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Paz y conflicto

Los gobiernos “paras” y las víctimas en Córdoba y Urabá

Actualidad Colombiana

Autor: Victor Negrete Barrera, Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú, Montería

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El documento de Ralito ¿será tan inofensivo como lo cataloga el Ministro Carlos Holguín? ¿O “medio pendejón” como lo califica María Isabel Rueda en la revista Semana ? ¿O sólo “fue el montaje de una farsa” o “la pieza de una tramoya”, como lo asegura el exministro Edmundo López?

| Bogotá (Colombia)
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Sorprende, por decir lo menos, que los comandantes de las AUC, en esos años de fragor intenso y en plena expansión de sus fuerzas (julio de 2001), hayan convocado a cuatro senadores, siete representantes, dos gobernadores y cinco alcaldes, entre otros, a conversar asuntos intrascendentes o a montar una farsa quién sabe con qué propósitos. Algunos de los asistentes han justificado su presencia como contribución a la búsqueda de la paz. ¿A cuál paz se refieren? La que sugiere el texto no era posible conseguirla bajo las condiciones en que se encontraba Colombia en esos años. Era necesario fundar una “nueva nación” según el parecer de sus inspiradores. ¿Cuál? Obviamente la que los comandantes visionaban con la asesoría de especialistas, acompañados de los políticos y los otros presentes y muchos más que tratarían de vincular en los años siguientes.

El texto convoca una nueva reunión, tres meses después, para presentar los resultados de las comisiones de trabajo. ¿Qué comisiones designaron? ¿Qué pensarían proponer? Al parecer la reunión fue cancelada o aplazada por el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y el calificativo de terroristas que recibieron del gobierno norteamericano, según lo recuerdala columnista Salud Hernández. Además, ya estaba en marcha toda la parafernalia de las elecciones del año 2002 -en marzo para Congreso y en mayo para la Presidencia de la Republica- con resultados favorables a los intereses de las AUC. En el lapso de estos dos hechos sucedió la tercera causa, posiblemente algunos acuerdos aún desconocidos, que precipitó el proceso de negociación entre el gobierno nacional y AUC.

Los gobiernos “paras”

Hasta el último momento de las desmovilizaciones las AUC no abandonaron el control que ejercían sobre poblaciones y territorios, en otras palabras la ejecución de su proyecto político. En corregimientos y cabeceras municipales de departamentos con predominio de actividades agropecuarias su presencia y autoridad eran más notorias. De hecho eran el poder real, ejercido de manera autónoma, expresado abierta o veladamente a través del poder institucional o legal. Estos proyectos variaban según los criterios y personalidad de los comandantes y los intereses de los aliados, aunque conservaban muchas similitudes.

Una mirada a dos de las zonas más controladas por ellos durante largo tiempo nos dan la imagen del modelo de sociedad que implantarían como gobierno y autoridad institucionales.

En Urabá

Ramiro Vélez Toro, ganadero antioqueño residenciado en Montería, columnista del periódico El Meridiano de Córdoba, publicó el 6 de marzo de 2004 el artículo titulado El Urabá de las AUC: Una zona de distensión”. Sintetizo sus observaciones:

"…El Urabá dominado por las Autodefensas es una verdadera zona de distensión, en donde la única y absoluta autoridad son las organizaciones de las mismas y en donde la ley la aplican los comandantes de cada zona sin derecho a recurso alguno… los directivos supremos tienen no sólo poder militar y político, pues imponen las autoridades locales así ellas fallen -como es el caso del alcalde anterior de Necoclí, hoy recluido tras las rejas por lo malos manejos administrativos- sino que también tienen un poder económico muy alto pues son poseedores de miles de hectáreas y cabezas de ganado… Establecen el área máxima que los particulares pueden tener. Manejan las vías y establecen cobro de peajes a una rata superior a la de Invías, cobran el 7% del valor de los inmuebles que se vendan en la zona, una cuota de sostenimiento a razón de diez mil pesos por hectárea-año, así mismos los trabajadores deben aportar un día cada dos semanas para el mantenimiento de vías, escuelas, puentes y demás obras comunitarias…”

“Tienen una buena política ecológica en letras, pues también sus funcionarios son banales, dejan talar árboles previo pago por debajo de la mesa. No dejan practicar la caza ni la pesca, ni siquiera para sostenimiento de la familia, pero las mansiones de los jefes cuentan con pequeños pero surtidos zoológicos con aves y animales salvajes nativos… Sancionan a las mujeres chismosas y aquellas de "pies lígeros", que ponen "cuernos" a sus compañeros de hamaca. Son estrictos en la necesidad de la asistencia de los niños a la escuela primaria… Persiguen el consumo de drogas sicotrópicas…”

“El ingreso como nuevo propietario a la región lo hacen después de un análisis concienzudo por parte de los jefes, en muchas ocasiones vetan el ingreso…Predican, aunque ellos no lo practican, un justo tratamiento laboral a los trabajadores…"

En Tierralta

En el mes de julio de 2005 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba organizó una reunión con la asistencia de concejales, medianos propietarios, representantes de iglesias, indígenas, trabajadores del municipio y ciudadanos, con el fin de evaluar la presencia de las Autodefensas en la zona. En un cuadro con aspectos positivos y negativos quedaron consignadas las opiniones de los asistentes.

