Más allá de las controversias desatadas por las investigaciones que adelantala Corte Suprema de Justicia -la mayoría en su etapa preliminar-, contra conspicuos miembros del uribismo en el Congreso por su simbiosis criminal con el paramilitarismo, así como de las tardías revelaciones de la Comisión de la Verdad sobre la hecatombe de la Justicia, no está tanto el esclarecimiento de la verdad histórica o el pronunciamiento de veredictos de inocencia o culpabilidad contra algunos protagonistas de la parapolítica.

Lo que realmente está en juego es la existencia misma de la política y su práctica como un ejercicio público de dignidad y decencia o, por el contrario, su mutación en una actividad clandestina donde ya no es posible distinguir entre el criminal y el político.

A lo que estamos asistiendo es a la fase terminal de una brutal metamorfosis de nuestras instituciones y sus mutantes protagonistas, que ha tenido puntos horripilantes de inflexión, como la escenificación pública del horror en el Palacio de Justicia, en pleno epicentro del poder nacional, que arrasó con todo vestigio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante la acción combinada de una alucinada guerrilla y la soberbia presidencial estimulada por la revancha militar.

Luego padecimos la fase narcoterrorista de los extraditables, superada provisionalmente mediante el ya derogado artículo 35 de la Constitución del 91, que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Después supimos, con el proceso 8.000, que el poder deletéreo del dinero blanqueado era políticamente más eficaz que el poder terrorista de Escobar.

Pero lo que hoy estamos presenciando es mucho más grave. Es nada menos que la exitosa metamorfosis de esa simbiosis entre el crimen y la política. Vemos con estupor como de la crisálida del narcotráfico y del terror blanco sale una vistosa mariposa con alas tornasoladas, donde destellan el rojo castaño, pasando por el azul prusiano hasta el transparente y blanco cristalino.

La multicolor y multiforme mariposa revolotea por el espacio público y electoral, da giros acrobáticos inimaginables, algunas veces en “U”, otras en “C”, o en “L”, hasta que termina posándose impunemente en las cumbres del poder político estatal.

En semejantes alturas institucionales, sus alas toman más fuerza y alcance, pues su existencia es reconocida como inevitable, casi necesaria para derrotar a ese otro terrible coleóptero rojo, de tiempos inmemoriales, con mayor capacidad de mutación y mimetismo, que hoy se conoce bajo el nombre de terrorismo.

Entonces la sutil mariposa se reviste de legitimidad y pretende volar más allá del bien y del mal, más allá de la Constitución y la ley, por eso algunos de sus miembros incurren en actos terroristas, que hoy el Fiscal General apenas califica de “burdo montaje y estafa”, como los cometidos por el Mayor del ejército Jaime Efrén Hermida y el Capitán Luis Gerardo Barrero. Falsos positivos que, según el Presidente, nunca existieron.

Es que toda metamorfosis impone su propia semántica legal y judicial. Por eso el Presidente, al comienzo de su gestión y como una primera fase de esta culminada simbiosis entre el crimen y la política, promovió la ley 782 de 2003, que le permitió empezar conversaciones, nunca negociaciones, con los comandantes de las AUC, reconocidos entonces como delincuentes comunes.

En desarrollo de las mismas, cuya condición para empezar y continuarlas era el cese del terrorismo y las hostilidades, dichas organizaciones han perpetrado al menos 3.000 asesinatos y aún no han liberado más de 300 personas que figuran como secuestradas, según los reportes de “País Libre”, la fundación gestada por el actual Vicepresidente, Francisco Santos, ahora al frente de la política pública para la promoción, protección y vigencia de los Derechos Humanos.

En el transcurso de las conversaciones, bajo la denodada coordinación del Psiquiatra y Filósofo Luís Carlos Restrepo, se logra una extraordinaria transformación en la personalidad e identidad de tan temibles y traumatizados pacientes.

Terminan rehabilitados y convertidos en actores políticos, gracias a la sapiencia jurídica del actual Fiscal que, como Viceministro de Justicia, siguiendo instrucciones del ex presidente de FENALCO, Sabas Pretelt, negocia el contenido de la ley de “Justicia y Paz” atendiendo la solicitud de sus clientes para ser tratados como delincuentes políticos.

Todo lo anterior, siguiendo instrucciones del Presidente Uribe, quien considera que “es muy difícil trazar una línea divisoria entre quienes participan en delitos de rebelión y sedición y quienes cultivan, procesan y trafican con drogas ilícitas”, según declaraciones públicas a RCN. Se culmina, así, la primera fase de la metamorfosis de la simbiosis entre el crimen y la política.

La segunda fase comienza con la reelección del prestidigitador de semejante acto de reconversión. Para ello no son despreciables los votos de Senadores y Representantes afines al paramilitarismo.

En principio, aprobando el acto legislativo de la reelección presidencial inmediata y luego acompañándolo en su victoriosa campaña reeleccionista. Por eso no tiene sentido aportar prueba alguna sobre la responsabilidad presidencial en la configuración de este entramado cacocrático, pues a ello no sólo han contribuido la gran mayoría de los 69 senadores y 102 representantes que lo respaldan en el Congreso, sino los más de siete millones de Colombianos que lo reeligieron, apenas el 18% del total de ciudadanos y ciudadanas habilitadas para votar.

Porque en la política no se trata de establecer culpabilidades personales sino responsabilidades colectivas. Y, sin duda, la confianza de la mayoría de esos siete millones de compatriotas ha sido defraudada y robada, gracias a esa hábil manipulación presidencial de combinar el miedo ciudadano a los ataques del coleóptero rojo con su esperanza ingenua en un mandatario que prometió luchar contra la politiquería y la corrupción.

Hoy vemos que sus aliados y compañeros de viaje están gravemente implicados con la multiforme y multicolor mariposa del paramilitarismo. Por todo ello estamos viviendo en los tiempos de la cacocracia, el gobierno de los ladrones más astutos y habilidosos, aquellos que roban la confianza ciudadana, posando de santos y virtuosos.

Afortunadamente el dominio de los cacos todavía puede ser desafiado y electoralmente derrotado en muchas regiones del país. Es nada menos lo que está en juego en las próximas elecciones regionales del 2007. Por eso, además de garantías para una competencia libre y justa, se precisa de una ciudadanía responsable, reacia a la manipulación mediática y al maniqueísmo moralizante, capaz de asumir conscientemente su papel, sin delegar en terceros la salvación de una espuria “democracia” y mucho menos creer que la patria es patrimonio de unos pocos. De lo contrario, la metamorfosis cacocrática se extenderá por todo el país, bajo la falaz consigna presidencial de “Primero Colombia”.