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El Fuerte, Sin. Los yoremes conocen bien a su enemigo. Desde la conquista de América, en 1492, lo han nombrado yori: el mestizo, el bravo, el que no respeta. Es el yori quien promueve programas “sociales” como el de la certificación de derechos parcelarios y titulación de solares urbanos (Procede). Es quien despoja, humilla, margina, empobrece. Es quien juzga y deja en la impunidad sus propios abusos.

Es el yori quien renta la parcela y luego de unos años la arrebata. Mientras los juicios en contra del robo de tierras, interpuestos ante la Procuraduría de la Reforma Agraria, se acumulan, casi se pudren en el olvido y la impunidad, pues quien los resuelve es el mismo yori.

“La gente de dinero, de recursos, es la que nos despoja de la madre tierra o de una parcela o de todo un ejido, porque aquí el que tiene dinero compra, y el que no pues nada más lo mira”, manifiesta con indignación la gobernadora tradicional de Mochicahui, Julia Gastélum Escalante.

Añade: “somos pobres, somos muy pobres; pero creo que no hay necesidad de vender la parcela: es el patrimonio de nuestros hijos”. Sin embargo, la pobreza y marginalidad en la que viven los indígenas de Sinaloa los orilla a vender o rentar sus tierras a precios muy bajos, equivalentes incluso a los dos centavos por metro cuadrado, denuncian.

Bernardino Valenzuela, presidente de la Federación Indígena de Sinaloa, señala: “el problema es que los visitadores agrarios difunden, ante los ejidos, programas que supuestamente benefician a los compañeros. Pero el Procede en lugar de ayudar a los ejidos los ha afectado totalmente. No sólo no respeta las formas de organización de las comunidades, sino que deja de lado lo que establece el artículo 27 constitucional, de que se iban a respetar los usos y costumbres y no se ha hecho. Ahí se ve claramente que la ley no se respeta”.

La gobernadora coincide. “Por la modificación al artículo 27 de la Constitución los indígenas, por ignorancia tal vez, han vendido sus tierras. ¿En qué estado ha caído el indígena, por ignorancia y por la propia necesidad, al vender la tierra? Ahora ya no tenemos tierras”.

Para el presidente de la Federación Indígena de Sinaloa “tenemos problemas agrarios en el ejido Higuera de los Natoches; en el municipio de El Fuerte, donde personas particulares se están apropiando de la tierra, con lo que nuestros compañeros indígenas quedan desprotegidos. Los compradores están coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria”.

El 70 por ciento del ejido Higuera de los Natoches, que equivale a mil hectáreas, ha sido vendido irregularmente; de los 115 ejidatarios legítimos ya sólo quedan 38. En total, Bernardino Valenzuela calcula que las pérdidas en los otros ejidos superan las 2 mil hectáreas.

“Ya presentamos la inconformidad ante la Procuraduría (Agraria), pero vemos claramente que hay intereses económicos y políticos del gobierno y por eso no le importa que estén pisoteando los derechos de nuestros compañeros, abusando de su ignorancia”, dice Valenzuela.

El líder indígena advierte que, “desde hace tres años, el comisariado ejidal y funcionarios de la Procuraduría Agraria promueven la venta de tierras, donde protegen a las personas particulares. La denuncia es ante la propia Procuraduría y ante el estado, pero el gobierno estatal nos contesta que no tiene competencia. Aquí lo preocupante es que puede haber enfrentamientos, porque los compañeros no están dispuestos a sufrir más agresiones.

“En Sinaloa tenemos aproximadamente a un total de 100 compañeros yoremes que han sido afectados. Tenemos problemas en La Misión, El Fuerte, Carrizo Grande, Sinaloa de Leyva y, en general, en todos los ejidos indígenas.”

Valenzuela dice que en todos los casos, la Procuraduría de la Reforma Agraria manifiesta que el problema de la posesión de la tierra se va a resolver, “pero ya transcurrieron tres años y en este tiempo lo único que hemos visto es cómo les dan preferencia a los inversionistas y no a los ejidatarios, a pesar de que su función es asesorar a los ejidatarios, defenderlos”.

Renta de terrenos

La ausencia de apoyos gubernamentales y de créditos bancarios, así como la crisis del campo a nivel nacional, ha propiciado otra problemática entre los yoremes: la renta de sus terrenos.

