En Sonora, hay razones para suponer que instancias del Gobierno del Estado operan el espionaje. De acuerdo con documentación que obra en poder del periódico Cambio Sonora, en la que se enlista parte del personal que realiza este tipo de tareas y luego de una investigación realizada por esta redacción, se pudo ubicar la existencia de una especie de búnker situado en pleno centro de la ciudad, desde donde presumiblemente se estaría llevando a cabo esta actividad.

Localizado en la confluencia de bulevar Luis Encinas y Paseo de las Praderas, se erige un edificio herméticamente protegido, donde hace años operaba un centro regional de Banamex.

Ahora, este inmueble es una fortaleza protegida con redes electrificadas, se encuentra provisto de antenas de telecomunicación y cuenta con al menos tres cámaras de video visibles y un par más ocultas, que monitorean y graban lo que ocurre alrededor, para evitar la intromisión de “extraños”.

A la entrada, sobresale una construcción que no es sino un cuarto de vigilancia, que simplemente no permite visibilidad alguna hacia el interior.

En la parte inferior izquierda de lo que alguna vez fue una ventana y que hoy se encuentra protegida con un cristal de una sola vista, color café, se encuentra una pequeña bocina, desde donde el personal en su interior frena el intento de cualquier visitante por entrar.

La visita

Esta reportera se dirigió al lugar, que se ubicó tras una investigación de varias semanas, en las que ningún sitio en Hermosillo parecía reunir las características de un centro de espionaje, cuyo impacto se ha dejado sentir de diferentes formas, con intervenciones en las redes telefónicas y de informática.

Al llegar a este edificio, la impresión inicial es que uno se ha equivocado.

Y es que desde fuera parece un sitio abandonado, pero en realidad no lo es. Se trata de una especie de búnker, disfrazado. Lo primero que salta a la vista es el hermetismo que guarda y la falta de aseo en la entrada.

Al frente, en la parte superior, una cámara de video es testigo de todo lo que ocurre alrededor. Metros arriba, a su derecha, otra, y a la izquierda, en la azotea del inmueble, una más.

El edificio está provisto de dispositivos de electrificación prácticamente por todas partes. Ni las banquetas se escapan. Por la avenida Paseo de las Praderas se pueden observar una serie de muros parachoques que impiden incluso el libre tránsito peatonal.

A un costado de la entrada, un vigilante -o dos- se encuentran ocultos en una especie de caseta que no permite visibilidad alguna hacia dentro.

Al pararse frente a este punto, el primer disfraz termina, pues lo que parece estar abandonado, tiene personal de seguridad para evitar que un extraño ingrese, siquiera, al corredor frontal.

La labor del “guardia” empieza y termina en ese momento, señalando que son “oficinas privadas” y que no se puede entrar.

– “¿Esto ya no es de Banamex?”-, fue la pregunta para iniciar un diálogo, pero la respuesta fue puntual.

– “No, ya no, son oficinas privadas” y de inmediato se pidió abrúptamente a la reportera que se retirara del lugar.

Sin embargo, hay quienes sí han logrado penetrar a este misterioso lugar.

¿Qué hay dentro?

Una de las personas que han ingresado en este sitio como prestador de servicios refirió las extremas medidas de seguridad que se imponen al momento de ingresar, que incluyen desde la exhibición de la credencial de elector, hasta la toma de las huellas digitales y fotografías en equipo de cómputo. En el interior hay varias decenas de computadoras, pantallas y equipo electrónico de alta seguridad.

Los muros que dividen una habitación de otra están provistos de cristales tipo espejo, blindados, desde donde no se puede ver a las personas que trabajan de cada lado y ni siquiera se pueden tocar, porque hay, en cada una, advertencias sobre este particular.

La idea, comentan, es que el personal que ahí labora, día y noche, ni siquiera se conozca entre sí. Al interior del gobierno estatal, entre los mismos funcionarios, les llaman a estas personas “pájaros en el alambre”.

¿Desde cuándo opera?

El sitio fue equipado y preparado desde finales de 2003 (Aunque posteriormente se confirmó que pertenece al Gobierno del Estado desde 1999). Según vecinos del lugar, fue entonces –fines de 2003- cuando se llegó a ver actividad, pero nunca se percataron de la instalación del equipo de comunicaciones que allí se encuentra.

Para los residentes de ese sector y empleados de negocios aledaños, el sitio ha pasado desapercibido, pues se encuentra sucio, como si estuviera abandonado.

Los operadores

Según los documentos en poder de Cambio Sonora, son 42 personas las que obran en una nómina de honorarios con remuneraciones asimiladas a los sueldos de los niveles 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del Gobierno del Estado, con percepciones desde los 5 mil 316 pesos hasta los 18 mil 463 pesos, mensuales.

Esto, además de un director general, dos directores de área, dos coordinadores generales y el coordinador estatal.

