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Sobre los habitantes de la Isla pesan desde hace casi medio siglo otras muchas amenazas, tantas y tan graves, que vivir conociéndolas y preparándose para enfrentarlas se ha convertido en un modo natural de asumir la cotidianidad.

Pero entre esa larga relación de incesantes declaraciones el Imperio concedió la máxima prioridad, una vez derrocada la Revolución, al restablecimiento de los derechos de propiedad privada, considerados por el Plan Bush como " uno de los mayores retos del período de transición".

Este aspecto es presentado en el anexionista documento citado, como la pieza clave para iniciar la transición e iniciar la reconstrucción económica, ya que según sus autores " los inversionistas potenciales no querrán involucrarse en Cuba mientras que los asuntos de los derechos de propiedad y la devolución permanezcan sin ser resueltos."

En ese punto, al menos, intentan acercar los pies a la tierra cuando caracterizan el tema como "asunto especialmente complejo" y lo califican como su "nudo gordiano". Al plan, puesto en vigor en mayo del 2004 y complementado en julio del 2006, no escapa prácticamente ningún aspecto de la vida de la sociedad cubana y en sus siete capítulos y casi 700 páginas, sumados ambos documentos, tienen previstas " soluciones " para todo.

Para quitar las viviendas y sus tierras a los cubanos, prevén una Comisión del Gobierno de Estados Unidos para la Devolución de las Propiedades, cuyo nombre en inglés, ¡por supuesto ¡ aparece consignado como Commission on Restitution of Property Rights, encargada de llevar a cabo ese proceso de " manera expedita."

Si algún mérito se le puede reconocer al Plan es su cruda franqueza, especialmente cuando plantea las medidas concretas recomendadas por Washington al gobierno de transición y que, como es fácil suponer, constituye la tarea principal del ya nombrado Coordinador del plan, Caleb Mac Carry, en su condición de Procónsul.

El programa resulta muy claro. Veamos textualmente algunas de sus formulaciones:

"El gobierno de Estados Unidos alentará a que en una etapa temprana de la transición y en los términos más fuertes posibles, se declare las intenciones de Cuba de solucionar el tema de las propiedades lo más rápidamente posible."

"El gobierno de Estados Unidos alentará a una Cuba libre a solucionar las reclamaciones pendientes lo más rápido posible, teniendo en cuenta que un proceso largo y complicado no responde a los mejores intereses económicos de Cuba."

"Dentro de los elegibles para presentar una reclamación, debe incluirse a todos los nacionales cubanos que perdieron su título o posesión y a los nacionales norteamericanos cuyas reclamaciones estén certificadas."

Y previsores, puntualizan que " cualquier daño contra la propiedad antes de una decisión final debe ser tratado como un delito contra el gobierno."

Más increíble que el contenido descrito deviene la propia existencia de semejante plan subversivo y anexionista, con categoría de documento oficial de un estado, abiertamente violador de las normas y principios internacionales vigentes encaminados a garantizar la convivencia pacifica y las relaciones mundiales e impedir que el mundo se convierta en una selva.

Agencia Cubana de Noticias