La historia de las relaciones internacionales (nación tawantinsuyana y nación hispánica-pacto con el Vaticano) a partir de las primeras pisadas en suelo de la nación andina por parte de los dos invasores hispánicos (imperio español y el Vaticano conjuntamente), estuvo desde su inicio teñida con sangre, y con sangre derramada de la población tawantinsuyana peruana.

Los abusivos españoles y los miembros del Estado Vaticano llegaron a saquear, extirpar y eliminar a nuestros antepasados mediante un pacto o arreglo entre ellos denominado patronazgo.

Mediante el denominado patronazgo, Iglesia Católica en tanto Estado Vaticano y sus representantes con la soldadesca hispana, cogobernaron, sometieron, saquearon, asesinaron, torturaron a sus anchas a nuestros antepasados y extirparon y destruyeron sitios, pertenecientes a la cultura tawantinsuyana y redujeron a “ruinas” el patrimonio tawantinsuyano por mas de tres centurias.

Los crímenes de un altísimo porcentaje de la población, se ha calculado que se redujo de 13 millones a 3 millones la población fue acusada de ser “idólatra” y consecuentemente “diabólica” y sometida a castigos físicos, trabajos forzados, tratos crueles, humillantes y degradantes y añádase mitas minera y obrajera mediante la extremadamente cruel “extirpación de idolatrías” dirigida por los miembros del clero en cogobierno con las autoridades civiles y militares españolas, especialmente por jesuitas, (quienes hoy se dan el lujo de asumir el rol de adalides de la defensa de los DDHH); franciscanos; agustinos, mercedarios, dominicos y otros; es un hecho histórico innegable y vergonzoso, aunque es hábilmente obviado por intelectuales asalariados por el clero y también por intereses transnacionales.

En el Perú de hoy, 2006, hay muchas deudas por saldar.

Hablamos de reparaciones económicas por asesinatos torturas, tratados crueles e inhumanos en las que tuvo participación activa el clero y el Estado español. Estamos hablando de varios cientos de millones de dólares que el Estado español y Estado Vaticano adeudan al Estado laico peruano por las atrocidades acometidas históricamente.

Exterminadores etnocidas genocidas fueron Francisco Pizarro, Diego de Almagro pero también lo fue Hernando de Luque.

Y extirpador, asesino de crímenes de lesa humanidad fueron Gerónimo de Loayza Francisco de Avila, Fernando de Avendaño, entre otros numerosos criminales y genocidas, quienes actuaron en combinación con el nnvasor virrey Toledo y otras autoridades brutales que impuso la criminalidad ibérica.

Invasores y genocidas también fueron, entre otros, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, Esquilache y Arriaga.

En otros países, como Alemania, cuando hubo actos de lesa humanidad y actos genocidas se juzgó y colgó a los autores de los crímenes aberrantes.

En Perú, en cambio, de modo afrentoso y vergonzante, mediante el Artículo 50, de la Constitución del 79, los legisladores de ese entonces cometieron la estupidez insensata de reconocer al invasor católico, genocida y etnocida, un “papel importante” en la formación moral, histórica, espiritual y le presta colaboración.

Mediante el Concordato infame, inconstitucional DS 23211, se regala a la Iglesia homicida y exterminadora y genocida, miles de millones de dólares en liberación de impuestos, sueldos, salarios, asignaciones personales, viáticos, viajes y mil y una ventajas y favoritismos que ya quisiera cualquier empresa.

Para colmo de males, hospitales generales, colegios, avenidas reconocen el exterminio como algo positivo y se reverencia a los homicidas con nombres de lugares públicos. Ejemplos: Hospital General Arzobispo Loayza (Av. Alfonso Ugarte); Avenida Los Conquistadores (San Isidro); calle Esquilache (San Isidro); Alameda El Corregidor (La Molina).

En síntesis, Perú es un país que rinde culto a sus torturadores y asesinos.

Véase el caso que torturadores y asesinos recientes de violencia política hoy ostentan altos cargos en los gobiernos de turno.

Por todo ello, exigimos :

1) La conformación de un Tribunal de la Verdad Histórica integrado por intelectuales peruanos y extranjeros laicos, cuya misión debería ser: brindar un estimado de los montos de reparaciones civiles y económicas por los peruanos asesinados, para que se juzgue a los torturadores históricos en el Perú, y proceda a la reparación de todos los ultimados, sometidos a tratos crueles degradantes e inhumanos por parte del Estado español y el Estado Vaticano mediante el patronazgo y la extirpación de idolatrías y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Los casos de derechos humanos no prescriben.

2) Derogación inmediata del infame y agraviante Artículo 50 de la Constitución Política del Perú.

3) Anulación ipso facto, ipso jure del funesto Concordato Estado peruano-Estado Vaticano DS. 23211.

4) Anulación de los decretos de 1991 y anteriores que pagan sueldos en calidad de asignaciones personales a miembros del clero en porcentajes en relación a los ministros de Estado.

5) Instauración del Estado laico separado de cualquier confesión religiosa.

6) Destitución inmediata de las Direcciones de personal eclesiástico a cargo y regencias de Centros Educativos Nacionales con regencia católica. El caso del Colegio Mercedes Indacochea de Chorrillos es emblemático. Un colegio nacional regido por monjas católicas.

7) Eliminación del Curso de Doctrina católica enseñado bajo el disfraz de curso de “religión”.