Preocupante se torna la situación de los más de 350 millones de nativos de todo el mundo, ante la solicitud de los estados africanos de Botswana, Namibia y Nigeria de aplazar la firma de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta intención de bloquear el esfuerzo conjunto de los estados miembros de la ONU ha sido apoyada por Australia, Nueva Zelanda, Canadá y EEUU. Esta intención de bloquear el esfuerzo conjunto de los estados miembros de la ONU, ha sido apoyada por Australia, Nueva Zelanda, Canadá y EEUU.

En una primera fase, el texto de la Declaración fue adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 29 de junio de 2006. Sin embargo, Botswana, en nombre del Grupo de estados africanos, registró el pasado 10 de noviembre, en el Tercer Comité del Foro, una resolución para enmendar y aplazar la resolución registrada por la delegación peruana para adoptar este documento.

Prorrogar su firma hasta septiembre de 2007, como lo solicitan los estados africanos, sería un duro golpe al arduo trabajo que durante más de 20 años (1982) representantes de las poblaciones indígenas, de los estados y órganos técnicos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, adelantaron con la firme intención de crear un instrumento de derechos humanos que considera el estatus único de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo.

Ante esta situación, el conclave de los pueblos indígenas reiteró su petición de que la Asamblea General de la ONU adopte inmediatamente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que constituye “las normas mínimas para la supervivencia, bienestar y dignidad de los pueblos indígenas del mundo”.

“El conclave de los pueblos indígenas, bajo ninguna condición, apoya ninguna propuesta para que se prolongue el tiempo, ni que se establezcan comités, grupos de trabajo o cualquier otra forma para considerar las “ilegítimas” preocupaciones de los gobiernos de Botswana, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y EEUU.”

Al parecer, el objetivo general de la declaración, que busca afirmar el derecho de los pueblos indígenas a tener un control significativo sobre su propia vida, a mantener su identidad cultural diferenciada, a vivir sin discriminación y sin la amenaza del genocidio y a tener acceso seguro a las tierras y los recursos esenciales para su bienestar y su forma de vida, no es del agrado de los estados que buscan aplazar la firma de este documento.

Por su parte, representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), manifestaron en un comunicado público que: “El Gobierno de Colombia, a través de Claudia Blum, embajadora representante de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, ha negado su apoyo a la aprobación de la Declaración argumentando razones de procedimiento y una supuesta necesidad de realizar más trabajo para alcanzar una aprobación sin reservas”.

De igual forma, aseguran que con esta posición el Gobierno colombiano: “está desconociendo la política conjunta de los países latinoamericanos e incumpliendo compromisos adquiridos en la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que estipula que todos los países andinos se “comprometen con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas” (artículo 40).

Hasta el momento, más de cuarenta países como los de la Unión Europea en su conjunto, y el Grupo de Latinoamérica con excepción de Argentina y Colombia, apoyan la declaración.

En consecuencia, los pueblos indígenas de Colombia reclamaron del gobierno nacional: “una actuación coherente con los mandatos constitucionales, así como con su compromiso con los países hermanos de Latinoamérica, dando voto positivo a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Se espera que en los próximos días, la Asamblea General de la ONU decida en positivo el futuro de la tan postergada firma de esta Declaración, y se de por concluido un capitulo más de la sangrienta historia de desarraigo, pobreza y genocidio de los pueblos indígenas del mundo.