El canciller chileno Foxley vuelve a la carga, amenazando y señalando de manera impertinente que si el gobierno peruano no cumple con su compromiso de congelar el tema de límites marítimos, no habrá un avance en los vínculos económicos y de migraciones.

La actitud no sólo refleja soberbia, sino un reclamo explícito a un compromiso que habría adquirido el gobierno peruano y está incumpliendo. Demuestra que la creación de la Región Arica–Parinacota, desconociendo no sólo el problema de límites marítimos, sino de los límites terrestres definidos en el Tratado del 29, no era un hecho aislado.

A la actitud cordial y concesiva del Perú, se ha respondido con desplantes, y con una actitud agresiva del que habiendo recibido todo lo exigido, quiere más. Hemos argumentado en otros artículos lo errado de los enfoques que se ilusionan con que la mayor “integración” económica (léase subordinación a Chile), crearía las condiciones para tratar el tema de límites, y reduciría posibilidades de conflicto. También, la política de “cuerdas separadas” que tozudamente insiste en implementar el actual Estado.

Ayer Luchetti y hoy Gildemeister son una muestra de la influencia económica de Chile y de los métodos non sanctos que utilizan sin reparos, con la condenable complicidad de funcionarios estatales locales que deberían velar por el interés nacional. Es preocupante que las declaraciones de Foxley se produzcan en medio del escándalo Gildemeister, como también lo fue en su momento el respaldo del Estado chileno a Luchetti.

La reacción del canciller peruano es correcta, pero insuficiente. Está muy bien que se recuerde que no habrá futuro armonioso en el siglo XXI sin la solución de los límites marítimos. Pero, se debe dar una respuesta digna que acompañe esa declaración, y no poner de nuevo la otra mejilla.

Esto supone rescindir los contratos con Gildemeister, suspender las negociaciones por la ampliación de la quinta libertad a Lan, descartar toda posibilidad de exportación de gas a Chile y dedicar ese recurso estratégico al cambio de la matriz energética nacional (retomando la propuesta del Colegio de Ingenieros), revisar la presencia chilena en sectores estratégicos (puertos, energía, transporte) y utilizar las compras del Estado para favorecer la industria nacional y a las PYMES, y no a proveedores del sur. Lo mismo en las importaciones de gasolina, y en el abuso que se quiere hacer contra las agencias de viaje peruanas.

El gobierno tiene una nueva oportunidad para fortalecer la unidad nacional, defendiendo los sectores productivos nacionales, su soberanía y dignidad. Es hora, frente a las reiteradas negativas de Chile de reconocer el problema de límites marítimos, que el Perú lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No poner ahora en el centro del debate la polémica entre la firma de la Convención del Mar o la defensa de las 200 millas, y presentar los expedientes trabajados en esa instancia internacional. También, el gobierno debería enviar para su revisión por el Congreso, el malhadado TLC con Chile. El Ejecutivo firmó apresuradamente, sin medir no sólo las consecuencias de subordinación que este implica, sino el fracaso en su intento de una respuesta chilena amable frente a los problemas pendientes.

El canciller y el presidente deben estar seguros que contaran con el apoyo incondicional de todos los sectores nacionales, si se decide a proceder en consecuencia. No hacerlo, no sólo dividirá al país, sino que pondrá en tela de juicio su interés y/o capacidad en la defensa de los sagrados intereses de la Patria.