Estas son algunas de las sensaciones que puede sentir un ciudadano cualquiera al conocer la noticia que informa de la orden de captura, librada por la Corte, contra tres congresistas en ejercicio, por su impulso del paramilitarismo.

Son sentimientos encontrados, en los cuales se afincan las certezas y se diluyen las dudas.

Y con razón. Desde años atrás, se tiene la seguridad que en Colombia, así no se pueda demostrar con nombres propios, un importante porcentaje de los miembros de la clase política tradicional está vinculada al paramilitarismo, son parte de su soporte.

Hechos y seguridades que se desprenden, de la imposibilidad para adelantar campañas políticas alternativas e incluso liberales, en cientos de municipios donde domina el paramilitarismo, producto de las amenazas, persecuciones y asesinatos que sufren quienes cuestionan y presentan opciones diferentes a las del establecimiento. Su otra alternativa, el silencio. Ver y callar.

Pero los hechos hablan por sí solos. En su momento (elecciones de marzo del 2002) el propio jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, confirmó esta mezcla espúrea: “…los paramilitares eligieron el 35 por ciento del Congreso”. Lo cual fue reafirmado por Vicente Castaño años después, “…podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”. Por su parte, las entonces representantes a la Cámara, Eleonara Pineda y Rocío Arias, dijeron: “Mancuso y Vicente Castaño hablaron de que tenían un 35 por ciento de amigos en el Congreso, pero nosotras pensamos que es más”.

Pero Mancuso también se refirió a la propuesta, para ese momento, de la reelección de Uribe: “Todas las autodefensas estamos de acuerdo. Cuando (existe) un buen funcionario, que ha ejecutado bien su función (…) debe tener la posibilidad de ser reelegido”. Y con su poder económico, político y de intimidación, actuaron para que así fuera. Ahora se sabe de asesinatos relacionados con las elecciones, pero también de amenazas, manipulaciones y otros hechos no menos graves. De esa manera se rompió toda legalidad. Se impuso la razón de la fuerza. La legitimidad se quebró. Vale la pena preguntar, por tanto, ¿sobre cuál base se sostiene, entonces, el poder central en Colombia?

Todos estos sucesos fueron los que llevaron, al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán a precisar: “Este proceso es peor que el 8.000”.Y sin embargo, en ese momento, desde la Casa de Nariño no se conoció un solo pronunciamiento que fustigara a los paramilitares y los mostrara como el peor mal que padecía Colombia. Por entonces el Representante a la Cámara, Gustavo Petro, precisaba: “El presidente Uribe está trayendo para Colombia un mundo rural de grandes hacendados, sólo que mezclados con el narcotráfico y el paramilitarismo”.

Es una mezcla diabólica. Políticos tradicionales y paramilitares unidos tras un mismo objetivo. En su base el narcotráfico. A su alrededor el silencio del Estado y sus aparatos de fuerza. Tres actores y un solo propósito: concentrar el poder en Colombia. En el camino que siguieron, dos rastros imborrables: decenas, centenares de cadáveres de campesinos, indígenas, intelectuales, activistas; y millones de desplazados, inmigrados exiliados, refugiados. La multiplicación del dolor.

Tres congresistas con orden de captura. Con seguridad son la punta de ese mar de lodo que cubre a Colombia, y que ha permitido la concentración de la riqueza hasta los extremos conocidos, el ahondamiento de la desigualdad social, el cambio de la propiedad de miles de hectáreas, la profundización del modelo económico en boga, la ampliación del teatro de guerra, la multiplicación del miedo en decenas de pequeñas, medianas y grandes ciudades. Silencio para conservar la vida.

El grupo de los seis

En otro momento, la cabeza de los paramilitares, Carlos Castaño, precisó que recibía instrucciones del “Grupo de los seis”. ¿Son esos seis la síntesis del poder político, económico y militar del país? ¿Están allí los ilustres que copan medios de comunicación cada día y que logran con su gestión que el Congreso actúe de una u otra manera? Así parece ser, el propio Castaño lo confirmó, a propósito del proceso que se llevaría después en Ralito: “¡Por fin vamos a dejar de ser amante y pasar a ser esposa! Esa sociedad nos devuelve a su seno, porque de ahí salimos”. Lo cual tiene toda la lógica de la guerra alimentada desde el Estado. Así ocurrió en su momento en época conocida como de la violencia, en esa amarga década de los años cincuenta del siglo anterior, cuando fueron asesinados 300 mil colombianos y despojados de su tierra, casas y semovientes, miles de miles, redibujada la territorialidad en extensas zonas del país, y concentrado el poder en el bipartidismo, el mismo que pactó para que así sucediera. Fue la maniobra del poder, para superar la ilegalidad que la rodeaba e impedir el derrumbe de su establecimiento. Faltaron voces y acciones para que la continuidad se rompiera.

¿Cuántas fortunas que hoy parecen limpias se forjaron sobre esos sucesos? ¿Cuántas lo han hecho sobre la masacre que cubre al país desde los años 80s del siglo que apenas culminó?

Como se sabe, muchos de los actores intelectuales de los sucesos de los años cincuenta murieron en sus casas siendo, aún, “insignes agentes de la patria”. ¿Ocurrirá lo propio con los que han propiciado, estimulado, financiado, protegido, a los actores materiales del desangre que vive Colombia desde hace tres décadas?

La decisión de la Corte, al librar orden de captura sobre tres congresistas en ejercicio brinda una pequeña luz de que no será así. Al mismo tiempo la Fiscalía ha hecho lo propio con ex congresistas y ex gobernadores. Sin embargo es sólo la punta. Falta el cuerpo.

¿Dejará el poder real que esto avance? ¿Cuáles otros poderes –y cuál es su capacidad real– están actuando para que esto suceda? ¿Qué contradicciones, sobre paramilitarismo, narcotráfico, poder local y regional, están en curso al interior del establecimiento?

Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que como en los años cincuenta, faltan voces, faltan alternativas, se requiere luz sobre los caminos por seguir, para impedir que un establecimiento ilegitimo, soportado sobre la osamenta de miles de connacionales, y la unidad con el narcotráfico y el paramilitarismo, se recupere y reconstruya.

Que no se repitan los años cincuenta. La segunda República necesita memoria, imaginación unidad, acción.

* Datos tomados de: Ballén, Rafael, «La pequeña política de Uribe» ¿Qué hacer con la seguridad democrática, ediciones desde abajo, Bogotá, 4ta edición 2006.