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El proyecto de ley tiene acuerdo para su tratamiento desde hace más de dos años

El parlamento español todavía no aprobó el estatuto del periodista

Los periodistas españoles todavía no pudieron concretar la aspiración de que el Parlamento español promulgue la legislación que ponga en vigencia el Estatuto del Periodista, cuyo proyecto de ley se encuentra desde hace más de dos años con acuerdo para su tratamiento, sin que esto se concrete.

| Madrid (España)
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Pese a que la aprobación del Estatuto es un compromiso electoral asumido por el presidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fuentes parlamentarias confiaron al portal El Confidencial Digital que el mismo no saldrá.

El argumento esgrimido por el Grupo Socialista es que a la vista que “no hay consenso entre los profesionales del periodismo, y de las voces contrarias al texto que han ido recibiendo”, optaron por “olvidarse de la iniciativa”, que en la práctica se encuentra bloqueado.

El Estatuto del Periodista Profesional fue aprobado en 2000 en Valladolid por el Foro de Organizaciones de Periodistas donde participaron, entre otros, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), representante de las empresas periodísticas, y ahora “principal detractora de los planteamientos del Estatuto y en indudable catalizadora de los intereses empresariales que presionan en contra de su promulgación”, según explica el catedrático José María García de Madariaga en un artículo titulado “Una causa a punto de perderse”, publicado por el portal Rebelión.org.

García de Madariaga, quien es profesor de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Aire Comunicación, sostiene que “en la punta del ariete encontramos la defensa de la libertad de expresión, en la que una vez más vuelve a confundirse la libertad de prensa con la de empresa. Sin embargo, tal rechazo sólo puede explicarse con la lógica del poder, pues el Estatuto no es más que un dispositivo legal para la defensa laboral y profesional de los periodistas frente a las empresas para las que trabajan, un instrumento jurídico básico para defender, precisamente, la libertad de expresión, que está presente desde hace años en muchos países europeos y americanos”.

En la Argentina, el Estatuto del Periodista Profesional tiene más de 60 años, ya que se promulgó a través de la Ley 12.908, el 18 de diciembre de 1946, fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de febrero de 1947, y en la actualidad se mantiene con plena vigencia.

El surgimiento del neoliberalismo en la década del ‘90, que en la Argentina se encarnó en la presidencia de Carlos Menem, inició una etapa de una fuerte ofensiva, tanto desde el gobierno como de las patronales, para derogar el Estatuto, pero cada uno de los intentos fueron rechazados por la decisiva defensa que hizo la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) junto al conjunto de los trabajadores de prensa argentinos.

En el caso de los periodistas españoles, y según el análisis de García de Madariaga, “patrones y asalariados pugnan por la fórmula que más les conviene a unos y otros en la gestión de los recursos humanos de la industria informativa; esto es, autorregulación frente a reconocimiento y defensa regulada de los derechos profesionales de los trabajadores”.

El docente también hace una crítica a la falta de compromiso de algunos periodistas que “en condiciones de trabajo tremendamente precarias y sobrecargadas, prefieren en demasiadas ocasiones consentir su explotación con el silencio, o que simplemente, ni siquiera saben del Estatuto o incluso del sindicato”.

“Sabido es que el profesionalismo genera individualismo y que los periodistas suelen olvidar que su trabajo es más proletario que intelectual. Su confundida conciencia de clase les lleva en la mayoría de los casos a reforzar con silencio, miedo y conformismo los intereses más explotadores del capitalismo. Su precariedad consentida sostiene los discursos manipuladores y vacíos que impiden una toma de conciencia justa, serena y responsable de los verdaderos problemas de nuestra sociedad, incluido, por supuesto, el problema de la desinformación, valga la tautología. Romper el bucle es responsabilidad de todos los ciudadanos, los titulares del derecho fundamental a la información veraz y plural que recoge el artículo 20 de nuestra Constitución”, remarca García de Madariaga.

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