País Libre es una organización con quince años de experiencia y su misión es propender para que en Colombia se tome conciencia de la gravedad del secuestro y la importancia de luchar contra él, así como estudiarlo y brindar apoyo a todas las víctimas de este crimen. Hugo Pineda, abogado, Asesor Jurídico de la Fundación y Olga Lucía Gómez, psicóloga y Directora de País Libre, presentan el panorama del secuestro.


¿Por qué es importante hacer la distinción entre “acuerdo” e “intercambio” humanitario?

Hugo Alonso Pineda: El Acuerdo es el principio general; el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece la posibilidad de que entre los grupos armados que se encuentren en conflicto se lleguen a acuerdos. Dichos acuerdos pueden ser de cualquier tipo: cese al fuego, proscripción del secuestro, proscripción de los ataques a la población civil, o el canje humanitario, es decir, cambiar combatientes de un grupo por combatientes del otro. En Colombia es muy difícil establecer esta línea porque muchas veces quienes están secuestrados no son combatientes, son población civil.

Pero ¿no hay serias limitaciones a la aplicación de estos instrumentos del DIH cuando no se reconoce oficialmente que lo que hay en Colombia es un conflicto armado interno?

HAP: Por supuesto. Ahí hace una diferencia grande el tratamiento que el Estado dé a los grupos armados al margen de la ley. En algunos casos, como en el gobierno Pastrana, se ha levantado esa restricción y se ha logrado el canje. Mientras haya voluntad política por parte de los grupos armados, puede haber un canje sin que el Estado le reconozca, por ejemplo, el status de beligerancia a la otra parte en conflicto.

Debe hablarse entonces de un “Acuerdo Humanitario” para lograr el “canje” o el “intercambio” de prisioneros, de secuestrados… como quieran llamarlo. Porque sino, se deja de lado todo lo que significa un Acuerdo entre las partes. Es clave hacer esta distinción porque los términos muchas veces se manejan indistintamente.

¿Cual es la posición de País Libre con respecto al Acuerdo Humanitario tal como está planteado hoy en día?

Olga Lucía Gómez: Primero que todo, hay que partir de la base de que el Acuerdo actual está definido, no por la sociedad, ni por las leyes colombianas, sino por las Farc. Ellos decidieron que hay 56 secuestrados a los cuales ellos denominaron “canjeables” por razones de tipo “político” para conseguir el intercambio de presos políticos por un grupo de secuestrados; pero esto lo que no deja ver es la realidad del secuestro.

La posición de País Libre es, que si bien es necesario un Acuerdo Humanitario, tal como está planteado, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Qué va a pasar con las más de 3,000 personas que seguirán cautivas? El gobierno debe tener claridad sobre este punto. Debemos asumir además, que muchas de estas personas pueden estar muertas y no sabemos nada…

Consideramos (País Libre) que no hay un tratamiento igualitario donde se mire la situación con suficiente solidaridad para proteger y restituir la libertad de otras personas que no están contempladas dentro del Acuerdo; tal como está planteado, implica un trato preferencial entre los individuos colombianos o extranjeros privados de la libertad en Colombia.

Las cifras del Inpec indican que los presos que hay para el Acuerdo no alcanzan los 120. ¿Entonces de qué estamos hablando? Ahí la crítica es de nuevo para el Gobierno. En términos del canje, no se puede comparar 56 personas que llevan 5 años secuestradas, frente a muchos que han salido por falta de pruebas o porque ya cumplieron el plazo de condena por rebelión. ¿Entonces de qué canje estamos hablando? Esa es una pregunta que no se ha hecho y que la opinión pública no ha revisado. ¿Cuántos son realmente los presos de las Farc para canje? ¿Cuál es la famosa lista? No hay lista por ninguna parte. Debe haber alguien que tenga idea…

Entonces no podemos cantar victoria. Hay que reconocer que ha habido una disminución del secuestro, pero lo que no se puede hacer es adoptar ese discurso triunfalista que maneja el Gobierno actualmente con relación al tema, porque sigue habiendo un problema de más de 3,000 cautivos… de los cuales sólo a 57 los cobija el acuerdo.

¿Qué acciones propone País Libre contra el secuestro en Colombia?

OLG: La propuesta de País Libre es que se proscriba el secuestro como un arma de la guerra en las negociaciones con el ELN, en un Acuerdo con las Farc, etc. porque debemos ir mucho más allá de la coyuntura política. El problema no está sólo en el Acuerdo, es decir, el Acuerdo se da cuando se acabe el secuestro. Pero al mismo tiempo hay que blindar a la sociedad civil: “yo no me dejo secuestrar”, “yo no soy un sujeto canjeable”, “es mi dignidad y mi libertad las que no son objetos de guerra”.

