientos comunes, por fuera de los cuales no resulta legítima. Probablemente el reto más inmediato de aproximarse a esclarecer la verdad en un contexto de violencia como el nuestro, es que tal noción debe construirse en un escenario de violencia y violaciones de derechos humanos, que por tanto corre el riesgo de ser propicio a la primacía de ciertas voces, a expensas de ocultar, avasallar e imponer; capaces de usar la fuerza y la dominación y de recrear versiones parciales de verdad, puestas en historias que relegan, silencian, excluyen y condenan a aquellos sectores sociales más débiles.

Una sociedad enfrentada a construir una verdad con pretensión reparadora, debe esforzarse por obtener una versión no susceptible de recrear en condiciones de laboratorio, aséptica, que no cuestiona ni señala responsabilidades, que no denuncia y hace públicas las escenas que en privado se cubrieron con una especie de velo edificado en el miedo, el dolor, la frustración e impotencia de las víctimas. No es tampoco producto de un ejercicio intelectual, pero en cambio es capaz de incorporar a la memoria colectiva las voces de quienes han sido silenciados como consecuencia de múltiples violencias.

La verdad, más que la acotación privada o individual de los sucesos presentes en la experiencia, está compuesta de modo primordial por el tipo de significados que se pueden construir en lo público, pero también por aquellos susceptibles de instaurar. Por ello, una verdad útil al propósito de reparar requiere de garantías para que los distintos estamentos puedan acceder a canales públicos idóneos, a partir de lo cual sea posible percibir entre la noción común de los hechos, la verdad como un bien público; un patrimonio colectivo que aporta en la configuración de una memoria y una significación socialmente compartidas. Contar con esas garantías descentra el interés por la verdad como un tema solamente relativo a la búsqueda y clamor de las víctimas y de los sectores sociales que acompañan su justo reclamo; la ubica como un asunto nodal en toda sociedad que reconoce en ello un interés común y la reconoce además como necesaria para poder pasar la página de una historia de violencia y desconocimiento de los derechos humanos. Es probablemente el camino para evitar que la verdad sea producto de la recreación e instauración de relatos que reflejan una visión cómoda o versiones oficiales, presurosas, refractarias a saber y dar a conocer, a privilegiar y a ocultar, a transar y no indagar.

Entendida como una construcción, la Verdad debe hacer sentido al conjunto social, con capacidad para hacer eco de las voces no escuchadas. Construir esa Verdad como un patrimonio de interés general es el reto para una sociedad que aspira a la reparación y la reconciliación, pero demanda que se aseguren las condiciones para que sea resultado de un proceso incluyente y con la amplitud necesaria, que no deje dudas en cuanto a su legitimidad, respetuosa con un multiverso de sentimientos y razones. Requiere un contexto político, legal y de opinión pública favorables al esclarecimiento, receptivo a escuchar lo que probablemente para algunos se quisiera evitar, capaz de animar el desafío de no aceptar la negación colectiva, irreverente ante el poder del tipo de arreglos entre sectores sociales favorables a mantener el equilibrio de un sistema proclive a pasar por alto ciertos asuntos básicos de ética social, que se anuncia como peaje necesario para transitar el camino de la paz y la reconciliación nacional.

Una situación de tránsito que cabe esperar como interfase hacia la superación de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos y de las manifestaciones violentas propias de un conflicto armado interno, debe hacer factibles las condiciones apropiadas para responderle a la sociedad sus reclamos por saber y conocer todo lo relativo a las violaciones. En esos momentos la sociedad se enfrenta al desafío y a la necesidad de conocer qué ocurrió, de construir versiones que hacen sentido social respecto de cómo se dieron los hechos, quiénes fueron los responsables directos y quiénes los animaron, bajo cuáles lógicas y a través de que medios las actuaron; todo lo cual acuña un lado de la moneda, el cual demanda un complemento que, como veremos más adelante, pone de presente la necesidad de conocer el rostro de quiénes fueron esas víctimas, cuál la memoria que construimos de ellas y cuáles los esfuerzos necesarios para restablecer su dignidad.

