González de Aragón bajo investigación

Para Arturo González de Aragón “no hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo. Las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que proporcionan los cargos públicos, merecen la peor condena de la sociedad y, por ende, el más severo de los castigos”.

Pero hoy, el encargado de vigilar la transparencia en el uso de los recursos públicos está bajo la lupa de otros contralores, adscritos a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quienes determinarán si encubrió la corrupción de funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB) y el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún.

El auditor superior llega a la LX Legislatura (en la que seguirá como titular de la ASF hasta el 2009) con la acusación de encubrir un desfalco al erario público de por lo menos mil 700 millones de pesos del IPAB, institución que por ley tiene la obligación de garantizar el monto de los ahorradores ante una posible quiebra técnica bancaria y que, de acuerdo con los informes financieros del propio IPAB, al final del sexenio no tiene recursos para enfrentar ninguna eventualidad.

La denuncia contra González de Aragón, cuya copia obra en poder de Fortuna, fue presentada ante Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, por los diputados José Alarcón Hernández, Jorge Legorreta Ordorica y Jesús González Schmal, y se desprende del disenso de los legisladores sobre los resultados de la ASF en la revisión a las transacciones entre el IPAB y la empresa Construcciones Prácticas (dentro de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2004), operaciones que la ASF determinó “sin observaciones”.

Luego de que los auditores de la Comisión Especial (que desde el año pasado investiga el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún) estimaron el millonario daño patrimonial de Construcciones Prácticas en contra del IPAB, los legisladores denunciaron a González de Aragón por encubrimiento y omisiones.

Y es que, además de que los bienes -principalmente cientos de casas de interés social- fueran adquiridos de forma discrecional por los hijos de Marta Sahagún y sus socios a un precio de 3 mil pesos promedio por unidad, fueron revendidos por Construcciones Prácticas al gobierno federal, por medio del Fovissste e Infonavit, a razón de 300 mil pesos por vivienda.

Los diputados condenan la conducta de González de Aragón y lo acusan de encubrir a Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a sus socios Alberto Dunand Aramburu y Miguel Khoury Siman (a quienes actualmente se sigue una denuncia penal en la PGR), y piden se inicien procedimientos administrativos en su contra, así como de los auditores especiales y de “todos los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación” que intervinieron en la Auditoría Especial que se practicó al IPAB en el proceso para la enajenación de bienes propiedad de Bancrecer durante el ejercicio 2004.

Del resultado de las indagatorias, de acuerdo con los legisladores, podría derivar en la destitución de González de Aragón por violación a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Saqueo sexenal al IPAB

En el proceso de recuperación, enajenación y administración de bienes propiedad de Bancrecer que fueron donados al IPAB, Construcciones Prácticas adquirió, mediante subasta pública en abril de 2004, el predio “Los Pirules” -antes “El Chilar” o “El Calvario”- ubicado en Celaya, Guanajuato, con una superficie de 42 mil 814 metros cuadrados, en 4 millones 345 mil 621 pesos.

En esta operación participó Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., la cual fungió como “Tercero Especializado” en el proceso de recuperación, enajenación y administración de bienes del IPAB.

La empresa de los Bribiesca compró la unidad habitacional -de 275 departamentos en condominio- conocida como “Santa Catarina”, ubicada en Avenida 22 Sur número 307, San Francisco Totimehuacán, en la ciudad de Puebla, a un precio de 20 millones 993 mil pesos.

En su informe sobre la enajenación de dichos bienes, incluida en su revisión a la Cuenta Pública 2004, la ASF señala “sin observaciones” la revisión del proceso de enajenación del predio “Los Pirules”.

En el mismo informe, la ASF indica: “De los dos cheques con que se cubrió el importe de la postura, el primero por un millón 303 mil 700 pesos, que cubría el 30 por ciento que corresponde al depósito de garantía relativo a la oferta definitiva presentada, fue girado de una cuenta diferente al participante ganador, en HSBC México, S.A.; el segundo, que saldó la oferta definitiva, también de HSBC México, S.A., por 3 millones 41 mil 900 pesos, está firmado por el participante ganador.”

La Comisión de Investigación descubrió que el cheque “girado de una cuenta diferente al participante ganador”, resultó girado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún. Con este documento, certificado con el número 9564648 a cargo de HSBC México, Construcciones Prácticas garantizó su participación en el proceso de subasta de abril de 2004, mismo que representa el 30 por ciento de su oferta con un valor de 4 millones 345 mil 621 pesos.

Respecto a la subasta pública del condominio “Santa Catarina”, en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004, González de Aragón determinó “Sin observaciones”.

No obstante, en el informe de la Auditoría se indica que: “De los tres cheques con que se cubrió el importe de la postura, el primero por un millón 869 mil 900 pesos fue girado de una cuenta a nombre de Construcciones Prácticas, en Banco del Bajío, S.A.; el segundo de Banamex, S.A. por 4 millones 410 mil pesos, que sumado al primero cubren el 30 por ciento de la postura, no indica el nombre del titular y la firma no coincide con la del participante ganador; y el tercero, por 14 millones 653 mil 100 pesos, fue girado de una cuenta a nombre de Construcciones Prácticas, en HSBC México, S.A.”

