Las madres comunitarias de Colombia, responsables de las políticas de atención a la infancia menor de seis años, están descontentas por su situación laboral. A pesar de que trabajan ocho horas al día y se les exige el cumplimiento de toda una serie de obligaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) les da una bonificación menor a la mitad de un salario mínimo. Además, el Instituto no les facilita los recursos adecuados para el desempeño satisfactorio de su labor. Por esta razón, los gremios representativos de las madres comunitarias han elaborado un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones de trabajo y la atención de los niños y niñas.

Entre otras cosas exigen una bonificación que sea equivalente al salario mínimo y un incremento del presupuesto para el año que viene. “Si es necesario estamos preparadas de convocar un paro nacional para demostrarle al Estado que nuestras demandas son serias”, subraya Olinda García del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar (Sintracihobi).

La relación entre las madres comunitarias (véase recuadro) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está marcada por graves tensiones. “El gobierno actual quiere acabar con nuestro programa”, dice Olinda García, madre comunitaria y Presidenta del Sintracihobi. Con su reproche no sólo se refiere a “las condiciones precarias y a menudo indignas en las que tenemos que trabajar”, sino también a los planes del gobierno de privatizar el servicio que las madres comunitarias prestan a los niños más pobres del país.

Control rígido

“El ICBF controla casi todo lo que hacemos”, dice Olinda García. “Vigila, entre otras cosas, la cantidad de horas que tenemos que trabajar, cuántos metros cuadrados se requiere para cada niño, con qué estándares higiénicos los hogares deben cumplir o qué materiales tienen que estar a la disposición de los niños. Los funcionarios del Instituto pueden inspeccionar nuestras casas cuando quieran y sin anuncio previo.” No obstante, lo que la sindicalista critica no son tanto las condiciones mismas sino sobre todo el hecho de que el ICBF no les concede suficiente recursos a las madres comunitarias para que puedan corresponder a los requisitos impuestos. “Para los refrigerios en la mañana y la tarde, así como para el almuerzo recibimos, por ejemplo, un aporte diario de 1.308 pesos por niño. Es obvio que esto no basta para garantizar la buena alimentación que se nos exige”, acentúa Olinda García. Además reprocha al ICBF que las contribuciones a materiales como juguetes o libros y al sostenimiento de la casa, que ascienden a 404 pesos por niño al mes y un poco más de 21.000 pesos mensuales respectivamente, tampoco alcanzan para nada en comparación con lo que se espera de las madres comunitarias.

“El Instituto es incoherente”, insiste Magdalena Camacho, Presidenta Nacional dela Unión Sindical de Trabajadoras de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (Ustrahbin). “Aquí en Bogotá debemos tener, por ejemplo, CDs, grabadoras, televisiones y películas, pero no recibimos los recursos adecuados.” Dada la escasez de fondos públicos no es de sorprender que en muchas situaciones las madres comunitarias deben cubrir con su propio dinero para cumplir con los estándares.

Sin embargo, esto no es la única causa para el descontento de las madres comunitarias. También se quejan de que el ICBF las considera como “voluntarias” y “solidarias” y no como trabajadoras - a pesar de la estrecha relación laboral que las vincula al Instituto. “¿Qué tipo de voluntario trabaja más de ocho horas al día, tiene un patrón que le dice lo que tiene que hacer, y recibe una bonificación mensual?”, se pregunta Magdalena Camacho con un deje sarcástico. Según ella, esta falta de reconocimiento de estatus tiene un impacto directo en la compensación que las madres comunitarias reciben del ICBF: en vez del salario mínimo que actualmente se eleva a 408.000 pesos al mes, se les paga solamente 185.780 pesos. Además, a las madres comunitarias les preocupa su seguridad social. “Si bien han ganado, gracias a nuestras luchas, muchas mujeres que han dedicado toda su vida al trabajo en los hogares comunitarios, no pueden acceder al sistema pensional”, dice Magdalena Camacho.

Lo peor para los niños

Otro problema para las madres comunitarias es el afán del gobierno de Álvaro Uribe de privatizar el Programa de Hogares Comunitarios. “Por una parte, la propuesta gubernamental consiste en que el ICBF se especializará en la formulación y la dirección de las políticas para la niñez y en que se confiará la ejecución de los programas a las entidades territoriales, a la empresa privada y a las Cajas de Compensación Familiar”, explica María Eugenia Ramírez, investigadora del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), una ONG que asesora y acompaña el proceso organizativo de las madres comunitarias. “Y por otra parte, el gobierno promueve la creación de restaurantes infantiles preescolares con el fin de atender a los niños y las niñas en situaciones de precariedad y pobreza, un plan que contempla la vinculación de las madres comunitarias como microempresarias de la nutrición de los niños así como su organización en cooperativas.”

