Colombia es un mar de sangre. Los asesinados se cuentan hasta ahora por miles de miles en todo su territorio. Las masacres no dan respiro a las organizaciones sociales, a quienes habitaban a su alrededor y también a la izquierda. Bajo la protección del fusil y la motosierra, el silencio se impone por doquier. Las autoridades locales, regionales y nacionales nada ven y nada hacen. Sus Fuerzas Armadas se hacen las ciegas, sordas y mudas. En su entorno todo arde. ¿Quiénes y cómo ejecutan este plan de exterminio y control? [1]

En momentos en que el discurso oficial intenta confundir el paramilitarismo y el sicariato con el delito político, es necesario preguntar desde una mirada retrospectiva: ¿Por qué, cómo fue posible que esto sucediera? ¿Cómo se puso en marcha la estrategia que dio cuerpo al monstruo del terror en Colombia?

Estrategia contrainsurgente

Las guerras de liberación de Corea y Vietnam fueron una pérdida de los imperialistas, pero de sus derrotas extrajeron múltiples reflexiones. Una de ellas fue la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Los franceses instruyeron bajo estos preceptos a los gobiernos del Cono Sur. Tanto en Argentina, como en Uruguay, Brasil y Chile, miles de militares fueron capacitados en técnicas de tortura, desapariciones, asesinatos a sangre fría y mecanismos de control social. De igual manera procedieron los Estados Unidos.

Militares estadounidenses como Yarbourough fueron desplegados por todo el continente para capacitar a sus gobiernos aliados en las nuevas técnicas de control y contrainsurgencia. En Colombia actuó el general:

– La población debe ser vinculada a la guerra como apoyo de las fuerzas militares (constituirse en actor paramilitar); – La población debe ser el blanco principal de la guerra anticomunista (guerra contra los movimientos sociales); – El campo de batalla ya no tiene límites. – Hay que reeducar a la población. – “Para disminuir el requerimiento de las unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de población civil, de unidades semimilitares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga”.

Y vendrían más precisiones desde los Estados Unidos. En 1963, en el Manual “La guerra moderna”, le indicaban al Ejército en Colombia “realizar operaciones militares permanentes para extirpar el elemento subversivo”. Pero, además, “el control de la población permitirá obligar a participar a una parte importante de los habitantes en su propia defensa. Estas tropas podrán estar disponibles para reforzar el elemento reserva del Comandante del sector”.

En el Manual redactado en 1969, “Reglamento de combate de contraguerrillas EJC J-10”, ordenaban, “organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”.

En el Manual publicado en 1979, “Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas”, su paranoia se consolidaba, al ver a la población civil en el centro de una bipolaridad: “Auxiliadores de los bandoleros o leales a las tropas propias”. Al mismo tiempo insistían en que “las autoridades civiles son fuentes de información”. Pero que, además, “los soldados se deben hacer pasar por trabajadores, para poder acceder a las viviendas de los campesinos”. Pero no se limitaban en sus propósitos paramilitares, por lo cual orientaban hacia la “organización de grupos de autodefensa a nivel de caserío y veredas, con el fin de que los habitantes del área contribuyan de forma activa a la lucha”.

En su Manual de 1987, “Reglamento de combate de contraguerrillas EJC-3-10”, ordenaban el control militar de áreas, animando además a “emplear patrullas militares uniformadas transitoriamente como guerrilleros, para descubrir simpatizantes, auxiliadores y presionar un choque con el enemigo”, de lo cual se puede deducir su afán por involucrar a la población civil como actor central en la lucha armada, hasta asumir su rol de fuerza paramilitar. Al respecto, precisan: “En la guerra contrainsurgente hay que emplear acciones de tipo político, económico, psicológico, militar y paramilitar”. Y no tenían dudas en su estrategia: “Los principales apoyos de combate en contraguerrillas son las juntas de autodefensa”.

Un diseño contrainsurgente, continuo y unívoco que resume el sentido de la DSN que tanto dolor produjo en Indochina y en el África, y que aún continúa generando en nuestro país. Su resumen: la población civil es el “brazo desarmado de la subversión”, lo que se enfatiza al afirmar que, “como es conocido, la subversión cuenta con una parte armada y una parte política que reúne a toda la izquierda”.

Tanto va el cántaro al agua…

Estas concepciones políticas y militares se harían realidad, de manera abierta y brutal desde finales de la década de 1970, cuando las estadísticas de torturados y desaparecidos se incrementan a ritmo acelerado, pero también cuando las cárceles se llenan de guerrilleros y activistas sociales.