La Comisión de Investigación descubrió que el cheque por 4 millones 410 mil pesos, a que se refiere la ASF, “no indica el nombre del titular y la firma no coincide con la del participante ganador”, corresponde al número 21847450 a cargo de Banamex, girado por Alberto Dunand Aramburu, mismo que sumado al cheque 171 del banco del Bajío, por un millón 869 mil 900 pesos, girado por Construcciones Prácticas, constituyen el 30 por ciento del importe de la oferta ganadora por 20 millones 933 mil pesos.

La documentación que la Comisión de Investigación solicitó al IPAB- relacionada con las subastas en las que participó Construcciones Prácticas- le fue entregada testada parcialmente al calificarla ese Instituto como “Confidencial”, mientras que para González de Aragón no hubo tal restricción y se le dio acceso a la documentación en su totalidad.

En su denuncia, los diputados argumentan que la ASF pasó por alto la valoración jurídica de las transacciones entre el IPAB y Construcciones Prácticas:

“Es así que respecto a la legalidad de los procesos de enajenación de inmuebles en los que participó Construcciones Prácticas, la Auditoría Superior de la Federación no encontró observaciones y determinó que los procesos de enajenación se ajustaron a la normatividad aplicable”.

Lo anterior es calificado por los legisladores como “indebido” porque, dicen, la ASF omitió señalar que el IPAB no dio cumplimiento a las bases para los procesos de subasta pública tanto del predio “Los Pirules”, en Celaya, Guanajuato, como del condominio de Santa Catarina, en Puebla.

Derivado de la revisión de la documentación relacionada con las subastas de inmuebles donados por Bancrecer al IPAB en las que participó Construcciones Prácticas, la Comisión de Investigación concluyó que se incumplieron las “Bases para el Proceso de Subasta Pública” del predio “Los Pirules” y del condominio de Santa Catarina al haber participado en los procesos personas distintas al postor.

El argumento se deriva de que las bases para los procesos de subasta pública, como parte integrante del libro blanco del IPAB en su versión pública, establece que: “Dos o más interesados en el proceso de subasta, sin formar una persona distinta de ellos, podrán constituir consorcios con el propósito de participar en el proceso de subasta como un sólo participante, para lo cual deberán designar a más tardar con dos días hábiles de anticipación a la fecha de la subasta, un representante común”.

Al respecto, la denuncia contra González de Aragón establece que el auditor infringió la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, “ya que era su obligación determinar si en la gestión financiera se cumplía con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como las bases de licitación en la enajenación y baja de los bienes inmuebles”.

Aunado a que, de acuerdo con los legisladores, González de Aragón “ocultó” el nombre de los titulares de los cheques que fueron girados y presentados en las subastas por personas distintas al postor que fue Construcciones Prácticas, “aun a sabiendas que la copia de los mismos que le envió el IPAB a la Comisión de Investigación de la Cámara eran ilegibles”.

Según los legisladores, el hecho constituye también violaciones a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y encubrimiento ante un posible ilícito fiscal y de tráfico de influencias.

La valoración de la falta de observaciones de la ASF, respecto de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a la que hacen referencia los legisladores en su denuncia, también han sido advertidas por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, cuyo “Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004” de julio de 2006, indica:

“La evaluación del proceso para la enajenación de bienes propiedad de Bancrecer, S.A practicada por la ASF se apegó exclusivamente a corroborar el cumplimiento formal de la normatividad durante el proceso de la venta de los bienes objeto de la revisión.

“La ASF no se pronunció respecto a diversos puntos que merecerían un análisis más a profundidad como los siguientes: La Administradora de la Cartera de Bancrecer, la empresa Fénix Administración de Activos fue autorizada por el IPAB para administrar los activos del banco por cuatro años a partir del 2000. Sin embargo, a partir del 2001 el IPAB otorgó a Bancrecer un mandato sin representación para que administrara la Cartera cuyos derechos pasaban al IPAB, a su vez Bancrecer ratificó a Fénix como administradora de los activos sin que el IPAB realizara una evaluación de la gestión de dicha empresa. Este punto es fundamental para la forma en que el proceso de enajenación, objeto de la revisión se desenvolvió. Así, en el proceso de licitación, Bancrecer (y Fénix de manera indirecta) determinaría con amplia discrecionalidad la elección de los participantes en las licitaciones objeto de la revisión.

“La ASF no evaluó a fondo las posibles implicaciones de esta discrecionalidad otorgada a Bancrecer y que dejaba en situación marginal al IPAB en este proceso fundamental de la licitación. En opinión de la UEC, el IPAB debió haber eliminado de las bases de licitación esta discrecionalidad absoluta de Bancrecer”.

La Unidad de Evaluación resume que la ASF “no hizo un análisis más detallado sobre aspectos decisivos del proceso de enajenación”.

Los legisladores solicitan que la Unidad inicie procedimientos administrativos contra el auditor superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la ASF que intervinieron en la Auditoría Especial que se practicó al IPAB, concretamente en el proceso para la enajenación de bienes propiedad de Bancrecer durante el ejercicio 2004, y que se formule la denuncia “respecto a aquellas conductas que puedan ser constitutivas de delito”.

Además de que se finquen responsabilidades y sanciones de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las derivadas de delitos penales.

Año IV No. 44 Septiembre 2006