El Pentágono es inmune a la Ley de Libertad de Información

Ya no podrán conocerse los secretos del Pentágono: Rumsfeld lo vacunó contra la Ley de Libertad de Información

La FOIA otorgaba acceso a las fuentes de información gubernamentales a los llamados grupos "perro-guardián" de la sociedad estadounidense, es decir organizaciones de derechos humanos y civiles como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que en 2005 consiguió documentos oficiales de 44 autopsias realizadas en Afganistán e Iraq a prisioneros asesinados por torturas durante interrogatorios (Ver Proyecto Censurado Nº 7). La nueva legislación autoriza a la DIA a frustrar el acceso a los archivos que puedan revelar violaciones a los derechos humanos argumentando los esfuerzos del gobierno en su lucha contra “el terrorismo”.

La reforma legal pudo, por ejemplo, frustrar el trabajo de la ACLU y de otras organizaciones que han recurrido a la FOIA para desclasificar más de 30.000 documentos que involucran a las diferentes ramas de fuerzas armadas estadounidenses en torturas y maltratos de detenidos extranjeros en Afganistán, Bahía de Guantánamo e Iraq, incluido el escándalo de Abu Ghraib.

Numerosos documentos secretos clave salieron a la superficie en investigaciones originadas en los archivos de la DIA realizadas por organizaciones como la ACLU, incluso un memorándum de 2004 que contiene evidencia de brutales interrogatorios militares norteamericanos a los detenidos en Bagdad, así como un informe oficial que describe el abuso contra los detenidos iraquíes como violaciones de la ley internacional de derechos humanos.

De acuerdo a Jameel Jaffer, un abogado de la ACLU que ha participado en las investigaciones sobre las continuas torturas, “si la Agencia de Inteligencia de la Defensa puede confiar en una excepción o exención de la FOIA, entonces documentos como aquéllos que obtuvimos esta última vez no se pondrán hacer públicos en absoluto”. El resultado final de tal exención, dijo en The New Standard, es que “muy probablemente tendrán lugar más abusos, porque no habrá vigilancia pública sobre las actividades de la Agencia de Inteligencia de la Defensa”.

Jaffer agregó que debido a que la DIA dirige investigaciones encargadas a otras agencias de seguridad nacional relacionadas, los documentos protegidos por la exención también podrían contener evidencia crítica de cómo operan otras ramas militares.

La ACLU batalló recientemente contra la norma de exención FOIA de la CIA, en un pleito contra el esfuerzo de la agencia por retener información que involucra supuestos abusos contra detenidos iraquíes. La defensa de la CIA se centró en la invocación de la exención de la FOIA y, aunque un juez federal finalmente atropelló la regla, Jaffer citó el caso como evidencia de "exepción resbaladiza", un estiramiento gradual de la ley para extender a todas las agencias federales el escudo protector del escrutinio público.

Según el lenguaje de la Ley de Autorización de Defensa, un archivo operacional puede ser cualquier información relacionada con “la conducta de operaciones de inteligencia extranjera o contrainteligencia o inteligencia o arreglos de enlace de seguridad o la información intercambiada con los gobiernos extranjeros o con sus servicios de inteligencia o seguridad”.

Los críticos advierten que un lenguaje tan vago equivale a una luz verde para que la DIA frustre, sin la justificación apropiada, una amplia gama de demandas legítimas de información. Steven Aftergood, director de la organización de investigación Proyecto sobre el Secreto Gubernamental, advirtió: “Si se desploma la categoría de ’archivos operacionales’ sería el final antes de empezar”.

Thomas Blanton, director del proyecto Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington, agregó: “Estas exenciones crean un agujero negro para que la burocracia pueda manejar casi cualquier tipo de información que desee. Y usted puede apostar a que la DIA y otros querrían esconder la información estilo Guantánamo y Abu Ghraib.

La Asociación de Periódicos de EEUU informó que gracias a los esfuerzos del lobby de la Iniciativa de Transparencia y de otras defensoras del gobierno abierto, los negociadores del Congreso impusieron una fecha sin precedente de de dos años para el "ocaso" de la exención de la FOIA a favor del Pentágono, terminando en 2007.