Ciertos y falsos, desprevenidos y oportunistas, con estos argumentos se pretende ofrecer una visión objetiva de unos hechos y actuaciones que configuran una trama en la cual el gran perdedor es el país. Se compromete al DAS, la fiscalía, el Congreso de la República, gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, el manejo de los recursos públicos, el transporte y la salud; en fin es evidente que la institucionalidad del país esta comprometida y seguirá estándolo mientras, se pretenda crear cortinas de humo o bajar el perfil a los hechos que dieron lugar a que se publicite lo que a Sotto Voces el país ya conocía pero le causa miedo enfrentar: el hecho de que el narcotráfico y el paramilitarismo se han tomado el poder político en muchas de las regiones e incluso han logrado ubicarse en los máximos escenarios de toma de decisiones políticas, económicas, judiciales y las vinculadas con la construcción de la vida institucional de los colombianos.

Y aunque no se trata de magnificar la crisis, ya de por si compleja, es evidente que la misma no tiene muchos de los matices que se le quieren asignar: que la crisis es el resultado de un proceso de paz en el cual la verdad empieza a ofrecer los primeros resultados, es falso. Sino pregúntenselo a todos aquellos comprometidos, si esperaban verse en la cárcel o en las dificultades que hoy enfrentan, cuando apoyaron la política de desmovilización de los paramilitares en el Congreso y auspiciaron su desmovilización; igualmente pregúnteseles si hoy día creen en el apoyo que les brindaron los paramilitares en sus regiones o en la conveniencia de las relaciones que establecieron para diversos propósitos; o pregúnteseles por el sabor dejan las sublimes declaraciones de doble filo que desde su sede de reclusión realizan a diario.

De otra parte, hacen carrera las posturas referidas a que como en el pasado este tipo de situaciones representan una prueba más de vulnerabilidad de las instituciones, y que la unidad de los colombianos permitirá superar las dificultades que de ello se deriva. Esto es una posición oportunista que pretende desviarla atención. Se afirma que la situación es similar a la de los vínculos pasados entre la guerrilla y el narcotráfico, y que el país debe prepararse, como ya lo hizo en anterior ocasión, para indultar paramilitares, políticos, empleados públicos de todo nivel que se acompañaron para ejercer el control en las regiones y en entidades clave de la nación; sin duda toda una desfachatez, un verdadero adefesio y un atentado mayúsculo contra la resquebrajada institucionalidad. No es cierto que el pacto entre políticos y paramilitares se realizará con el fin de crear un movimiento que defendiera sus intereses, como lo afirman políticos comprometidos, y si así fue, los intereses no serían realmente los de la nación, los de las comunidades y mucho menos los que competen al fortalecimiento de las instituciones.

Tampoco es cierto que esta secuencia de escándalos sea el producto de una democracia que avanza, de unas instituciones que enderezan el camino, ni de la máxima moralidad de una institución como la Corte Suprema. La valerosa actuación de esta última no es la que permite hablar de contaminación y corrupción, ella ya estaba en el país; y por decisión, casualidad o por el juego de intereses de muchos actores que participan de la crisis, les ha correspondido a los honorables magistrados enarbolar las banderas de la justicia, como siempre lo deben hacer. Su actuación es valerosa, más no meritoria, pues es su obligación.

Addenda: dos verdades al respecto. La primera, la responsabilidad es individual y que la asuman quienes aprovechándose de sus posiciones o condiciones han atentado contra la democracia del país; la segunda, que se tipifique el tipo de delito cometido por los diversos funcionarios, seguramente hay quienes han sido victimas de esta ola de corrupción, del miedo o del abandono de las instituciones, y quienes se han aprovechado de estos males y debilidades para ganar un falso poder.