Aniversario 45 de la guerra económica contra la Isla

La ordenanza entró en vigor el día siete del propio mes. En realidad solo había institucionalizado una decisión que de hecho había comenzado en enero de 1959, tras el triunfo de la insurrección armada en Cuba.

Menos de 10 meses antes había fracasado estrepitosamente la invasión de los mercenarios organizada y financiada por la administración de Eisenhower, cuya ejecución fue heredada por Kennedy con la intención de apoderarse militarmente de Cuba.

Antes de oficializar el bloqueo, el Presidente norteamericano y sus altos funcionarios habían dictado disposiciones que progresivamente fueron restringiendo el intercambio comercial con la Mayor de las Antillas, privada también de su histórica cuota de exportación de azúcar a EE.UU., entonces principal rubro de ingresos en divisas convertibles para la Isla.

En ese contexto se desarrollaba el plan Mangosta por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, sirviéndose de agentes y contrarrevolucionarios de origen cubano para ejecutar acciones terroristas y desestabilizadoras dentro de Cuba.

Esas prácticas incluían intentos de asesinar al Presidente Fidel Castro y a otros altos dirigentes cubanos, según han revelado documentos de la CIA desclasificados.

En los años siguientes y hasta ahora se fue conformando toda una legislación dirigida exclusivamente contra el pueblo cubano, privándolo de vender y comprar libremente sus productos, incluidas medicinas y alimentos, al extremo de que se impuso esa práctica a otras naciones mediante leyes extraterritoriales con las cuales EE.UU. ejerce presión y chantaje.

Los isleños han resistido firmemente la práctica genocida del bloqueo por parte de 10 administraciones norteamericanas, diversificado y llevado a su expresión más cruel por el presidente George W. Bush, quien arbitrariamente limita a cubanos residentes en Estados Unidos en el envío de ayuda monetaria y visitas a sus familiares en Cuba.

Analistas coinciden en que la base de la empecinada hostilidad contra los habitantes de la Antilla Mayor es la recurrente frustración de los sectores oligárquicos norteamericanos de apoderarse de ese territorio caribeño, al que mantuvieron sojuzgado desde la formal independencia del colonialismo español hasta la victoria revolucionaria.

El Gobierno de La Habana ha reiterado que la guerra económica desatada por EE.UU. califica como un acto de genocidio y es una violación flagrante del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

Derivados de esa demencial política, la nación antillana ha sufrido daños directos documentados por más de 86 mil 108 millones de dólares a un promedio de mil 832 millones de dólares anuales.

Con récord de votación de 183 países a favor, en noviembre de 2006 la Asamblea General de la ONU por decimoquinta ocasión consecutiva aprobó una resolución de condena el bloqueo de EE.UU. e instó a que este sea suprimido.

Esta criminal acción ha obligado a Cuba a incurrir en gastos excesivos para procurar alimentos en el exterior, y le ha impedido adquirir oportunamente equipos de transporte y tecnológicos, medicinas y otros medios específicos, con la pérdida de incontables vidas humanas.

Pero el pueblo de la Isla ha dado sobradas muestra de valentía y dignidad con su resistencia heroica. A pesar de sus limitaciones materiales no ha escatimado en prestar ayuda a otras naciones necesitadas, actitud reconocida en el ámbito mundial.