En contextos políticos favorables, una vía que las sociedades han empleado para conocer la verdad ha sido el mecanismo de comisiones para tal fin. Tales comisiones expresan el ánimo de la sociedad por establecer un relato compartido, una versión polifónica y compleja que pone de presente qué tan amplio fue el desvío que llevó a aceptar como posible que determinados sectores actuaran de la manera que lo hicieron; cuáles variables se conjugaron para que las respuestas hubiesen sido unas que facilitaron o debieron aceptar su acción depredadora; qué impidió o limitó una reacción social distinta; cómo se explica que el Estado, como abstracción de esa sociedad políticamente organizada, se alejara de su deber central de garantizar la prevalencia de los derechos de todos y al contrario tomara partido o animara formas para un ejercicio de control social y político que terminó por dar origen a una franja significativa de la población, a la cual, con todo y los riesgos de una adjetivación que rotula y tiende a enfatizar en un imaginario de minusvalía, es difícil no llamar víctimas.

No es posible afirmar sin cierta incertidumbre, que los resultados de todas esas Comisiones de la Verdad fueron exitosos al propósito que se habían planteado. Es viable la pregunta de si contribuyeron a la construcción de sociedades reparadas. Es posible que como lo señala Giraldo, la regla de dichas experiencias es que hayan acogido una idea de Verdad limitada, en donde ésta resulta tratada “con profundo temor, recortando al máximo sus potencialidades, encerrándola en esquemas y normas que le impiden ser ella misma y transmitirle a la sociedad sus encantos y enormes riquezas y beneficios psíquicos, morales, sociales y políticos”. Eso puede ser expresión de lo precario y restringido de los tiempos y recursos que se han dado para esta difícil tarea o podría tener que ver con la instrumentalización que se ha hecho de la verdad como preludio obligado para la reconciliación, sin que hayan sido adecuadamente satisfechos los derechos a la justicia y la reparación; pero probablemente tenga que ver con la oportunidad en que tales mecanismos deben actuar y donde quizá no se haya dado el énfasis necesario a la viabilidad del contexto social y político favorables a un ejercicio de conocer y hacer pública la Verdad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho a la verdad hace parte junto con los derechos a la justicia y la reparación, de una triada intrínsecamente vinculada desde lo legal, irreductible desde el punto de vista ético y de conveniencia social, es necesario el establecimiento de la Verdad en un sentido maximalista a efectos de que pueda estar revestida de alcance reparador. Esa es, ni más ni menos, la condición de garantía para un efectivo restablecimiento de los derechos de las víctimas. Sin ella no es posible que la justicia se pueda pronunciar de forma verdaderamente justa, pero sobre todo no da lugar a una reparación emocional, porque principalmente no habrá superado el obstáculo esencial de trascender la mentira, que es a su vez el intersticio que lleva al aislamiento de las víctimas, que deben refugiarse en una versión que no hace sentido al conjunto social, distante por tanto a una reparación integral desde el punto de vista psicosocial.

Un presupuesto necesario en todo proceso que acepta la importancia de la Verdad, como parte del recorrido hacia una reparación integral, es poder contar con una historia que haga las veces de memoria colectiva veraz e incluyente. Entonces, deberán escucharse los relatos de las víctimas más directas, de sus familias y comunidades, aún de los victimarios y testigos, y de quienes con su complicidad o silencio promovieron el status quo que requiere transformarse; la obtención de esa verdad parte de una clara decisión, en mucho política, por conocer a fondo todo lo relativo a las violaciones, individualización de responsabilidades e identificación de las estructuras y lógicas propiciadoras.