“La gente indígena no tenemos terrenos, no tenemos propiedades, no somos ejidatarios. Aquí los latifundistas son los que tienen terreno, y nuestra gente es jornalero agrícola, por eso le pagan muy poco, 60 pesos al día. Hay uno que otro que sí son ejidatarios, pero por la misma falta de recursos y de apoyo, pues acaban rentando la parcela”, explica Julia Gastélum.

Añade que hay un caso ilustrativo, el de Julián Valenzuela, yoreme de El Fuerte. “Él heredó una parcela de 10 hectáreas, pero como no tenía dinero para sembrar la rentó a una persona, después de siete años el patrón ya no le quiere devolver la parcela. Yo le dije que me haga una solicitud formal para que acuda con quien corresponda y evitemos que la gente indígena sea despojada de su tierra”.

La gente cuenta que los usufructuarios que rentan los terrenos pagan, en promedio, 6 mil pesos al año por hectárea, “y luego el rico nos despoja”. La gobernadora tradicional insiste en que estos abusos de los yoris se tienen que frenar. “En este caso de Julián, y todos los que sean similares, vamos a recuperar la tierra. Hay documentación que comprueba que la parcela es de él y no del rico que se la estaba rentando”.

Julia Gastélum señala que “el rico se vale de que tiene dinero y puede pagar. Esa es la problemática en casi todos los ejidos indígenas. Es muy poco dinero el que le dan por la renta al indígena. Sí es cierto que a veces el ejidatario es el que gasta todo lo que da su parcela en alcohol, mujeres, pero el despojo también ocurre”.

Carrizo Grande

La palabra yoreme significa “el pueblo que respeta la tradición”. En Sinaloa, estos pueblos se asientan en la región norte, colindante con el estado de Sonora. Distribuidos en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome.

La gobernadora Julia Gastélum explica que la intervención de los yoris en la delimitación geográfica del estado modificó a su pueblo. Antes, los yoremes de Sinaloa y de Sonora éramos una sola comunidad. Aún mantenemos relaciones de baile y tradición, a pesar de que nos hayan separado.

Pero la mano del yori no se conformó con separar al pueblo mayo, sino que ahora arrebata las tierras. En El Fuerte, los yoremes cuentan que el ejido Carrizo Grande es una comunidad indígena que está pegada a la Bahía de San Ignacio. Que se formó en 1934 y que la mayoría de los indígenas, poco a poco, han sido privados de sus derechos: se les dio derecho a la tierra a personas que no tienen raíces, que no son de aquí.

En el poblado Carrizo Grande, detallan, fuimos beneficiados con dos granjas acuícolas, pero un grupo de ocho ejidatarios, en complicidad con las autoridades, es el que se ha beneficiado: rentó las granjas sin consultar a nadie.

Desde hace un año, los ejidatarios mantienen un juicio ante la Procuraduría de la Reforma Agraria para recuperar las dos granjas en beneficio de los 61 ejidatarios. Pero los yoremes señalan que las denuncias las han presentado incluso ante Xóchitl Gálvez, representante oficial de los pueblos indígenas de México, y ante el propio Vicente Fox.

“Pero esto es una mafia, es una corrupción”, se quejan y piden apoyo real de las autoridades para que resuelvan este conflicto de la posesión de la tierra a favor de los 61 ejidatarios, “sin ver a unos más bonitos y a otros más feos”.

Los habitantes de Carrizo Grande acusan a la Procuraduría de la Reforma Agraria de permitir los despojos en contra de los indígenas.

“Hace un año presentamos el juicio para recuperar las propiedades del ejido, pero hasta ahora no nos han informado nada. Tenemos un abogado que nos dio la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (dependiente de la Presidencia) pero sucede que no nos informa, entonces nosotros requerimos un abogado de confianza para los indígenas”.

Dicen que Ramón Sánchez, el biólogo encargado de seguir las instrucciones que dio Xóchitl Gálvez, tampoco les ha informado nada. “Desconocemos los avances del juicio, todo está como antes. Estamos desesperados, viendo que ya hay mano turbia en esto, pero que quede claro, no vamos a permitir que a los indígenas se nos sigan violando nuestros derechos”.

Publicado: Noviembre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 68