Para la inteligencia militar, siguiendo los parámetros en que fueron educados, todos son lo mismo: son la izquierda, y hay que “exterminarla”.

Tomando el ejemplo de Argentina, desde 1977 el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano (Binci) oculta sus operaciones bajo el nombre de la Triple A [2]. La colocación de bombas en la prensa de oposición (Alternativa, Voz Proletaria y El Bogotano), la desaparición de reclusos recién salidos de la cárcel, el asesinato de líderes sociales y de la izquierda, son su sello característico. El testimonio del suboficial de inteligencia militar Bernardo Alfonso Garzón, acosado por sus “viejos amigos”, corre el velo de todos estos acontecimientos. Al mismo tiempo, la lucha de las organizaciones defensoras de los derechos humanos desnuda estas operaciones y pone al gobierno de entonces (Julio César Turbay Ayala) en el banquillo de los acusados.

Pero los ‘amantes’ de la DSN, enquistados en el Alto Estado, y las propias Fuerzas Armadas no se detienen ante las denuncias. Los sucesos que transformarán la economía y la sociedad colombiana, acaecidos durante la década de 1980 y extendidos hasta el presente, les brindarán la oportunidad para concretar sus planes. Ya para 1981, dos hermanos de la familia Castaño, Fidel y Carlos, oriundos de Amalfi (Antioquia), hacen de guías del ejército, y en diferentes municipios se da paso a “concretar la alianza entre fuerzas armadas y civiles, en una sola lucha contrainsurgente”.

En 1981-1983, la Brigada 14, con el batallón Bárbula, da cuerpo a esta alianza en Puerto Boyacá, Cimitarra y Puerto Berrío. Lo mismo hacía la Brigada 2 con sede en Barranquilla, en el Sur de Bolívar. Los excesos de la guerrilla les brindan la oportunidad perfecta para entablar además la alianza entre los narcotraficantes y el Ejército. El nacimiento del MAS (Muerte a Secuestradores) es la ocasión ideal. Múltiples asesinatos comienzan a ser firmados por esta organización, a pesar de que Pablo Escobar, uno de sus fundadores, afirmara años después que ellos, una vez resuelto el secuestro de Marta Ochoa, disolvieron esa organización.

La acción articulada y legitimada desde el alto gobierno, ahora con suficiente financiación por la vinculación de los narcotraficantes, y el amparo institucional (facilitado por la alcaldía militar del mayor Óscar Echandía Sánchez, en Puerto Boyacá) empieza a dar resultados más notorios y promisorios que los alcanzados hasta entonces: se crean las autodefensas, “red de grupos de civiles armados y coordinados y entrenados por el ejército”, que a través de Acdegam (Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena) canalizó “legalmente” los proyectos militares, financieros, educativos, sanitarios, de infraestructura y vías, mediante los cuales las autodefensas buscaban ganar y controlar a toda la población. La Brigada 14 proporcionaba las armas, y a través de Morena (Movimiento de Renovación Nacional) trataban de concretar la expresión política.

Los múltiples asesinatos y masacres que se presentan en esta área no dejan dudas sobre las intenciones de las ‘autodefensas’. Para profundizar su capacidad de combate llegan instructores militares procedentes de Israel y el Reino Unido. La televisión mostraría los entrenamientos de sicarios que disparan desde vehículos en marcha. Sicariato profesionalizado.

El escándalo no da respiro. Pero los mercenarios no dejan dudas sobre su ‘trabajo’: En el año 2000, uno de ellos precisaría: “Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que los Estados Unidos no pueden hacer, porque le es prohibido […], lo hace […] por medio de otros. Obré con licencia y permiso en Colombia” (Yair Klein, mercenario israelí que se hizo famoso en Colombia con este escándalo). Dos años después, precisaría: “El ejército y la policía estaban informados de lo que estábamos realizando y el lugar estaba rodeado de bases militares. Durante los fines de semana, los alumnos jugaban fútbol con los soldados”.

Cientos de atentados serían realizados por los sicarios que formaban estos mercenarios, entre ellos la voladura misma del avión de Avianca HK-1803 en 1989. Pero, además, miles de activistas sociales perecieron bajo sus balas, otros tantos tuvieron que salir hacia Europa o Sur América, y no pocos habitantes de los municipios de Antioquia y la Costa Atlántica ‘aceptaron’ las ofertas de compra de sus tierras.

El mar de muerte se impuso. La caída en desgracia de uno de los líderes de estos grupos paramilitares, Ariel Otero, cuyo nombre real era Luis Antonio Meneses Báez, inscrito en la nómina del Ejército hasta poco antes de su asesinato, le permitirá al país conocer lo que sucede en esta región. Este mismo personaje precisaría tiempo después: “Las autodefensas campesinas son una política del gobierno para la lucha antisubversiva”.