El Gobierno está debilitando estructuras, pero también debe disminuirse la impunidad. Nada ganamos con capturar delincuentes si los soltamos; de nada nos sirve debilitar un frente guerrillero si luego se reorganiza y sigue secuestrando; la acción policiva no es suficiente.

Hay un problema muy grande en Colombia -que es algo muy difícil de combatir- y es ese pensamiento de “intercambio o rescate”. La gente de afuera no entiende cómo la sociedad colombiana pelea contra del rescate. Cualquier Estado del mundo, frente a un secuestro, moviliza todos sus mecanismos, los de ley, los de fuerza, los de presión, todo. Acá nos hemos acostumbrado a tener una actitud de “blanco o negro” frente al secuestro; y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación.

Sí creemos que parte de la legitimidad de los Estados es dar libertad a las personas, entonces decir que el rescate no es constitucional es un exabrupto total; de hecho muchos secuestrados económicos tienen como única opción su rescate. Colombia tiene organismos de seguridad con un buen entrenamiento y con rescates exitosos, por lo tanto el Estado debe procurar, por supuesto con éxito y no a sangre y fuego, recuperar a los secuestrados.

HAP: Para la lograr la libertad de los secuestrados hay varias posibilidades. Una de ellas es el Acuerdo Humanitario que incluya el canje; otra es que haya una liberación de unilateral por parte de los secuestradores, lo cual es más difícil; otra es que se cumpla con los postulados constitucionales, es decir que todas las fuerzas del Estado garanticen la vida, la seguridad y la libertad. ¿Para qué se entrena el Gaula? Para rescatar o prevenir. No podemos negar esa posibilidad. Pensar que la única vía es el Acuerdo o el rescate es forma una posición errada; hay varias opciones.

¿Y qué ocurre cuando el secuestro es cometido, no por los grupos armados al margen de la ley, sino por la delincuencia común? ¿Se le da un tratamiento distinto a estos casos?

OLG: La experiencia de rescates en Colombia se refiere principalmente a secuestros cometidos por la delincuencia común, y buena parte de los secuestros en Colombia son cometidos por este tipo de autores.

¿Cómo privar a una persona que cae en manos de la delincuencia común de ser rescatada? Creo que ahí el problema de fondo es cómo estamos definiendo la práctica del secuestro. En Colombia hay una “estratificación” por tipo de secuestros, y por ende, un trato diferenciado. Muchas ONG dicen que lo que hace la delincuencia común es secuestro y que lo que hace las Farc y el ELN, por ejemplo, son retenciones que además son dignas de tratamiento político. Hay un sesgo muy complicado a la hora de entender lo que significa estar secuestrado. La libertad es un derecho inalienable; todo caso de aprehensión en contra de su voluntad de una persona es un secuestro. Lo que hace el ELN, así digan que va a haber liberación humanitaria, es secuestro; lo que hacen las FARC, así hablen de intercambio humanitario, es secuestro. Y eso tiene que quedarle muy claro a la opinión pública, sobretodo a la nacional que es en la que estamos más enredados, pero también a la internacional.

¿Qué papel juega la presión que viene ejerciendo la comunidad internacional en pro del Acuerdo Humanitario?

OLG: Eso tiene una doble mirada. El caso de Francia por ejemplo, con la liberación de Ingrid, lo que hace es contribuir a generar una confusión y una visión del secuestro muy preferencial y discriminatoria. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Bruselas en el Parlamento Europeo y lo que se percibía era que la única secuestrada en Colombia era Ingrid. Así, poder hablar de los más de 3,000 secuestrados que hay actualmente, que no tienen el perfil de los políticos, era difícil. Ese es un tema que en la Fundación País Libre hemos observado que las víctimas resienten muchísimo.

Ahora, que se hable del secuestro en Colombia a nivel internacional, digamos que tiene sus más y sus menos. Nunca antes en Europa había habido conciencia de que en Colombia secuestraban. De alguna manera Ingrid ha sido un símbolo de sensibilización frente a la problemática de otras muchas personas. Pero asimismo es muy complicado hacer entender a la comunidad internacional que existen otros secuestrados y que el problema va más allá.

Si Ingrid se ha convertido en un símbolo internacional del secuestro en Colombia ¿qué representaría entonces en términos simbólicos la figura del ex ministro Fernando Araújo?

OLG: Araújo representa muchas cosas. Lo primero, que es un hombre que puede mostrarle al mundo que las Farc son efectivamente unos secuestradores. Mostrar que hay un tema real, que ellos no son esos “salvadores” que tratan de cambiar a la sociedad, que no son los rebeldes en ese régimen “totalitario”, como piensan todavía en algunas partes de Europa. En otras palabras, Araújo aclararía la situación sobre quién es el victimario.

