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En el colmo del cinismo, el Departamento de Seguridad Interior (DSI) norteamericano intentó evadir la responsabilidad al afirmar el miércoles último que no está obligado a justificar la detención de Posada Carriles, porque este se encuentra bajo custodia de otra agencia, por diferente motivo.

La declaración responde a una disposición del juez federal Philip Martínez, quien ordenó en noviembre de 2006 que el DSI certificara antes del primero de febrero de 2007 que la detención de Posada Carriles, acusado entonces solo de entrada ilegal a EE.UU., respondía a seguridad nacional, o en su lugar quedaría en libertad.

Posada fue arrestado el 17 de mayo de 2005 como "presunto inmigrante ilegal. Un dictamen del Tribunal Supremo prohíbe la retención indefinida de extranjeros con orden final de deportación, como en el caso del terrorista, que ostenta ciudadanía venezolana por naturalización.

Mediante la referida estratagema dilatoria, el DSI se sacude la responsabilidad de acceder a la petición de habeas corpus presentada por los abogados defensores para ponerlo en libertad, pero a la vez sigue amparando al terrorista al no reconocerlo como tal y evitar que sea extraditado a Venezuela o juzgado en Estados Unidos por sus más graves delitos.

Expertos en derecho se asombran de la pueril alegación del Departamento de Seguridad cuando argumenta que Posada Carriles dejó de estar bajo su jurisdicción al ser encausado por el Departamento de Justicia estadounidense, el 11 de enero de este año, con siete cargos penales por fraude migratorio y falso testimonio, por lo que en teoría podría recibir hasta 40 años de prisión.

Lo cierto es que el gobierno norteño, impedido de ponerlo en libertad, continúa a su vez evitando calificarlo como lo que la prensa y la opinión pública internacional saben: es un asesino con numerosas causas pendientes, entre ellas la de haber participado como autor intelectual en el sabotaje a una nave de Cubana de Aviación en 1976, que cobró 73 víctimas inocentes.

Por ese delito el terrorista cumplía prisión en Venezuela cuando se fugó de ese país en complicidad con elementos anticubanos radicados en Miami. El gobierno venezolano solicitó formalmente su extradición para juzgarlo por el citado acto criminal, atendiendo a la vigencia del tratado de extradición firmado con EE.UU., pero la administración de George W. Bush se empecina en amparar al delincuente.

Es obvio que Washington teme a las revelaciones que podría hacer Luis Posada en un juicio por actividades terroristas, ya que él fue oficial de la CIA y cumplió misiones enmarcadas en la "guerra sucia" para desestabilizar el gobierno de Nicaragua.

El siguiente capítulo de esta historia debe ventilarse el 15 de febrero, fecha fijada para una audiencia en la que se conocerá su solicitud de libertad bajo fianza.

En el laberinto de rejuegos leguleyescos no se descarta la intención oficial de volverle a abrir al asesino una puerta de escape a la justicia, como antes sucedió en Venezuela y en Panamá, pero no se debe olvidar que cada nueva trampa descubierta de la administración de W. Bush, hunde su cada vez más endeble credibilidad en el estercolero público.

Agencia Cubana de Noticias