En otras palabras, el reto será el de construir una Verdad capaz de contribuir a la dignificación de la condición humana, para lo cual es necesario trascender la circunstancialidad de los hechos violentos, con todo que útil al proceso de documentación necesaria para la acotación histórica y vital en los esfuerzos de señalamiento de responsabilidades, precaria a un propósito emocional y social genuinamente reparador. Tal desafío de recordar a las víctimas a través del reconocimiento de su dignidad humana es más que un consuelo ante el fracaso por lo que ocurrió y pudo evitarse. Más que la documentación histórica, ofrece una reconstrucción contextual del pasado, permite reconocer entre una masa amorfa de víctimas, las individualidades de las historias posibles y segadas, los lazos y afectos fracturados, los seres comunes truncados y las empresas personales, familiares y sociales impedidas.

Dicha Verdad no es sólo la atestación histórica o el registro notarial de lo acaecido, al ser contextual favorece dar cuenta de los ámbitos relacionales, de los arreglos sociales y las dimensiones de poder, los intereses en juego y las lógicas facilitadoras y perpetradoras. Pero al tiempo debe lograr desentrañar los asuntos vitales más significativos para el sujeto y su circunstancia social y afectiva relevantes; como bellamente lo pone de presente el testimonio de Raquel Robles , cuando afirma “para quienes somos hijos de per¬sonas que fueron secuestradas, torturadas y luego asesinadas en lo que llamaron Centros Clandestinos de Detención, nos cabe no sólo la búsqueda de saber qué espantoso recorrido hicieron antes de morir, quiénes fueron sus torturadores y verdugos y dónde no descansan en paz sus cuerpos; sino otra búsque¬da: la búsqueda de saber quiénes fueron en vida”. En su testimonio es posible identificar el cúmulo de aspectos que resultan cruciales de establecer para los familiares de quienes han sido víctimas y que en conjunto tienden a mostrar el ser humano que habitó y pudo continuar siendo, pero donde los fragmentos que es capaz de retener y evocar la mente, resultan insuficientes para decirlo todo.

Allí, es necesario un ejercicio que también es colectivo para que pueda ser público. Una verdad que se nutre de rescatar el relato privado y significarlo de manera pública, es lo que permite ver en la verdad un bien común, “...cuando se llevaron a mis padres de mi casa yo tenía cuatro años y mi hermano apenas tres. Recuerdo algunas escenas como tesoros preciados que acaricio periódicamente para que no se me pierdan. Recuerdo por ejemplo una corrida con mi hermano que terminó en heridas en las rodillas y recuerdo a mi madre lavándonos las piernas en la pileta de la cocina mientras nos decía sana que sana rodillita de rana, si no sana hoy sanará mañana.

Recuerdo que antes de abrir el horno decía: abracadabra patas de cabra (…). Un rayo de sol en el lavadero. Una escalera en el jardín de infantes. Un triciclo. Los perros ladrando en el fondo. Los conejos que nunca más vi. Y no mucho más…(…) Pero no es posible tener la memoria de una persona con esos recuerdos, tan pocos, tan breves, tan frágiles. Entonces hay que empezar la tarea de reconstruir quiénes eran esas personas. Qué querían, qué les gustaba, qué eran además de papá y mamá, cuál era su lucha, quiénes sus com¬pañeros, por qué cosas se peleaban, qué canciones les gustaban, qué libros leían, qué cosas odiaban, qué los convocaba” . Una Verdad así, fecunda como ardua de alcanzar, quizá tenga mucho de relación con aquella categoría de verdad capaz de reparar.

