Lo dijo el mismo Rafael Correa: “no ha triunfado un hombre, ha triunfado el anhelo de cambio, de un Patria nueva”. Y eso marca un escenario político distinto al que ha vivido el país en los últimos años. Ahora Correa deberá ser el “instrumento” (como él se califica) que los ciudadanos tienen para ejercer ese cambio, y eso lo ha prometido en su campaña el nuevo mandatario, y lo ha confirmado en sus primeras declaraciones como presidente electo.

¿El mecanismo?, la realización de una Asamblea Constituyente que, sin barreras, impulse cambios profundos en la estructura del Estado. Correa está consciente de que este ofrecimiento es central en su futura gestión, y que para que cuente con la legitimidad social y el respaldo popular necesario, debe ser convocada con un estatuto profundamente democrático para elegir a los asambleístas.

La definición que esa Asamblea tendrá es fundamental a la hora de obtener el mencionado respaldo. Desde las jornadas de abril, y con mayor fuerza en esta campaña electoral, ha quedado claro que lo que los ecuatorianos quieren es una Asamblea Constituyente POPULAR, calificativo que le da una identidad de clase, una orientación, un significado histórico. Y, desde los sectores progresistas y de izquierda, que serán los que pongan el pecho a las balas por esa Asamblea, se ha agregado otra definición: ORIGINARIA, lo cual definitivamente rompe todo esquema planteado desde los círculos de poder alrededor de la reforma política.

El hecho de concebir la realización de una Asamblea Constituyente Originaria y Popular, tiene que ver con transformarlo todo, sentar las bases para un país soberano, con equidad, justicia y en la senda del desarrollo, por lo que meras reformas constitucionales y legales no bastan. Si es necesario que el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Presidente de la República cesen en sus funciones, deberá hacérselo, en la perspectiva de que sea esa Asamblea la que ejerza el poder realmente constituyente.

Deberá actuar no solo en el área política, sino incluso en la definición de las grandes líneas de acción económica, que tienen que ver, por ejemplo, con el no pago de la deuda externa, con la nacionalización de la industria hidrocarburífera y minera, que dé un giro de 180 grados a la distribución de la riqueza, entregándola a los ecuatorianos y no al interés transnacional y de monopolios locales.

¿El papel del Congreso? Todo parece indicar que se moverá en la lógica que siempre ha impuesto la derecha que lo ha controlado en función de sus intereses de clase. Sin embargo, lo que ha mencionado Correa es cierto: en el nuevo Parlamento, que se posiciona el 15 de enero, también hay fuerzas progresistas, está la izquierda, de quienes se espera, y así lo han anunciado, una acción coherente con el anhelo de cambio de los ecuatorianos. La confrontación política no es entre el Presidente del Congreso y el presidente de la República, es entre el continuismo y el cambio.