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Foto arriba: el camarógrafo español José Couso, asesinado en Irak por soldados estadounidenses.
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La decisión del magistrado español ratifica las órdenes de captura contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, quienes se encontraban en el tanque que disparó contra el hotel Palestina, lugar desde donde los periodistas desarrollaban su tarea profesional.

En marzo pasado, estas órdenes habían quedado en suspenso luego de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara la causa al considerar los hechos que le costaron la vida a Couso y Prostyuk como un "acto de guerra" ajeno a la jurisdicción española.

El pasado 5 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Sala de lo Penal y ordenó la reapertura de la investigación en la Audiencia Nacional, al considerar que esta instancia es competente para investigar los hechos.

El juez Pedraz solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que informe sobre la posibilidad de proceder al embargo de bienes de la Administración de los Estados Unidos, con el fin de hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria derivada de una eventual condena de los militares.

En relación a la posibilidad de que los tres militares estadounidenses finalmente puedan ser juzgados por estos crímenes, el hermano de José Couso, Javier, señaló que "entre España y EEUU existe un convenio bilateral de asistencia mutua en materia penal por el que el juez, como ha solicitado, podría ir a EEUU a interrogarles o ellos ser traídos aquí. Pero EE.UU. lo incumple y el Gobierno debería exigirles que colaboren".