Esta nómina de honorarios le costaría al Gobierno del Estado 504 mil, 312 pesos con 53 centavos, cada mes, es decir, 6 millones 51 mil 751 pesos y el Congreso del Estado no tiene conocimiento de ello.

¿Quien lo coordina?

Fuentes confidenciales que se guardan al amparo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por México) y el Acuerdo A118-203 de la PGR, revelaron que al frente de esta tarea se encontraba Ernesto De Lucas Hopkins, Coordinador Estatal de Seguridad Pública.

De este joven se presume que ha sido capacitado en Israel sobre tareas de inteligencia. Y es que al parecer ha viajado a ese país en diversas ocasiones.

(Esta situación que se comprobó tres días después, cuando el propio Procurador de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, reconoció que De Lucas estaba a cargo del lugar).

Esto fue el texto –abreviado- del reportaje publicado el 30 de agosto de 2005 en Cambio Sonora.

Las reacciones

La denuncia que hizo Cambio Sonora de que el Gobierno del Estado opera un búnker o centro de espionaje en esta capital, provocó todo tipo de reacciones con los sectores, incluso, hasta contradicciones entre los mismos representantes del Ejecutivo local.

El gobernador Eduardo Bours Castelo calificó el reportaje como una “vacilada”, aunque contradictoriamente reconoció que este tipo de prácticas son comunes en territorio sonorense.

Y aun cuando todos los funcionarios estatales tenían la consigna de negar las revelaciones de esta Casa Editorial, en distintas ocasiones éstas fueron confirmadas por los más allegados colaboradores de Bours Castelo.

Diputados y dirigentes de partidos políticos en la entidad pidieron que se abriera el lugar.

El legislador perredista, Jesús Bustamante Machado indicó que el Poder Legislativo no tiene conocimiento formal de la existencia, operación y funcionamiento de este centro, además de que lo estaría operando una entidad que no tiene facultades para ello.

“La Secretaría Técnica no tiene facultades para hacer investigaciones absolutamente de nada (…) por lo que, en caso de que ese centro sea legal, quien tendría facultades para operarlo sería la Procuraduría General de Justicia”, dijo.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Saenz Feliz, pidió una investigación al asegurar que el espionaje es un delito federal y recordó que las personas que se consideren agraviadas por dichas conductas tienen derecho de presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades federales.

El “búnker” del gobierno

Tres días después de la primera publicación, el viernes 2 de septiembre, se exhibió el facsímil de los documentos que se encuentran el archivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, donde consta que el inmueble que alberga al “búnker” es propiedad del Gobierno del Estado.

Según los registros del ICRESON, el edificio, ubicado en Paseo de las Praderas y Bulevar Luis Encinas, en la colonia Valle Verde, cuenta con 2009.07 m.2 de terreno y el traslado de dominio a nombre del Gobierno del Estado data del mes de junio de 1999.

La compra fue directa a Inmuebles Banamex, S.A. de C.V. y la efectuó el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

El valor catastral del terreno se señala en 4 millones 578 mil 846 pesos, sin embargo, el precio pactado del inmueble total se exhibe en 14 millones de pesos, con un avalúo comercial de 24 millones 58 mil pesos y una base gravable de 14 millones 58 mil pesos.

Es del Gobierno

Una vez exhibido el documento del ICRESON, el procurador general de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, aceptó que el edificio se utiliza para cuestiones de “seguridad”.

“Las placas de los vehículos podrían ser un ejemplo de los datos que se tienen en ese lugar, pero no puedo decir más por cuestiones de seguridad; lo que tenemos ahí es información que es técnica y legalmente utilizable”, manifestó.

Arnoldo Soto Soto, contralor estatal, confirmó que el edificio contaba con todas las medidas de seguridad para resguardar grandes cantidades de dinero cuando era de Banamex y posteriormente –dijo- pasó a ser propiedad del Gobierno federal, quien instaló el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Abre “búnker” Bours

Finalmente, y a una semana de haber calificado la publicación como una “vacilada”, el gobernador Eduardo Bours Castelo hizo un sorpresivo recorrido por las instalaciones del búnker, pero excluyó a sus principales cuestionadores, es decir, a los reporteros de Cambio Sonora.

Argumentando prisas por tratarse de una “ocurrencia” del mandatario, personal de la Coordinación de Comunicación Social, aseguró que la asistencia únicamente de medios afines a la ideología boursista no fue planeada, sino mera casualidad.

En el lugar, Bours Castelo manifestó que en esas oficinas se alberga al Comité Estatal de Seguridad y Justicia que se encarga de clasificar toda la información pública que maneja la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de los Ceresos, recaudación, fiscalización, entre otras.

A la fecha, no se ha informado el costo operativo de este edificio, ni el monto oficial de la nómina que se maneja en el sitio, ni se ha esclarecido la función que cumple en la vida de los sonorenses. Y los rumores entre los propios funcionarios del gobierno estatal sobre el secreto a voces que representa el espionaje telefónico y cibernético, siguen.

Publicado: Diciembre 1a quincena de 2006