Dos años debieron pasar para que el padre de Mariana Osorio*, una cartagenera de 36 años vinculada al Seguro Social, pudiera ser operado dela próstata. Del mismo modo, la experiencia de Diana Córdoba*, chocoana de 38 años, con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), no resultó favorable. Nunca logró ser atendida de manera efectiva por un problema en sus oídos y un tumor en su seno; su única salida para obtener un servicio médico aceptable consistió en cambiarse, luego de 5 años, a una EPS privada donde pudieron tratarla.

Como ellas dos, muchos de los 3’007.059[1] afiliados a la EPS del Seguro Social han tenido problemas para recibir un servicio médico eficiente, como debe ocurrir según señala, entre otros, el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia.

Ahora, con la decisión del Gobierno y de la Superintendencia de Salud de liquidar la entidad pública, creada en diciembre de 1946, la situación de los afiliados puede volverse aún más inestable debido al riesgo de poner el sistema de salud en manos mayoritariamente privadas. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Está el Estado en condiciones de asumir su responsabilidad de garantizar a todos los colombianos los servicios esenciales de salud bajo este nuevo esquema?

El debate sobre el cierre del Instituto de Seguros Sociales y sobre la creación de una nueva EPS, en su mayoría privada, ha puesto en evidencia la necesidad de que el Estado colombiano se comprometa en esta nueva etapa a buscar métodos eficaces para garantizar el derecho a la salud. Así mismo, para que vele por el cumplimiento de los elementos esenciales de ese derecho, tales como la calidad, la disponibilidad de un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios de salud y la accesibilidad sin discriminación y con aceptabilidad a los centros asistenciales[2].

Además de las fallas el ISS, del derecho a la salud se derivan otros de similar importancia. Éstos a su vez, han presentado inconvenientes en su aplicación y no han estado siempre garantizados. No debe entenderse sólo como el derecho a “estar sano”, sino como uno que comprende tanto la atención oportuna como los principales factores que determinan la salud. Entre ellos cabe destacar el suministro de agua potable, de vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente y también información completa y veraz sobre temas de salud[3].

Es claro que los problemas estructurales del ISS han sido las causas principales para su liquidación. Para comenzar, el déficit de 542.347 millones de pesos[4] y la deuda de 729 mil millones de pesos que tienen otras entidades estatales (gobernaciones, municipios, entre otros[5]) con el Instituto, históricamente lo han puesto a tambalear económicamente. Además de su inestabilidad –reflejada en que durante 60 años ha tenido 29 presidentes-, la crisis que debió afrontar con la Ley 100 de 1993, sumada a los presuntos casos de corrupción como el del ex presidente de la entidad Guillermo Fino, originaron reiterados intentos de reestructuración y de privatización por parte del Gobierno.

Los anteriores problemas, a su vez, han sido un impedimento constante para que el ISS preste los servicios médicos con eficacia y constancia. Por ello, con el cierre de la entidad, no se han hecho esperar las dudas sobre lo que ocurrirá con las garantías de los colombianos para acceder al derecho a la salud.

En primer lugar, éstas se centran en la decisión de crear una nueva EPS conformada en su mayoría por seis Cajas de Compensación (Colsubsidio, Cafam, Comfandi, Comfenalco Valle y Antioquia y Compensar), que son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro. Con esta decisión se teme que las entidades privadas puedan encarecer el servicio de salud a su antojo, en su afán por compensar los costos extras generados por la llegada de pacientes del ISS, especialmente si los recursos del Fosyga no fluyen rápidamente para que las Instituciones Prestadoras de Salud -públicas o privadas- cuenten con los recursos apropiados para atender a sus pacientes.

Así mismo, la concentración de la salud en manos privadas podría, por un lado, perjudicar el servicio que actualmente prestan las EPS privadas y, por el otro, dificultar la movilización del gasto social hacia los grupos de bajos ingresos. Esa preocupación la ratificó en un comunicado de prensa la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, al resaltar que “Colombia no se puede convertir en un paraíso privado para el manejo del ‘negocio’ de la salud”.