Para entonces, ya era notoria la existencia de múltiples organizaciones paramilitares por todo el país, pero faltaba articularlas. Tras este propósito se centró parte de la actividad del Binci, Batallón de Inteligencia Militar, quien organizó durante 1986, 1987 y 1989 múltiples encuentros de los frentes paramilitares. Lograron agrupar a ocho regionales y conformar una ‘junta nacional’. Desde esta instancia se tenía un contacto con el Estado Mayor del Ejército coordinando las operaciones militares. Pero también se hacía lo propio desde cada región con su par, los batallones. Los patrullajes mixtos, el despeje de áreas para que los paramilitares concretaran con todo éxito sus operaciones, pero también facilitar información para asesinar opositores políticos, son aspectos de una estrategia que les quitaba al Ejército y al Estado la carga de las denuncias por violación de los derechos humanos, limpiándolos de la violencia y los crímenes de lesa humanidad que cubrían todo el país.

Nuevas denuncias y reconocimientos por parte de sus actores aclaran que aquello que estaba en marcha era una operación de Estado. Al ser llamado a calificar servicios por el escándalo de los mercenarios internacionales, el coronel (r) Luis Arcenio Bohórquez M., comandante del Batallón Bárbula de Puerto Boyacá, en carta dirigida al Ministro de Defensa se refiere a viejas directrices de la más alta oficialidad militar hacia la creación de autodefensas, directrices que se prolongan hasta sus últimos superiores jerárquicos. El oficial no entendía la sanción de que era objeto, pues se limitó a seguir las orientaciones de sus superiores. El Ejército aprendería de estas denuncias, y desde entonces no se vuelve a mencionar el tema en ningún Manual, pero además establece comunicaciones indirectas con cada estructura paramilitar.

Corren los primeros años de la década de 1990. Para este momento, la nueva Constitución está en marcha. Sin embargo, los métodos y estrategias derivados de la DSN no dan tregua. Asesinados varios de los dirigentes del proyecto paramilitar por purgas internas, por discrepancias con la DEA y la CIA, o en su lucha contra las farc, llegan al ‘estrellato’ del proyecto paramilitar nuevas dirigencias. Fidel Castaño sería el más notable en los finales de la década de los 80 y principios de los 90. Le sucedería su hermano Carlos, quien tendría el mando y la vocería pública durante 10 años (1995-2004), hasta ser supuestamente asesinado por sus propios aliados.

Su prontuario arranca en 1981 en las propias filas del ejército nacional, cuando le acompañan como guías para ganar espacio al crear las autodefensas de Córdoba y Urabá, con el apoyo de los dirigentes de Puerto Boyacá. En 1983 es llevado a recibir instrucción a Israel, donde “conoció militares del batallón Colombia con los cuales se reunía los días de descanso, entre ellos el entonces mayor Rito Alejo del Río”. La forma como se incorporan al proyecto y sus vivencias le harán decir a Carlos Castaño en 1996: “Fuimos entrenados como paramilitares por el ejército”. Y unos años después: “Combato por el Estado y en su defensa”.

Dentro de esa lógica opera bajo el asesoramiento de la Dea y la Cia, y el financiamiento del cartel de Cali, para enfrentar a Pablo Escobar, para lo cual conforma Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), alianza que luego se extendería a la Policía para capturar y asesinar a José Santacruz. La seguridad en la procedencia de las órdenes para lo que estaba haciendo también lo hace decir: “Para que el ejército nos combata, tendría que venir el mismo Ministro de Defensa de camuflado a hacer cumplir la orden”.

Las innumerables masacres que ordena, coordina y realiza en múltiples regiones de Colombia, sin ser perseguido por las fuerzas del orden, no dejan dudas de que era un peón del inmenso ajedrez del poder dispuesto por Estados Unidos y los oligarcas criollos sobre el país. Pasados 30 años desde las primeras directrices del Manual “Operaciones contra fuerzas irregulares”, se estaban realizando a plenitud las enseñanzas derivadas de las guerras imperialistas en Asia.

