Se ha pretendido, con discutible ignorancia y aviesa intención, desviar la responsabilidad del retorno al fuero contencioso de Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reducirla a la gestión de un ex ministro de Justicia del régimen toledista y con fecha apenas del 2006. ¡No es así! ¡Esa es una mentira criminal de queta-factura y salvavidas para Niño Diego!

Remitámonos a testimonios directos y hasta hoy incontestables.

¿Qué sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su cita de febrero de 2001 en Washington? Leamos:

“Comunicado de Prensa Conjunto; Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El día 22 de febrero de 2001, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebra actualmente su 110º período ordinario de sesiones, se celebró una reunión en la que participaron, en representación del Estado peruano, el señor Ministro de Justicia del Perú, doctor Diego García-Sayán, y el señor Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Representante Permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La CIDH estuvo representada por su Presidente Decano Claudio Grossman; su Primer Vicepresidente, doctor Juan Méndez; su Segunda Vicepresidenta doctora Marta Altolaguirre, los comisionados Robert Goldman y Peter Laurie, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Embajador Jorge E. Taiana.

El Ministro Diego García-Sayán, en nombre del Gobierno peruano, señaló que en el marco de la nueva política gubernamental de Perú en materia de protección de los derechos humanos, y como parte de un conjunto de medidas que ha venido adoptando el actual Gobierno a nivel nacional e internacional relacionadas con la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Perú, el Gobierno del Perú presenta una propuesta amplia para dar solución a un número importante de casos (165) que supera el 50o/o de todos los que en relación al Perú se encuentran bajo la competencia de la CIDH.

La Comisión Interamericana reiteró su reconocimiento por las auspiciosas acciones que viene realizando el Gobierno de transición liderado por el respetado Presidente de Perú, doctor Valentín Paniagua; por los reconocidos integrantes de su gabinete; y por el Honorable Congreso de la República del Perú, relacionadas con la redefinición y fortalecimiento de las instituciones fundamentales del Estado. La CIDH agregó que el presente acto se enmarca dentro del conjunto de acciones altamente positivas que ha tomado el actual Gobierno peruano, y complementa otras medidas igualmente importantes que han sido adoptadas, tales como la normalización de la situación de Perú respecto a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reciente suscripción por Perú de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, el cumplimiento de recomendaciones y medidas cautelares formuladas por la Comisión Interamericana.”

Subráyese: “normalización de la situación de Perú respecto de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

¿No estaba haciendo “méritos” Niño Diego para ver qué pescaba, algún día, verbi gracia un puestecito de juez en la Corte, de repente? Algo debe haber ocurrido porque así fue. En fecha tan temprana, como abril del 2001, en artículo publicado por Liberación, entonces con la batuta de César Hildebrandt y bajo el título de Torre Tagle: pólvora en gallinazos, escribí:

“¿Cuánto le cuestan al Estado peruano las misiones diplomáticas que han viajado urbi et orbi a promover la candidatura del actual ministro de Justicia, Diego García Sayán, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? ¿En qué diseño estratégico se inscribe esta excursión turística que se sufraga con el dinero de los peruanos para satisfacer la vanidad del señor García Sayán? ¿En qué le sirve objetivamente al Perú, que García pertenezca o no a la CIDH? ¿No estamos volviendo a la recurrente cantaleta nacional que Torre Tagle está gastando pólvora en gallinazos?

Si el señor García Sayán quiere ser integrante de la CIDH que su ONG, la Comisión Andina de Juristas, le sufrague la campaña y pague todos esos gastos. El pueblo no tiene razón válida para vehiculizar sus legítimos como ajenos deseos de figuración internacional. Y si quiere quedarse fuera del Perú, no tenemos tampoco razones muy muchas para oponernos.”

Tal parece que la ONG privada de Niño Diego, la Comisión Andina de Juristas, no pagó un centavo de estas actividades, sino el pueblo peruano para satisfacer las ambiciones ya despiertas entonces de un narciso de juguete.

Pocos días atrás, ha escrito el embajador e historiador Félix C. Calderón, en artículo llamado La competencia de la Corte de San José y la soberanía del Estado:

“En el caso del Perú, la Corte de San José ha procedido esta vez con temeridad; por cuanto, es harto sabido que en febrero de 2001 el Perú volvió a aceptar la competencia contenciosa de ese órgano jurisdiccional regional de acuerdo con una decisión del Congreso peruano bastante discutible, si se recuerda que menos de 40 votos se pronunciaron a favor del regreso. Una mayoría escuálida de congresistas que solo se limitó a reiterar la genérica y contradictoria declaración que presentara el Perú en 1981, y que hoy hace recaer en los peruanos el peso de obligaciones financieras inaceptables, por lo que tiene que haber responsables. Pues, a este paso, el pueblo peruano corre el riesgo, en el colmo de la paradoja, de indemnizar al mismísimo sanguinario Abimael Guzmán.”

Y el mismo autor, no replicado hasta hoy por ninguna respuesta orgánica y jurídica de iguales quilates, sostiene en La sentencia de la Corte de San José es inejecutable:

“Y llegamos aquí al problema de la responsabilidad política, civil y penal de los agentes del Estado cuando con sus actos causan un daño mayor al Estado que representan y que deben defender. En el caso de marras, se viene diciendo en los últimos días que la responsabilidad por esa sentencia infame recae en el agente del Estado que siguiendo instrucciones se allanó parcialmente, el 20 de febrero de 2006 (párrafo 56 de la sentencia). Pues bien, quienes así hablan dicen una verdad a medias, y esto es peor que una mentira. Ese acto de allanamiento y reconocimiento parcial de responsabilidad internacional a través de un escrito, constituyó la parte final de una sistemática voluntad de allanamiento puesto de manifiesto sucesivamente, por acción u omisión, por los agentes del Perú, comenzando por el ministro de Justicia de la época, desde 22 de febrero de 2001. De otra manera no se entiende lo que se consigna en el párrafo 25 de dicha sentencia: “El 23 de octubre de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 94/03, en el cual concluyó que el Estado “es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1(1) del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas individualizadas en el párrafo 43 de [dicho] informe.” Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó el examen de los casos bajo su consideración prejuzgando ya la responsabilidad del Perú. Responsabilidad que lejos de ser objetada por los agentes del Estado peruano, señalando a los responsables de carne y hueso, la confirmaron al convertirse en instigadores de que el caso se transfiera a la Corte de San José. El párrafo 20 de dicha sentencia no deja asomo de duda al respecto, al consignar que desde 23 de abril de 2001 el Perú “NO deseaba someterse al procedimiento de solución amistosa,” también previsto por el Pacto de San José a nivel de la Comisión.”

Por tanto, ¿qué se quiere hacer o pretenden destilar los capituleros en todos los medios, los juristas de juguete y de alquiler, cuando hablan del 2006 y del ex ministro de Justicia y el gobierno de Toledo? Básicamente, exculpar a Niño Diego quien, obviamente, empujó una reincorporación a la Corte de San José, por motivos clarísimos y ¡de ninguna forma! por el interés del Estado peruano y porque, como se ha demostrado, hay responsabilidad en los funcionarios que NO defendieron al Estado como era su deber y para lo que les pagaba el pueblo peruano. ¡A la cárcel todo Cristo!

La sentencia de la Corte de San José es de público y total conocimiento. A esto nos condujo la vanidad increíble y el egocentrismo de un mamarracho pseudo defensor de derechos humanos que tiene una visión torcida, oligárquica, fronteriza de qué es el Perú y de a quiénes debe servir un Estado expoliado y exaccionado por pandillas como ha ocurrido desde el 28 de julio de 1821.

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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