Segundo, él representa la dura realidad del cautiverio; que son seis años que pueden transcurrir en la vida de una persona secuestrada, cosa que en muchas partes del mundo es bastante difícil de imaginar.

Las cifras indican que los casos de secuestro han disminuido notablemente en los últimos cinco años. ¿A qué creen ustedes que esto se deba?

OLG: Primero, a que sí ha habido una voluntad conforme a la política de Seguridad Democrática de Uribe, que ha intentado articular fuerzas institucionalmente para combatir el secuestro. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo importante.

El descenso más significativo se dio entre 2002 y 2004 (se pasó de 2882 a 687 secuestros anuales) precisamente en los primeros dos años del gobierno de Uribe, donde la estrategia de lucha antisecuestro era debilitar o desarticular a cinco de los grupos que más secuestraban en Colombia. Eso fue exitoso, pues más allá de la disminución estadística de secuestros, se alcanzó una gran percepción de seguridad.

En 2004 y 2005, se observa que la reducción es menor en comparación con los dos primeros años donde era dramática. Hoy tenemos una disminución de menos del 10% y una tasa de secuestro de más o menos 600 secuestros anuales (que era lo que se tenía hace diez años). Como colombiana creo que eso no nos debe dar orgullo, es una barbaridad.

Viendo las cifras, hay varios factores que inciden en que este registro haya cambiado y que se haya vuelto un poco inestable desde 2004. El tratamiento que se le daba al secuestro entre 1996 y 2004 era algo parecido al que se le da hoy a las estadísticas de criminalidad en Colombia, que es la denuncia del caso.

Actualmente los casos de secuestro no se cuantifican por denuncia, sino hasta cuando el fiscal determine si eso realmente es o no un secuestro. Eso supone demora, desfase en el tiempo del registro y una inestabilidad impresionante en las cifras.

Nosotros propondríamos volver a la forma como se medía antes y es una pelea dura que estamos dando. En este momento no se puede concluir nada porque la forma como se medía antes de junio de 2004 era una y ahora es otra. Es como comparar peras con manzanas.

Para terminar, cuéntenos un poco sobre las líneas de acción para la prevención de las que dispone País Libre…

OLG: Hemos dirigido esfuerzos según grupos de población -ya sea por edad o por ocupación- a través de diferentes programas y productos que hemos ido desarrollando a través de los años para la población vulnerable y para la ciudadanía en general. Cuando hablamos de población vulnerable nos referimos por ejemplo a los comerciantes y a los niños.

Los niños son precisamente la segunda población más afectada por el secuestro en Colombia; eso no lo sabe Francia, no lo sabe la comunidad internacional y no se tiene en cuenta en ninguna parte. Un programa de prevención para el secuestro de los niños no es algo a lo que la gente no le ve importancia. Bogotá por ejemplo, entre 2005 y 2006, subió de dos niños denunciados por secuestro extorsivo económico, a 16.

Nosotros trabajamos con ingenieros, ganaderos, funcionarios públicos, en definitiva, sectores de población vulnerables, y trazamos con los diferentes gremios o empresas, estrategias de intervención y acción dirigidas a la prevención; desarrollamos diferentes acciones más que todo pedagógicas; tenemos distintos talleres para tipos de población y de acuerdo a las necesidades.

Lo más importante es que se puede contactar a la Fundación y cualquier duda con respecto al secuestro será resuelta. En términos de prevención y atención tenemos muchos asesores abiertos a la comunidad. (Línea de atención: 4816353).

El secuestro es…

La privación de la libertad de una o varias personas por parte de otra persona. En Colombia se presentan dos tipos: secuestro simple y secuestro extorsivo. El secuestro simple se da por ejemplo, cuando en las “pescas milagrosas” que los grupos armados al margen de la ley o la delincuencia común solían hacer en las carreteras, paraban carros y se llevaban gente; hacían una especie de “entrevista”, verificaban datos y a algunos los soltaban por no ser “importantes”. ¿Qué pasaba ahí? No había una exigencia por la libertad de los que se fueron, pero estuvieron secuestrados porque se les privó de su libertad. Hay privación de la libertad sin ninguna exigencia a cambio.

El secuestro extorsivo es cuando el victimario (quien comete la acción) exige algo por la libertad de la persona, y ese algo no solamente es dinero. En Colombia existen diversas clases de secuestros extorsivos y las principales son: el secuestro económico y el secuestro político. En este último se enmarcan los secuestros de diputados, senadores, militares, policías, y personalidades en general que les representen la posibilidad de exigir una respuesta política al Estado colombiano.

Hoy en Colombia…

Aunque las cifras han disminuido, se sigue presentando un gran número de secuestros extorsivos económicos. Sin embargo, la dinámica de ese delito ha cambiado, ya no son secuestros de años (aunque también depende de la particularidad de la persona que esté secuestrada) sino más bien de seis meses o un año.