El proyecto va en alza. Bajo el mando de Carlos Castaño, los paramilitares profundizan su extensión y poder. Los dividendos provenientes de las mayores rutas del narcotráfico, ahora bajo su control, son ingentes. Además de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, están el Bloque Norte, el Calima, el Minero, el Bananero, el Pacífico y muchos otros más. El viejo diseño trazado pro el Binci, se concreta: se crean Las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En total son, para el año 2000, 49 bloques que hacen presencia en 26 departamentos sin correr el riesgo de que el Estado disponga sobre ellos un Plan Colombia o un Plan Patriota. Su control en 382 municipios usurpa las rentas y los giros de la Nación. El terror se impone. Nada se mueve sin su permiso. Aquí hay que destacar que ya hacen intensa presencia y control en las ciudades, entre ellas Medellín, donde logran articular bandas delincuenciales en varios barrios, controlando por su conducto territorios específicos y expandiendo una bruma de terror por toda la urbe.

Con ese auge, los asesinatos se multiplican. La de 1990 es una década de pleno terror: 300 mil muertos bajo las balas de la violencia. Es una multiplicación acelerada y sin grandes riesgos. Entran en cada municipio con el aval y el favor de todos los poderes reales. De esa manera saben quiénes son los contradictores de los poderes tradicionales, quiénes los activistas, quiénes los que no callan o ‘comen’ entero. El 13 por ciento de estos asesinatos, alrededor de 39 mil, se ejecutaron en el área metropolitana de Medellín (que cuenta con cuatro millones de habitantes), y entre el 35 y el 50 por ciento de éstos tiene su origen en el paramilitarismo o sus redes de apoyo (bandas). En el resto del país, este porcentaje fluctúa entre el 15 y el 25 por ciento. Los millones de desplazados, refugiados y exiliados son parte de los sobrevivientes de esta práctica terrorífica.

Pese al genocidio, en 2002 el Estado les abre espacio para legitimarlos y perdonar sus atrocidades. Se modifica la Ley 418 de 1997, que sólo permite negociaciones con actores políticos, a quienes se les incorpora con tal status. Asisten al Congreso y exigen que el país los reconozca como “salvadores de la patria”.

Desde entonces, en medio de la entrega de armas de algunos de estos frentes y la desmovilización de sus combatientes, el gobierno del presidente Uribe ha hecho todo lo posible por que se les trate como delincuentes políticos. No importa, inclusive, que 10 ó más de los supuestos dirigentes del paramilitarismo figuren desde hace años como nítidos narcotraficantes. Una total distorsión de la ley, que reserva esa categoría para los luchadores que enfrentan el establecimiento [3]

Pese a ello y con el prurito de que la violencia es una sola, el país se confunde e ingresa en un laberinto de manipulaciones y control de la opinión pública que puede dejar la horrible noche que padece desde los años 80, en la más absoluta impunidad. El terrorismo de Estado ha sido inocultable. Los crímenes de lesa humanidad se han sucedido por doquier. Nombres como Trujillo, Mapiripán, Segovia, El Salado. Pueblo Bello, La Rochela, El Naya, Caño Sibao, Pueblo Nuevo, El Piñón, Curumaní, Tibú, El Aro, Tierralta, Río Frío, no se borrarán de la memoria nacional. Por estas y otros miles de atrocidades, tal vez algunos actores materiales paguen unos años de cárcel, pero sus verdaderos responsables e inspiradores, los autores intelectuales, cómodos en sus oficinas de las grandes ciudades, permanecerán en la sombra.


Desplazamiento, la crisis se agudiza

Según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), «La situación de los refugiados en el mundo 2006», Colombia, después de Sudán en África, es el país con mayor número de desplazados internos en todo el mundo. El organismo calcula entre entre 2 y 3 millones los desplazados; el 74 por ciento son mujeres y niños.

Atacada ciudad de las mujeres Acnur 23/01/07

Un incendio la noche del sábado 20 de enero destruyó las instalaciones de uno de los principales socios del Acnur en Colombia. La Liga de Mujeres Desplazadas, mundialmente reconocida y con base en Cartagena. La organización, que ha recibido amenazas frecuentes por su trabajo en beneficio de millones de mujeres y niños desplazados por la violencia en la región de la costa Atlántica de Colombia, dice que el fuego fue resultado de un ataque premeditado.

El fuego destruyó un centro comunitario en la “Ciudad de las Mujeres” de la Liga, localizado en un vecindario pobre de Turbaco, a las afueras de Cartagena, que estaba previsto que comenzara a funcionar en el mes de febrero, como escuela para unos 140 niños en el área.

[1] 1 Artículo elaborado con base en el libro Colombia, deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado 1988-2003. Cinep, 2004.

[2] Entre algunos de sus comandantes se cuentan el entonces coronel Harold Bedoya, el teniente coronel Jaime Ruíz Barrera, el capitán Iván Ramírez Quintero y el teniente Mario Uribe Montoya.

[3] En su diálogo Leyes, Platón definió el delito político de sedición como aquel en que incurre una facción en armas contra el régimen establecido.