Gregorio Ríos acaba, hace poco más de un mes, de acceder al llamado régimen de libertad vigilada. Sergio Rubén Cammarata se benefició, también por esos días, con la excarcelación. Antes de ello, habían quedado en libertad Horacio Braga, José Luis Auge, Sergio Gustavo González y Aníbal Luna. Ya muerto Horacio Retana, sólo quedan detenidos Gustavo Prellezo y el ex comisario Pedro Gómez. Junto al de Alfredo Yabrán, todos nombres inexorablemente ligados al asesinato de José Luis Cabezas.

Hace ya dos meses –la inmensidad de dos meses- que la sociedad se sorprendió al conocer la información de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Aparición con vida, castigo a los culpables: el gravísimo episodio López reencontró a esa sociedad con consignas y reclamos que parecían formar parte de una historia superada.

De ambos hechos se desprenden, sin forzar, varias lecturas y vinculaciones, porque aquella banda que mató a Cabezas hundía sus raíces en la bonaerense –hayan sido policías o ladrones- y en los aparatos de seguridad privados, hacia donde hoy se destinan buena parte de las sospechas –además de grupos de militares retirados- cuando se busca dar con los responsables de que López haya desaparecido el mismo día en que se daba a conocer la condena de Etchecolatz, un hombre tan ligado a la bonaerense como el genocida de Camps.

A lo largo de los 20 años que tenemos como organización –y desde entidades que antecedieron a la UTPBA y que fueron recuperadas luego de 7 años de dictadura, como la Asociación de Periodistas de Buenos Aires- mucho hemos actuado y dicho en torno de la memoria, la justicia, la verdad, en contra del olvido y de la impunidad y no apenas en aquel registro que tenía –y tiene- que ver con nuestro gremio. Nunca abandonamos la convicción de estar, como trabajadores de prensa y de la comunicación, construyendo respuestas colectivas junto a otros trabajadores y otras organizaciones sociales.

Y nos obligamos, siempre, a no devolver con un acto reflejo los desafíos que frente a una realidad cada vez más compleja debe asumir una organización como la UTPBA.

Por eso, ante la indignación natural, entendible, que provoca esta flamante “novedad” en lo que durante mucho tiempo se conoció como el Caso Cabezas, no viene mal reiterar –aunque no sea la primera vez que lo hagamos- aquello que como UTPBA señalamos cuando el primero del grupo de los horneros, Auge, salió en libertad:

“Lo dijimos la noche del 3 de febrero de 2000, en Dolores, cuando se conoció la sentencia: se había dado un paso producto de una lucha histórica, pero había responsables ausentes en la condena –la pista policial, por ejemplo- y, fundamentalmente, quedaban plenamente vigentes las condiciones que determinaron un crimen como el de José Luis. Quizás, frente a un optimismo legítimo por un fallo del que se rescataron aspectos positivos, algunos creyeron ver, en esas palabras, una dosis de pesimismo cuando en realidad había que haber leído, simplemente, que la lucha seguía.

“Es que impedidos que el crimen de José Luis fuera apenas la noticia impactante de un fin de semana; impedidos que los que organizaban el reclamo por el esclarecimiento del crimen –y la condena a sus autores intelectuales y materiales- fueran puestos en línea con algún interés empresario- gubernamental-policial para que el tema tuviera una solución ‘política’ que saldara la cuestión sin costos para nadie; impedidos de dinamizar pistas falsas frente a semejante movilización popular; impedidos de reducir el problema a los periodistas; impedidos –por esa misma presión de familiares, compañeros de trabajo, UTPBA, ARGRA, otras organizaciones y gran parte de la sociedad- de que la justicia no se acercara, al menos, a desarrollar una hipótesis más cercana a la verdad de los hechos, les quedó apelar a la impunidad por otros métodos, aquellos que no están a la vista y suelen ser fervientemente defendidos por el poder vigente. Allá donde se mueven con bochornosa comodidad abogados, representantes del poder judicial, empresarios, gobiernos, policías y donde jamás moja el ciudadano de a pie. Frente a la inexorable condena del 3 de febrero de 2000 ya habían empezado a trabajar para esto antes de ese día, dando garantías a los condenados que, a pesar de todo, en mucho menos de lo previsto, iban a estar otra vez caminando por la calle de un país donde millones de personas habían luchado años para que se haga justicia”.

Y no está de más insistir en el rescate de esa porción de la historia, ya que el mismo día en que el primer hornero quedaba en libertad, mil personas se reunían en el Hotel Hilton, pagando el cubierto 200 pesos, para aportar a la Fundación Axel. Decíamos entonces:

“En el lugar un sonriente Juan Carlos Blumberg saludaba y agradecía al vicepresidente Scioli, a los gobernadores Solá, Romero y De la Sota, al ministro Aníbal Fernández, al intendente Luis Patti, al empresario Eduardo Eurnekian, los dueños de medios, Daniel Hadad, José Luis Manzano y Alberto Pierri, por su presencia y adhesión a la causa, iniciada a partir de la repercusión que provocó el crimen de su hijo Axel, en los primeros meses de este año. En línea con la agenda de esa mayoría que se encontraba anoche en ese hotel de Puerto Madero –dueños, habitantes y usurpadores del poder que construyó este país denigrado y violentamente injusto-, Blumberg, el nuevo símbolo –hoy un poco desgastado- de la lucha por la seguridad de los argentinos, que no hace política, que no está sostenido por nadie, que actúa desde la espontaneidad, plantea que los recreados ejes de sus reclamos son ahora: el juicio por jurado, la reforma política y la ley de acceso a la información pública, de donde se desprende, claramente, que su única preocupación es la inseguridad”.

Y el recuerdo vale porque ante el hecho que conmueve, impacta, hay un trasfondo casi imperceptible donde se crean y recrean las condiciones para que criminales, mercenarios, grupos de tareas cumplan su tarea liberados de preocupaciones, insustancialidad de la justicia mediante.

El recuerdo, insistimos, vale no sólo porque Ríos anda ahora con una pulsera que le debería indicar a sus cuidadores por donde anda y que hasta tendría posibilidades de “trabajo”, datos todos que suman a la indignación inicial, sino porque las mismas condiciones de impunidad tienden a reproducirse, no por los factores que suelen argumentar los sectores duros de la sociedad -tributarios de la mano dura, el gatillo fácil como métodos de protección de los que disfrutan de la desigualdad desde el decil más elevado de la pirámide- sino por aquellos que tienen origen en los que construyeron (o fueron cómplices) y aplicaron el genocidio social, económico y cultural a partir de 1976.

Ese mismo núcleo duro –cuya retirada táctica de escena, algunos confundieron con una derrota- está hoy bajo sospecha en el caso López, pero el silencio que cada día agrega a la búsqueda, de manera especial de los medios de comunicación, intenta limar el reclamo de justicia y verdad y pretende que la impotencia vaya ganando terreno. Y, de paso, da señales a los suyos mostrando al mejor estilo mafia, como en el caso Ríos, que compromisos son compromisos.

Hablamos de lo mismo, aunque Ríos esté bajo libertad vigilada y López esté desaparecido. Hablamos de lo mismo recreando palabras, insistiendo sobre conceptos, trayendo al presente proyecciones del pasado que advertían acerca de situaciones como las que se viven hoy. Los brazos armados, legales y económicos de la impunidad no dejaron de estar entre nosotros, impidiendo que el presente entierre el pasado, y de paso condicionando el futuro.

(*) Periodista, secretario General de la UTPBA