En todo ese camino, hacia una Verdad con capacidad reparadora, la memoria surge como un elemento central para la construcción de esas narraciones individuales y colectivas con un sentido social. Constituye un puente conector entre el pasado de un Estado que propició o no evitó que las violaciones se dieran, con una sociedad incapaz de impedir o limitar las violaciones y un futuro en el que la sociedad, consciente de su deber ético, no acepta el olvido a manera de negación colectiva, y en consecuencia exige y acompaña al Estado en el establecimiento de esa narración responsabilizante. Como afirma Barkhust, “la memoria está hecha de narraciones plurales, diversas, confrontadas, que selecciona, almacena, omite y resalta aquello que le permite encontrar sentido, individual y colectivo y actuar con intencionalidad política frente al futuro . Es por esta intencionalidad política que el Estado es el responsable de animar la construcción de ese relato colectivo, que en relación con el esclarecimiento de los hechos configure la barrera de contención que impida la repetición y haga posible un imaginario social más compartido.

Desde los derechos humanos, disponer los mecanismos para la obtención de la Verdad, no es un asunto voluntario de asumir por los Estados. Más bien, constituye obligaciones inspiradas en la doctrina internacional garante del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia y debida reparación. En las normas internacionales, el derecho a la verdad es un primer principio junto con las garantías para hacer efectivo el derecho a saber, que trasciende la esfera individual y vincula a toda la sociedad en el conocimiento de su historia . Este derecho se realiza cuando los miembros de una sociedad obtienen conocimiento claro de los hechos, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y aún de los motivos que impulsaron a los perpetradores. Como bien lo ha señalado el sistema de Naciones Unidas, es preciso insistir que el “deber de recordar” o “deber de memoria”, incumbe de modo directo al Estado, pues “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe preservar adoptando medidas adecuadas [...] Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva”. Veo con mucho entusiasmo, cómo el derecho a la verdad, que se sabe aparece disperso en la legislación de los derechos humanos y surge como un bien jurídico irrenunciable e irreductible, podría ser llevado a la categoría de derecho fundamental, si se acepta la reciente proposición de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En nuestro medio, será necesario en todo caso un mecanismo eficiente para conocer la Verdad que, aprendiendo de la historia, no debería preguntarse acerca de cuánta es necesaria para alcanzar un efecto social y emocional reparador. La Verdad requerida para que pueda ser reparadora es toda; por dolorosa, cuestionadora e incriminadora que resulte, sin importar cuanto tiempo demande. No obstante, es poco probable que en el corto plazo sea posible desenmascarar los crímenes y las causas que les subyacen. En la Ley de Justicia y Paz, el Derecho a la verdad quedó limitado a los relatos parciales, incompletos y voluntarios que, a nivel individual y en el marco de un precario proceso judicial, realicen quienes se han acogido a los beneficios de la desmovilización. A pesar del fallo del tribunal constitucional, en el sentido de que la versión que rindan quienes se acojan a la ley debe ser fidedigna, completa y veraz , nada permite pensar que, de mantenerse el contexto político que rodea el escenario de aplicación de dicha ley, así como el mantenimiento de la actual estructura de poder de los grupos criminales, para cuyo tamaño fue especialmente acuñado tal marco legal, vayan a hacer posible establecer una fisonomía de verdad, si quiera cercana a aquella capaz de tener un efecto reparador.

Contrario a lo expresado por el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el sentido de que la verdad no siempre sana, debo decir que es justamente todo lo contrario. La única posibilidad de que la verdad que se construya pueda tener efecto reparador, es que se eviten los atajos de aceptar, con el argumento incontestable de la paz y el anhelo de la reconciliación, verdades parciales que, como bien lo demuestra la historia, tarde que temprano terminan por develar heridas curadas en falso.

La búsqueda y esclarecimiento de la verdad configura un camino para hacer sostenible en el mediano y largo plazo opciones de convivencia pacífica, en la medida que dan cuenta de restablecer desde lo humano, las capacidades de afrontamiento individuales y colectivas, edificadas sobre esa Verdad y memoria socialmente creíbles y compartidas. En lo individual, esclarecer la Verdad favorece transformar los significados que los hechos de violencia han tenido para los sujetos y sus entornos relacionales, de modo que, contribuye en la identificación de nuevos escenarios para la construcción de la vida, con seres menos anclados en el dolor de la tragedia y por lo mismo más libres para reafirmarse en su validación y reconocimiento, como motores de su existencia.

