La muerte por hambre es el nítido reflejo de la desigualdad que padece Colombia, un país de profundos contrastes, donde 25 millones viven en pobreza y un sector minoritario se ufana de contar con ciudades donde hay decenas de centros comerciales en los que “puede comprar como en Estados Unidos o cualquier país de Europa” Riqueza en pocas manos y pobreza multiplicada que ubica al país en el puesto 11 entre los más desiguales del mundo. Es esa realidad, esa pobreza y la ausencia de políticas estatales que tengan en su foco a los negados –y no el simple descuido de los padres–, la que impide a miles de niños acceder a las proteínas y micronutrientes que requieren para crecer en óptimas condiciones.

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Hambre multiplicada

La situación que padecen millones de colombianos es de horror: El hambre, claramente asociada a la pobreza, se multiplica sin parar. Entre 1980 y 2006, período en el cual se impuso el neoliberalismo en el país, los subnutridos se multiplicaron hasta alcanzar la escandalosa cifra de seis millones trescientos mil colombianos. Pero la crisis se profundiza: 110 mil colombianos ingresan, año tras año, a las estadísticas de hambrientos crónicos.

Los niños son los que llevan la peor parte por la implementación de un modelo económico que no repara en sus consecuencias ni crueldades. Modelo que concentra la tierra en pocas manos, extiende latifundios ociosos o dedicados al ganado, desmotiva la producción de cereales (producto alimentario por excelencia), presiona con múltiples manifestaciones violentas el desplazamiento de los campesinos, dejando la tierra sin quien la trabaje, o en el mejor de los casos los obliga a concentrarse en monocultivos para la exportación.

Las consecuencias de este modelo no se dejan esperar: 990 mil de los menores de 5 años que habitan en el país, presentan algún grado de retrazo físico, si se les constata con los promedios esperados. Dos tercios de ellos tienen retrazo respecto a la estatura, lo cual es un indicativo de la cronicidad de su desnutrición.

Nueve de cada 100 niños nacen con peso inferior al que le correspondería, si sus madres contarán con alimentación óptima. Es decir, sus madres sufren hambre o nutrición insuficiente.

Dieciocho de cada mil nacidos mueren al momento del parto. De los menores de cinco años, 21 por mil también mueren al año.

Como si fuera poco el hambre oculta, reflejada en la ausencia de micronutrientes, como el yodo, genera retrasos mentales severos en muchos de estos infantes.

Pero en sectores de la población con mayor edad, también se manifiestan complicaciones por falta de una alimentación adecuada. Por ejemplo, en Bogotá, sus habitantes consumen solamente el 45 por ciento de las necesidades calóricas que requieren cada día. Es decir, muchos niños asisten a la escuela con la mitad de la energía que requieren para su funcionamiento normal, lo que de igual manera le sucede a los adultos, en su trabajo cotidiano.

Desplazamiento y hambre

Pero esta realidad se agrava en el caso de las familias desplazadas. El padre y la madre de la niña muerta en Bogotá lo eran. Indígenas expulsados de su terruño y costumbres, sobreviviendo lejos del Putumayo, sin posibilidades de trabajo ni de una cotidianidad digna.

Pero no es sólo su caso. El 93 por ciento de los hogares de familias desplazadas está por debajo de la línea de indigencia, y se alimenta con una dieta escasa, que no le garantiza las proteínas y micronutrientes esenciales para reproducir sus energías. El 14 por ciento de los niños desplazados, menores de cinco años, evidencian serios retrasos en su peso.

En medio de esa negación, las madres padecen con rigor las consecuencias del modelo: el 70 por ciento de las mujeres desplazadas, gestantes, padece anemia. Pero además, el 23 por ciento de estas mujeres tiene un bajo peso (para su edad y condición biológica), y por lo tanto gestan infantes con altísimo riesgo de complicaciones perinatales.

Ante esta realidad, tan catastrófica como varios terremotos u otros fenómenos naturales de gran contundencia, como los que motivan en cualquier país la declaración de emergencia social, es evidente que se necesita declarar para toda Colombia una emergencia del primer nivel, por medio de la cual se muevan todos los recursos y energías para que nunca más muera otra criatura por física hambre, y para que ninguno de los habitantes del país sufra alguna de las características de la ausencia de una alimentación adecuada.

Sin duda alguna, no puede llevar el título de democrático un país donde aún mueren sus hijos por pobreza y desigualdad social.

* Los datos utilizados para esta nota fueron tomados de: “El hambre al servicio del neoliberalismo”, pp. 181 – 197, ediciones desde abajo, julio 2006