Según la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), las licencias que se otorgaron en anteriores años a radios y canales de televisión “propiciaron el monopolio de la información para un grupo de empresarios vinculados a intereses transnacionales, de la agroindustria y de la banca y a viejos partidos neoliberales que propiciaron el saqueo de las riquezas naturales y últimamente el enfrentamiento entre los bolivianos”.

Marcelo Arce, secretario ejecutivo de la Federación y cabeza de la delegación que en Sucre mantuvo una audiencia pública en una comisión de la Asamblea Constituyente, señaló que “eso se debe a que los dueños de los medios defienden otros intereses”, según un informe de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El dirigente recordó los casos de Ernesto Asbún y Raúl Garafulic, que se adueñaron del Lloyd Aéreo Boliviano utilizando sus respectivos medios de comunicación para hacer una campaña de desprestigio a la compañía y comprarla luego a bajísimo precio.

Desde 1985 a la fecha, según esa información, hay personas que tienen decenas de radios y varios canales en el país y sus licencias, de acuerdo a la legislación vigente, duran cuarenta años.

La delegación recordó que “pese a que la actual Constitución no reconoce los monopolios, en los medios, esos monopolios existen”, y que actualmente “las familias Monasterios y Kuljis utilizan sus medios de comunicación para resguardar sus intereses empresariales”.

En la propuesta entregada por la FTPLP a la comisión de derechos deberes y garantías de la Asamblea Constituyente se propone crear un órgano de control social para fiscalizar a los medios, "no con el ánimo de censurar el contenido de la información que ofrecen sino para evitar la monopolización de la información", según aclaró su secretario ejecutivo.

No obstante, asambleístas y periodistas visitantes acordaron sustituir el denominativo de "control social" por "consejo consultivo" u "observatorio de los medios de comunicación" para evitar que se confunda las funciones de ese órgano como censura a la libertad de información.

De ese modo, los periodistas asistentes a la audiencia pidieron insertar en la futura Constitución Política del Estado cuatro a cinco artículos específicos que amplíen el tema de la libertad de información, de opinión y el régimen comunicacional en Bolivia.

Básicamente, se pedirá respetar el espíritu de la Ley de Imprenta de 1925, pero adecuándola al desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación.

En la propuesta se pide garantizar la inviolabilidad y confidencialidad del secreto de información, comunicación y expresión (salvo las restricciones establecidas por ley).

Se señala también que el Estado tiene dominio original del espectro radiomagnético en su ámbito territorial y ejerce la potestad de otorgar concesiones a particulares o revertirlas de acuerdo a Ley.

Los presentes reafirmaron que en la futura Constitución se debería reconocer varios tipos de propiedad sobre los medios (privada, estatal, institucional, cooperativa, mixta, etc.) pero esto no debe colisionar con el derecho a la información que tienen todos los bolivianos.