El hecho de que la mayoría de la nueva EPS vaya a estar en manos privadas, también tendrá un impacto sobre el sistema en su conjunto, principalmente porque se cerrará una entidad que tiene alrededor de 3 millones de afiliados en salud. Esto, a su vez, causará una disminución en la capacidad real del Estado para regular el sistema. “Privatizar las entidades –afirma la investigadora del Cinep Natalia Paredes- está en contra de la plena vigencia del Estado Social de Derecho porque se le quita responsabilidad al Estado en su función de garantía de derechos sociales.” Y añade que “La salud es un derecho y una necesidad básica que no debe depender solamente de agentes privados, sino del control del Estado”.

En contraposición, Néstor Fernández de Soto, Subdirector de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, considera que la nueva EPS mixta puede resultar beneficiosa para el país. “Tal y como hoy está funcionando el ISS es que se está poniendo en riesgo la salud de los colombianos. (…) Existe libre competencia entre las empresas de salud, libre escogencia por parte de los afiliados y al estar constituida la nueva EPS mixta con la mayoría de capital perteneciente a empresas privadas, como lo son las cajas de compensación, ésta estará alejada de presiones políticas y laborales que han entorpecido a través de los años la existencia del Seguro Social”.

Lo anterior se relaciona con la incertidumbre que ha surgido por la situación de las 44 mil personas que sufren de las llamadas enfermedades catastróficas (cáncer, sida e insuficiencia renal). Sus tratamientos, que en algunos casos no pueden detenerse, son costosos por definición. Aunque el ISS explicó que “los pacientes que tienen patologías de alto costo tienen asegurada la continuidad de su tratamiento y el suministro de medicamentos”, la senadora liberal Cecilia López, ex directora del Instituto de Seguros Sociales, afirmó, en entrevista con BBC Mundo, que “a esos enfermos no los van a recibir en otras EPS [porque son cerradas si dan pérdidas por dos años consecutivos]. El Estado está poniendo en vulnerabilidad a los más débiles[6]”.

Cabe indicar que, por ley, las EPS están obligadas a recibir todo tipo de pacientes, de acuerdo con las normas vigentes sobre libre escogencia. Sobre esta situación, Fernández de Soto, de Colsubsidio, explicó a Actualidad Colombiana que “se están haciendo los estudios de “prefactibilidad” correspondientes para conocer el número real de afiliados del ISS, su distribución por edades y los pacientes que tienen enfermedades catastróficas. Esto se hace con el fin de valorar la dimensión de la situación y precisar la forma como se deberán atender esos pacientes y los recursos que se requerirán. La voluntad es que estas personas continúen debidamente atendidas”.

Con el cierre del ISS, el país se encuentra, sin duda, en un momento crítico para definir el manejo que se le dará de ahora en adelante al sistema de salud. El desafío del Estado es grande. Del manejo que se le dé al tema dependen la transparencia en la creación de la nueva EPS y, especialmente, las garantías para que los colombianos, entre ellos Mariana Osorio y Diana Córdoba, no sigan padeciendo la ineficiencia del sistema y puedan contar definitivamente con el derecho social fundamental a la salud.

*Nombres cambiados por solicitud de los entrevistados.

[1] Documento Conpes No. 3456. Tomado del diario Portafolio, 28 de enero de 2007. [2] Comité de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general número 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 11. Tomado de Manual de calificación de conductas violatorias. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Volumen II. OACNUDH y Defensoría del Pueblo. Páginas 324-325 [3] Comité de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general número 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 8. Tomado de Manual de calificación de conductas violatorias. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Volumen II. OACNUDH y Defensoría del Pueblo. [4] Tomado de la carta conjunta de las sociedades científicas al presidente Uribe sobre la situación del ISS. http://www.fecolsog.org/ShowContent... [5] Ibíd. Se puede ver la tabla detallada de las entidades que le adeudan al ISS [6] Bbcmundo.com Ibíd.