¿Víctimas o victimarios? La pregunta ronda hoy en Guatemala, diez años después de la disolución de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que utilizó el Estado para combatir las guerrillas de este país centroamericano. Todavía se discute su reconocimiento y compensación. Y no hay acuerdos.

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la Urng (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) le pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno con la firma de los acuerdos de paz. Pero aún no hay acuerdos sobre si son víctima o victimario, una definición crucial para legitimar o no el pago de una indemnización a los miembros de las PAC por los llamados “servicios prestados en defensa del Estado y la propiedad privada” entre 1981 y 1996.

La iniciativa del pago surgió en el debate electoral de 1999 a la Presidencia de la República, cuando, en su afán de conquistar votos, Alfonso Portillo, candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), prometió un pago individual de 680 dólares, dividido en tres cuotas, a cada integrante de las PAC.

Portillo llegó a la Presidencia y tras demorarse en cumplir su ofrecimiento, los patrulleros comenzaron a presionar; Luego de aplicar medidas de fuerza en el 2002, como la toma de aeropuertos regionales y de la ciudad capital, lograron la compensación económica prometida.

La iniciativa dividió al país y no cayó bien entre los organismos internacionales defensores de derechos humanos. Sin embargo, se hizo un primer pago de 230 dólares en el año 2003 y quedaron pendientes dos pagos más, que serían responsabilidad del sucesor de Portillo, el hoy presidente de la República Oscar Berger.

Qué son las PAC

Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas por el Ejército de Guatemala a finales de 1981, en el gobierno del general Romeo Lucas García, como parte de la política contrainsurgente.

La estrategia consistió en involucrar a las comunidades en la ofensiva contrainsurgente con el fin de evitar la posible penetración de la guerrilla y también sacarla de donde ya había logrado alguna presencia. Si bien no hay datos oficiales, se estima que entre 1982 y 1983, el punto más cruento de la guerra, se involucraron 1 millón de campesinos, de entre 15 y 60 años, en su mayoría indígenas Mayas hombres.

Sobre el mecanismo de incorporación a las PAC hay dos posiciones encontradas: de un lado se dice que fue voluntario, pero de otro se advierte que fue forzoso, bajo acusaciones y amenazas de muerte, que incluían a los familiares. Sea lo uno o lo otro, lo cierto es que se constituyó un ejército de civiles que acabó con el sistema de autoridad indígena y se convirtió en una forma de control total de las comunidades Mayas.

Discusión sin fin

“A mi esposo, por llegar cinco minutos tarde a su patrulla lo metieron a un pozo, bien golpeado pues. ¿Eso es ser voluntario? No fueron voluntarios para servirle a la patria, fueron obligados pues”, relata la diputada Rosenda Pérez, una mujer con aire campesino cuya voz se alza cada que puede para mostrar que los paramilitares tienen una historia qué contar, “pero nadie les quiere poner atención”.

La diputada Pérez hace parte del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), movimiento político creado por el general Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala marzo de 1982 y agosto de 1983 tras dar un golpe de Estado, y quien legalizó las Patrullas de Autodefensa Civil, dentro el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo.

Desde hace seis años, esta congresista de 53 años de edad preside la Asociación de Ex patrulleros del Petén, que agrupa a 11.500 campesinos que integraron las PAC durante los últimos quince años del conflicto armado guatemalteco. Con este caudal electoral logró un escaño en el Congreso, desde donde promueve el reconocimiento político y económico de los paramilitares.

“Los patrulleros no tenían dinero ni comida, fue una vida triste andar en la montaña con aquel rigor del Ejército”, continúa Pérez y cuestiona a quienes los consideran victimarios. “Prácticamente dicen que los patrulleros deberían estar presos. Y el Gobierno como que tiene miedo de Naciones Unidas, yo qué sé, para señalar que las PAC también son víctimas. En otros países le ponen el botón al que defiende la patria, pero aquí es al revés”.

Frank La Rue, director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, aclara que desde el Gobierno se ha insistido en no rechazar a ningún patrullero que se presente como víctima si no se reivindica como paramilitar, “pero ninguno lo quiso hacer porque el gobierno anterior les dio la sensación que tenían el derecho a cobrar un pago por servicios al Estado.”