Una Verdad con pertinencia social y emocional, permite enfrentar uno de los desafíos más difíciles de remontar para las víctimas de hechos de violencia, como es el cúmulo de prejuicios sociales con el que desde el Estado y algunos sectores de la sociedad se mira su condición. Las víctimas de violaciones de derechos humanos no movilizan la empatía positiva que despiertan las víctimas de desastres naturales, por ejemplo. En tal sentido, la promoción de una Verdad socialmente relevante implica para el conjunto de la sociedad la responsabilidad de promover respuestas desde el Estado, favorables al ejercicio de exigencia del reconocimiento de los derechos de las víctimas a un adecuado resarcimiento, donde limitar el fenómeno de impunidad resulta en el mensaje inequívoco desde el Estado y la sociedad en cuanto a la comprensión y solidaridad con su situación.

El esclarecimiento de la verdad contribuye a la elaboración de los sentimientos de culpa que frecuentemente acompañan los relatos de familias de víctimas de hechos de violencia. Muchos de estos sentimientos se encuentran relacionados con el agotamiento, frustración e impotencia que genera la búsqueda y no obtención de verdad y justicia, lo cual puede llevar a tener que convivir con la impunidad. En ocasiones, la culpa sobreviene por la imposibilidad de evitar que los hechos que les tomaron por víctimas ocurrieran; es frecuente que se auto recriminen por no poder haber sido ellos y en cambio sus familiares los afectados. Esclarecer la verdad, por otra parte, detiene el derroche de energía emocional al que permanentemente se abocan las víctimas como parte de la búsqueda de una explicación de los hechos. En este sentido, acaba con la necesidad que constantemente tienen de entrar a demostrar que sus historias son verdaderas, que sucedieron como las han referido y aún que no medió su responsabilidad ni la de sus seres cercanos.

"La única posibilidad de que la verdad que se construya pueda tener efecto reparador, es que se eviten los atajos de aceptar, con el argumento incontestable de la paz y el anhelo de la reconciliación, verdades parciales que, como bien lo demuestra la historia, tarde que temprano terminan por develar heridas curadas en falso."

En muchas oportunidades, desconocer la verdad implica que las familias estén constantemente recreando situaciones posibles sobre sus seres queridos; que los imaginen desorientados, enfermos, sin posibilidad de contactarles, sometidos a difíciles situaciones o torturas, cautivos en las peores condiciones, y en donde todas esas situaciones, con la riqueza de los detalles que imaginan, son factores adicionales que dificultan superar el impacto de esos hechos violentos. Es en últimas, una exacerbación del dolor relacionada con la imposibilidad de acceder al conocimiento de la verdad de los hechos.

Desde lo colectivo, el esclarecimiento de la Verdad conlleva la posibilidad de superar la impunidad al romper el silencio que rodea las violaciones de derechos humanos. Como afirma Hamber, la impunidad como ningún otro factor limita los alcances de un proceso de recuperación emocional.

Esclarecer la verdad es el camino que impide entronizar la impunidad, una de cuyas consecuencias es la erosión de la estima individual y colectiva, al tener que reconocerse impotente frente a lo injusto; a eso se agrega un profundo sentimiento de frustración que hace del silencio su refugio, con lo cual se incrementa una dolorosa negación del sufrimiento de las víctimas, las familias y comunidades afectadas.

En conclusión, quisiera reafirmar el valor reparador de la Verdad, condicionado a que ésta sea posible de construir socialmente, con un privilegio de la parte de verdad de aquellos sectores sociales que, por efecto de las violaciones a que han sido expuestos, tienen una mayor dificultad para que sus historias hagan parte de un relato colectivo que, sobre todo, debe ser veraz e incluyente.