Aspectos positivos

Ayudaron a desmovilizar el EPL y retiraron a las FARC. Eliminaron el abigeato y la delincuencia común. Mejoraron algunas vías con maquinaria que poseían pero el municipio pagaba el servicio. Brindaron seguridad en áreas urbanas y rurales. Contrataron a algunos docentes. Colaboraron con la dotación del Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU) de El Caramelo, situado en la Zona de Ubicación. Regalaban pintura para mejorar la apariencia de escuelas y casas y en navidad obsequiaban aguinaldos a los niños. Prohibieron el corte de madera. Colocaron límite a las ganancias de los abogados por demanda contra el municipio. Aumentó el valor del jornal en sus propiedades pero sin reconocimiento de las prestaciones sociales.

Aspectos negativos

Imponían alcaldes y concejales. Creció la impunidad. Más concentración de la tierra y la riqueza. Aumentó el número de homicidios, desplazamientos y, en general, la violación a los derechos humanos. Orientaban o presionaban todas las votaciones de elección popular. Designaban funcionarios en puestos claves de la administración. Aplicaban justicia por su propia mano. Vigilaban de cerca las actividades de las organizaciones comunitarias y sociales. Contaban con retenes en distintos lugares y una red de informantes para el ingreso de vehículos y personas. Requerían identificación y explicaciones a forasteros que llegaban al pueblo y les parecían sospechosos. El temor a hablar, el recelo, el miedo a ser acusado sin pruebas por venganza, antipatía u otras razones de tipo personal o familiar. Enamoraban y embarazaban a adolescentes y jóvenes. Crecieron los cultivos ilícitos, aumentó el consumo de drogas. Aplicaban penas humillantes por querellas, peleas, infidelidades, comportamientos y uso de indumentaria ajena al medio. Las amenazas constantes a la población. Las reuniones de carácter obligatorio para toda la comunidad. Control a los votantes en las fechas de elecciones. Advertencias a los profesores con asignaturas de sociales de no promover la ideología de izquierda ni las orientaciones del sindicato del gremio.

Estos gobiernos locales autoritarios armados, según los casos reseñados, son antidemocráticos y violadores de derechos humanos. En general la mayoría de la población los rechaza. Y esto es lo que da a conocer el resultado de la encuesta sobre justicia, verdad y reparación de la Fundación Social, el International Center for Transitional Justice y la Consejería en Proyectos, divulgada por el diario El Tiempo el 23 de enero, en donde siete de cada diez encuestados no están de acuerdo en que los ex paras se presenten a elecciones y eventualmente gobiernen. El peso de su pasado y su arrepentimiento, no comprobado todavía, seguramente fueron determinantes al momento de opinar.

¿Y las víctimas?

En el departamento de Córdoba hay cerca de cien mil desplazados por la violencia, tanto internos como de otros lugares, y veinticinco mil aproximadamente salieron del departamento hacia otros sitios.

Aunque no ha habido una campaña sistemática, animadora y orientadora a las víctimas, éstas, en términos generales, están respondiendo a los llamados a presentar sus denuncias. Hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha recibido 139 declaraciones, la Fiscalía 1,393 y el Comité civil de Familias Víctimas del Conflicto Armado de Córdoba (Comfavic) tiene registrados 3,200 casos; de éstos, 1,800 ya presentados a la Unidad de Justicia y Paz. Hay un número no determinado de víctimas que han presentado sus declaraciones tanto a las instituciones oficiales como a Comfavic, organización impulsada por asociaciones de desplazados con el apoyo del Polo Democrático y la Red de Mujeres.

A la Defensoría del Pueblo y Comfavic han llegado víctimas de diferentes municipios de Córdoba, en especial de los afectados por el conflicto armado. La Fiscalía, además, ha recibido de los Urabá antioqueño y chocoano, Norte de Santander, Bolívar y Cesar.

La mayoría de las denuncias se refieren a asesinatos selectivos, desplazamiento y masacres, seguidas de amenazas de muerte, usurpación de tierras, atentados y desapariciones. Un alto número de víctimas o familiares quieren conocer la verdad de lo sucedido, les devuelvan las tierras que les quitaron u obligaron a vender a bajos precios y les ayuden a satisfacer necesidades básicas como salud, empleo y capacitación. Al lado de la esperanza que no quieren perder, la duda y el escepticismo de no recibir lo que merecen no los deja tranquilos un sólo instante.

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