También establece que las instalaciones y equipamiento de los periodistas son "objetivos civiles", por lo que no pueden ser objeto de ataques o represalias.

Especifica que los ataques intencionados contra los periodistas son una "violación del derecho internacional y la ley humanitaria" e insta a llevar ante la justicia a sus responsables.

El embajador de Grecia, Adamantios Vasilakis, cuyo país ha promovido la resolución, afirmó que su adopción es "un primer paso en la dirección correcta", ya que su intención es concienciar del peligro que corren los periodistas y asociados cuando cubren conflictos armados.

"Los periodistas y profesionales de la comunicación deben ser protegidos de acuerdo al derecho internacional y humanitario", declaró.

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