El funcionario reconoce que a varios de los patrulleros se les puede mirar como víctimas, “porque fueron forzados por el Ejército; algunos tuvieron a sus familiares secuestrados, y otros sufrieron vejámenes físicos. Pero muchos otros, después de un tiempo, se impusieron como líderes comunitarios afines al Ejército, les gustó el poder y comenzaron a abusar”. A la fecha, aún se sienten sus presiones.

Pero más allá de esa discusión, La Rue advierte que haber utilizado a las PAC como mecanismo de confrontación política ha sido el retroceso más grande del proceso de paz. “Es una amenaza grave porque es una gran movilización de ciudadanos civiles armados y con intereses políticos. El presidente Portillo cometió el error histórico, oportunista, de sacar a un monstruo de la jaula, darles fortaleza estructural, negociar con ellos y pagarles una indemnización por los servicios prestados. Nos opusimos rotundamente a ello y dijimos que era inmoral”.

La posición de La Rue coincide con la Corte de Constitucionalidad, que en dos ocasiones denegó la cancelación en efectivo para estas agrupaciones. Sin embargo, La Rue admite que no habría problemas en el pago siempre y cuando sea por servicios a futuro, que no tuvieran que ver con la guerra sucia. Como salida alterna, el gobierno de Oscar Berger creó el programa Bosques y Agua para la Concordia, a través del cual se reforestarán 30.000 hectáreas en todo el país.

Se pretende que 544.620 ex patrulleros siembren y protejan 30 millones de árboles en todo el país, que deberán estar plantados en diciembre de 2006. En agosto de este año se sembró el árbol número ocho millones y antes de finalizar el año, recibirán el segundo pago de 220 dólares, pero como compensación a su trabajo en el programa de reforestación.

Visión no gubernamental

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan estas estructuras paramilitares, empleadas por el Estado para aplicar su política de tierra arrasada en los años 80, a través de la cual destruyeron 400 aldeas que se sospechaba conformaban la base social de la guerrilla, se desplazó a más de un millón de personas y fueron asesinadas y desaparecidas a 250.000 personas.

“Los Acuerdos de Paz las habían explicitado como victimarios y represores, pero ahora resultaron siendo héroes de la patria. El gobierno acabó pactando con ellos una indemnización millonaria que ha causado un daño profundo a la reconciliación”, explica Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Agrega que esa compensación de 680 dólares es un reparto de miseria. “Fue la manipulación de la miseria de la gente, al punto que cuando se quisieron hacer las listas de los paramilitares, se presentaron jóvenes que ni habían nacido en la época de las PAC. Es que para un campesino pobre esa plata es una redención”.

El contraste también está en lo destinado a la indemnización de los PAC, tasado en por lo menos 370 millones de dólares, y en el monto destinado a las familias de las víctimas. “El año pasado apenas dieron 80 millones de dólares para reparar a las familias de 250 mil victimas. A la fecha, sólo 80 familias han sido resarcidas”, afirma Asturias.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es uno de los activistas que más ha cuestionado el pago a los paramilitares y desde la organización que dirige han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad para frenar la compensación económica a los PAC y los han ganado, pero reconoce, en parte, la victimización de los patrulleros.

“A los campesinos los obligaron a pertenecer a las PAC. Ni un solo labriego puede decir que no fue PAC. O se metía a patrullar o tenía que justificar por qué no había patrullado, explicando exactamente dónde estaba y pagando por el día de patrulla a otro campesino. Si no había claridad lo mataban”, narra Polanco.

Varios informes, entre ellos el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), señalan a las PAC como responsables en una de cada cinco masacres; estuvieron involucradas en asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros tratos crueles, así como en desapariciones forzadas, detenciones irregulares y amenazas.

Pero estos delitos fueron cobijados por la Ley de Reconciliación Nacional, firmada el 27 de diciembre de 1996, que declaró “la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley”.

La discusión va para largo en Guatemala. Los diez años del proceso de paz aún no curan las heridas.