“Este proyecto, en cuya elaboración nunca hemos sido consultadas, abre algunas interrogantes”, dice Magdalena Camacho. La dirigente sindical teme por ejemplo que la propuesta convierta a las madres comunitarias en simples preparadoras de alimentos, descuide su función de educadoras e implica mayores responsabilidades y más trabajo “en detrimento de nuestras condiciones de vida que de por sí ya son precarias”. Además está convencida de que gran parte de las cooperativas no podrían trabajar de modo rentable y, por lo tanto, desparecerían tarde o temprano, y señala que los recursos destinados a los niños disminuirían aún más debido a que se tendría que gastar la mayor parte del presupuesto en la administración. “El dinero se va en el gerente, en el contador, en la secretaria, en el revisor fiscal, y en consecuencia, el rubro para la alimentación de los niños es cada vez más recortado”, dice y añade: “La experiencia que han hecho madres comunitarias en cooperativas es que a los niños se les da lo peor.”

Las madres comunitarias exigen sus derechos

Frente a la situación difícil y los desafíos que las madres comunitarias están encarando, en la exigibilidad de sus derechos, las dirigentes sindicales asumen una actitud combativa y de resistencia. “Es la respuesta de las madres comunitarias a la violación de sus derechos”, acentúa María Eugenia Ramírez, y Olinda García agrega: “El Estado dispone de recursos para todo menos para los niños. Esto tiene que cambiar: exigimos que el ICBF invierta más en el programa de las madres comunitarias.” En concreto, las sindicalistas reclaman, entre otras cosas, que se les garantice a las madres comunitarias no sólo una bonificación que sea equivalente al salario mínimo sino también el derecho a la seguridad social integral en salud y pensiones así como a la protección y prevención de riesgos profesionales. Además, piden la facilitación de los recursos necesarios para la formación profesional de todas las madres comunitarias por parte del ICBF y un incremento del presupuesto 2007 que les permita cumplir con las exigencias de los lineamientos técnicos y estándares de calidad.

En cuanto a la creación de los restaurantes infantiles y la organización de cooperativas las demandas son también claras: “Antes de que se desarrolle este proyecto, la dirección del ICBF debe pronunciarse formalmente ante nosotras respeto a los lineamientos y las estrategias del programa para una discusión más a fondo con nuestra participación. Cualquier decisión que se tome en relación con los restaurantes infantiles no debe basarse en un proceso impuesto”, dice Olinda García y subraya: “En todos los casos, para nosotras es claro que el Estado tenga que ser el principal responsable de la financiación del programa.” En caso de que no se accede a estas demandas, las líderes sindicales están dispuestas a aplicar medidas drásticas para aumentar la presión sobre el Estado. “Si no hay solución, convocamos un paro nacional indefinido”, afirman.

Las madres comunitarias – mucho trabajo en condiciones difíciles

- En Colombia un poco más de 79.000 madres comunitarias brindan atención, educación y cuidado – bajo la supervisión, el control y el financiamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – a más de medio millón de niños y niñas en situación de pobreza. Cada madre recibe en su domicilio a 13 niños y niñas en edad preescolar a cambio de una bonificación menor a medio salario mínimo. Además recibe del ICBF los alimentos para su grupo y los enseres básicos. Asimismo, éste le concede un pequeño aporte para construir lavabos independientes reservados a l os niños y mejorar las condiciones de higiene en la cocina, la sala de estar, los dormitorios y el patio, donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Casi un millón de niños de entre seis meses y seis años aprenden a convivir en este tipo de guarderías antes de entrar en la escuela primaria, mientras sus madres trabajan. En general, las madres comunitarias, que tienen que organizar su jornada en el marco del proyecto pedagógico del ICBF, cuyo objetivo principal es sensibilizar a los niños con los valores de solidaridad, amistad y respeto de las diferencias, se ocupan de los pequeños entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, de lunes a viernes.

- El pasado 14 de noviembre las madres comunitarias organizaron manifestaciones frente a las instalaciones del ICBF en todo el país en las que solicitaron el diálogo con la Directora del ICBF y protestaron por las condiciones en las que tienen que trabajar y que afectan la labor que desarrollan con los niños y las niñas. Además, exigieron condiciones laborales justas y demandaron por parte de la dirección de Bienestar Familiar el cumplimiento de los acuerdos pactados con las organizaciones de madres comunitarias desde el año pasado. Es de anotar que esta movilización pacífica en Bogotá y otras ciudades fue violentamente reprimida por la policía y no tuvo eco en las directivas del ICBF quienes se encontraban en Calí, en un evento sobre los derechos de los niños y niñas.